La inseguridad pone en boca de muchos el asunto de la impunidad, acotándola en cierta forma a hechos del crimen común o relacionados al narcotráfico o del crimen organizado. Pero nuestro país sigue siendo sangrado por los criminales de cuello blanco, sin que pase nada, es decir nos asaltan impunemente. Van tres notas sobre jugosos negocios privados que laceran nuestra situación económica.
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(artículo recortado; nota completa en el enalce arriba)
... Agustín Carstens envío a la Cámara de Diputados una serie de proyecciones económico-financieros que no tienen la menor lógica y, con todo y la tormenta, se niega a rectificar y aceptar que es urgente un replanteamiento de todo el programa económico para el próximo año. ... resulta absurdo que se proyecte un crecimiento económico del país mayor para el próximo año, cuando al mismo tiempo se acepta que Estados Unidos crecerá por debajo del nivel que observará este 2008 ... Señala también que para el próximo año habrá menos inflación, pero sostiene que los incrementos al precio de la gasolina, gas y electricidad continuarán.
... no propone acabar con los paraísos fiscales en los que tributan las grandes empresas, aun cuando el propio subsecretarario de Ingresos ha aceptado que la recaudación de impuestos derivada del famoso IETU no evoluciona como se esperaba, ya que existen más de 30 mil amparos interpuestos contra el pago de esta contribución. Tampoco propone reducir el tremendo gasto burocrático gubernamental, a pesar de que para el próximo año el pago de “servicios personales” será de 790 mil millones de pesos, cifra similar a las aportaciones de Pemex al fisco federal. ... no se proponen medidas para combatir el lavado de dinero, que es la forma en que los criminales se aseguran de que “el crimen pague”. ... La realidad que no quieren ver, es que lo que sucede en Estados Unidos amenaza seriamente la estabilidad económica y financiera mundial y promete acelerar la recesión internacional. Por ello, el gobierno estadunidense está haciendo toda clase de esfuerzos por rescatar a sus principales bancos de inversión y corredurías financieras...
A este respecto cabe subrayar que si bien muchos medios de desinformación han señalado que la crisis equivale al “Fobaproa estadunidense”, los hechos demuestran que no: aunque el problema es la quiebra de algunas instituciones financieras, su rescate no está siendo igual al que realizó México en su momento... Es decir: en nuestro país se inyectó dinero a las instituciones bancarias mediante la compra de cartera (que por cierto a la postre se vio que era “chatarra financiera”), mientras que en Estados Unidos los recursos los inyecta la Reserva Federal (Fed) al sistema financiero a cambio de “acciones” de estos grupos. Y es justamente lo que a las autoridades en nuestro país les dio miedo y a la postre elevó el costo de ese rescate para la sociedad... en nuestro país, como resultado del Fobaproa, el gobierno (terminó endeudado) con las instituciones bancarias, mientras en el caso de Estados Unidos el gobierno terminará como socio de las instituciones rescatadas ... en Estados Unidos se privatizaron las pérdidas y se socializarán las utilidades, mientras que en el caso de México fue exactamente al contrario. Por ello podemos decir que hablando de traiciones, nos vienen a la memoria todas estas absurdas declaraciones que ven a un México que no es y otras que promueven la unidad en torno de un sistema que está acabando con la estabilidad política y social del país. Y que hablando de rescates conviene preguntarnos por qué razón el propio Fondo Monetario Internacional recomendó a México un rescate financiero que sólo dejó deudas y permitió la extranjerización de nuestra banca, y en el caso de Estados Unidos lo que se da es casi un proceso de estatización de las empresas rescatadas.
¿No será, entonces, que en nuestro caso el famoso rescate también fue una traición?
_____________________________... Agustín Carstens envío a la Cámara de Diputados una serie de proyecciones económico-financieros que no tienen la menor lógica y, con todo y la tormenta, se niega a rectificar y aceptar que es urgente un replanteamiento de todo el programa económico para el próximo año. ... resulta absurdo que se proyecte un crecimiento económico del país mayor para el próximo año, cuando al mismo tiempo se acepta que Estados Unidos crecerá por debajo del nivel que observará este 2008 ... Señala también que para el próximo año habrá menos inflación, pero sostiene que los incrementos al precio de la gasolina, gas y electricidad continuarán.
... no propone acabar con los paraísos fiscales en los que tributan las grandes empresas, aun cuando el propio subsecretarario de Ingresos ha aceptado que la recaudación de impuestos derivada del famoso IETU no evoluciona como se esperaba, ya que existen más de 30 mil amparos interpuestos contra el pago de esta contribución. Tampoco propone reducir el tremendo gasto burocrático gubernamental, a pesar de que para el próximo año el pago de “servicios personales” será de 790 mil millones de pesos, cifra similar a las aportaciones de Pemex al fisco federal. ... no se proponen medidas para combatir el lavado de dinero, que es la forma en que los criminales se aseguran de que “el crimen pague”. ... La realidad que no quieren ver, es que lo que sucede en Estados Unidos amenaza seriamente la estabilidad económica y financiera mundial y promete acelerar la recesión internacional. Por ello, el gobierno estadunidense está haciendo toda clase de esfuerzos por rescatar a sus principales bancos de inversión y corredurías financieras...
A este respecto cabe subrayar que si bien muchos medios de desinformación han señalado que la crisis equivale al “Fobaproa estadunidense”, los hechos demuestran que no: aunque el problema es la quiebra de algunas instituciones financieras, su rescate no está siendo igual al que realizó México en su momento... Es decir: en nuestro país se inyectó dinero a las instituciones bancarias mediante la compra de cartera (que por cierto a la postre se vio que era “chatarra financiera”), mientras que en Estados Unidos los recursos los inyecta la Reserva Federal (Fed) al sistema financiero a cambio de “acciones” de estos grupos. Y es justamente lo que a las autoridades en nuestro país les dio miedo y a la postre elevó el costo de ese rescate para la sociedad... en nuestro país, como resultado del Fobaproa, el gobierno (terminó endeudado) con las instituciones bancarias, mientras en el caso de Estados Unidos el gobierno terminará como socio de las instituciones rescatadas ... en Estados Unidos se privatizaron las pérdidas y se socializarán las utilidades, mientras que en el caso de México fue exactamente al contrario. Por ello podemos decir que hablando de traiciones, nos vienen a la memoria todas estas absurdas declaraciones que ven a un México que no es y otras que promueven la unidad en torno de un sistema que está acabando con la estabilidad política y social del país. Y que hablando de rescates conviene preguntarnos por qué razón el propio Fondo Monetario Internacional recomendó a México un rescate financiero que sólo dejó deudas y permitió la extranjerización de nuestra banca, y en el caso de Estados Unidos lo que se da es casi un proceso de estatización de las empresas rescatadas.
¿No será, entonces, que en nuestro caso el famoso rescate también fue una traición?
El próximo 30 de octubre prescribiría todo posible cargo contra el ex titular de Hacienda
Ayudó a eludir pago de $35 mil millones de impuestos en la venta a Citibank: Juan Guerra
Documentos oficiales rubricados confirman su participación en favor de Roberto Hernández, su ex jefe y amigo de Fox
Francisco Gil Díaz, ex titular de la Secretaría de Hacienda, en la Cámara de Diputados, donde en la glosa del sexto Informe de Vicente Fox insistió en que se mantuvo al margen del proceso de venta de Banamex Francisco Gil Díaz, ex titular de la Secretaría de Hacienda, en la Cámara de Diputados, donde en la glosa del sexto Informe de Vicente Fox insistió en que se mantuvo al margen del proceso de venta de Banamex Foto: José Carlo González
Después de siete años, documentos oficiales confirman la participación directa de Francisco Gil Díaz, cuando era titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en la incorporación de Banamex Accival al trasnacional Citibank, proceso que costó al erario 35 mil millones de pesos (unos 3 mil 500 millones de dólares) debido a que las partes involucradas realizaron la transacción en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para eludir el pago de impuestos.
Durante el sexenio pasado, en varias ocasiones el ex funcionario aseguró que se había “excusado” de participar en el proceso para no ser señalado de incurrir en conflicto de intereses.
Sin embargo, documentos oficiales –con su rúbrica– dan cuenta de la simulación en que habría incurrido, porque si bien se excusó de participar en la operación –dada su cercanía con el entonces propietario de Banamex, Roberto Hernández, de quien había sido subordinado–, meses después autorizó la venta referida en condiciones de notable desventaja para los ingresos públicos.
El diputado Juan Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, informó que el próximo 30 de octubre prescribiría el delito de tráfico de influencias en que –aseguró– habría incurrido el ex titular de la SHCP al participar en el proceso de compraventa del Grupo Financiero Banamex.
La media en el proceso de prescripción alcanza siete años, y de no imponerse una sanción penal al ex funcionario, gozaría de total impunidad tras haber participado en el citado proceso, afirmó el legislador.
Con fecha del 21 de mayo de 2001, la SHCP emitió un comunicado de prensa donde se daba cuenta de que el titular de la dependencia “se excusa ante el presidente Vicente Fox de tomar alguna decisión que competa a la SHCP en torno a la operación Banamex Accival y Citigroup”, realizada ese mismo año. El grupo mexicano pasó a ser propiedad del estadunidense en una transacción por 12 mil 500 millones de dólares, sin pago de impuestos.
Entonces, Gil Díaz aducía no estar obligado a cursar dicha excusa, no obstante conocerse los nexos que le unían a funcionarios y accionistas del Grupo Financiero Banamex y su anterior e inmediata participación como director de la telefónica Avantel, que formaba parte del mismo conglomerado.
Aun así, se dio a conocer la argumentación de la excusa ante Vicente Fox, y fue en los siguientes términos: “Cabe señalar que el licenciado Gil Díaz no tenía la obligación de solicitar esta excusa, ya que no laboró en empresas financieras pertenecientes al Grupo Financiero Banamex Accival, sino en una empresa de telecomunicaciones. Las decisiones que sean competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre este caso serán tomadas exclusivamente por los funcionarios competentes de esta materia”.
Para Gabriel Reyes Orona, ex procurador fiscal de la Federación, “ya publicitado el subterfugio, se articuló la operación causante del mayor quebranto fiscal en la historia del país, al omitirse el pago de contribuciones por más de 3 mil 500 millones de dólares, acudiendo a una nueva simulación, consistente en hacer pasar dicha transacción como si se tratase de una operación espontáneamente surgida en el seno de la Bolsa Mexicana de Valores”.
Con el tiempo se dio a conocer que el trato de compraventa había sido concertado en Nueva York, y todos sus términos y condiciones fueron pactados antes de que los interesados lo sometieran a la consideración de las autoridades de aquel país y, por supuesto, con mucha antelación a que la citada operación fuese planteada a la Secretaría de Hacienda, según se denunció esta semana en San Lázaro.
El expediente que de acuerdo con el diputado Guerra muestra que Gil Díaz sí estuvo involucrado y avaló la venta de Banamex, fue entregado por el propio legislador a Agustín Carstens Carstens, actual titular de Hacienda, durante su comparecencia ante comisiones del órgano legislativo, el miércoles pasado.
Carstens fue subsecretario de Hacienda de diciembre de 2000 a julio de 2003, cuando asumió como subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional. La venta de Banamex ocurrió en 2001. Desde que la operación se hizo pública, e incluso después de su concreción, el PRD denunció la irregularidad del no pago de impuestos y que Gil Díaz había incurrido en conflicto de intereses.
Ahora que se han descubierto los documentos que muestran que avaló al menos una de las partes del proceso, se establece que hubo una participación subrepticia de Francisco Gil Díaz, afirma el diputado Guerra Ochoa, quien refiere que la adquisición de Banamex por parte de Citibank se perfeccionó fuera de la BMV con meses de antelación. Guerra promueve un punto de acuerdo para que se investigue el papel del ex funcionario federal en dicha transacción y que Carstens proceda a iniciar los procesos legales para que, de ser el caso, se establezca el castigo que judicialmente corresponda.
“Los artífices de la estrategia (de venta) acudieron al vicio de realizarla como cruce protegido, esto es, el precio no se formó en el mercado, en el piso de remates, sino que se pactó la transmisión entre sujetos previamente identificados, sin dar lugar a una efectiva operación bursátil. Es evidente que no hubo participantes del mercado con la posibilidad real de adquirir porcentajes o cantidades importantes de títulos; toda la operación implica una simulación que precisó de la participación activa y por omisión de diversos servidores públicos”, dijo Guerra.
Intervención directa y oficial
Aún el 11 de octubre de 2006, durante la glosa del sexto Informe de gobierno de Vicente Fox Quesada, Francisco Gil Díaz insistía en que él se mantuvo al margen de la operación aludida.
Incluso, la documentación del caso, que por ley debería ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, fue excluida del mismo. No se da cuenta en él de los textos legales que sirvan de evidencia y constancia de la participación de los funcionarios que hubieran actuado en sustitución de Gil Díaz, asegura el legislador perredista.
No obstante, ante la omisión de incluirlo en el Diario Oficial de la Federación, el oficio 101-1825 de la Secretaría de Hacienda manifiesta evidencia referente a que Gil Díaz sí dio seguimiento al proceso que finalmente benefició a Roberto Hernández, por cierto –señala Guerra–, también amigo íntimo de Vicente Fox.
En ese documento oficial de Hacienda, del que este diario tiene copia, Gil Díaz, quien firma como titular del ramo, da pie a lo siguiente:
“Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 10 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, se autoriza la fusión del Grupo Financiero Banamex, SA de CV, en calidad de fusionante que subsiste ,con Grupo Financiero Citibank, SA de CV, en calidad de fusionante que se extingue. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 4 y 27 de la Ley de Instituciones de Crédito, autoriza la fusión de Banco Nacional de México, en calidad de fusionante con Citibank en calidad de fusionada.
“Con fundamento en el artículo 4 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, y el 228 bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aprueba que Grupo Financiero Banamex se escinda en dos nuevas sociedades de responsabilidad limitada de capital variable.
“Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 bis de la Ley de Instituciones de Crédito, autoriza la escisión del Banco Nacional de México, en dos nuevas sociedades de responsabilidad limitada de capital variable que detentarán las acciones de Banamex USA Bancorp, quien a su vez detenta las acciones de California Commerce Bank y California Commerce Bank Securities, y de Telepromotora Teleinformática y Telecomunicaciones, quien a su vez detenta las acciones de Avante y Avantel Servicios Locales”.
Ayudó a eludir pago de $35 mil millones de impuestos en la venta a Citibank: Juan Guerra
Documentos oficiales rubricados confirman su participación en favor de Roberto Hernández, su ex jefe y amigo de Fox
Francisco Gil Díaz, ex titular de la Secretaría de Hacienda, en la Cámara de Diputados, donde en la glosa del sexto Informe de Vicente Fox insistió en que se mantuvo al margen del proceso de venta de Banamex Francisco Gil Díaz, ex titular de la Secretaría de Hacienda, en la Cámara de Diputados, donde en la glosa del sexto Informe de Vicente Fox insistió en que se mantuvo al margen del proceso de venta de Banamex Foto: José Carlo González
Después de siete años, documentos oficiales confirman la participación directa de Francisco Gil Díaz, cuando era titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en la incorporación de Banamex Accival al trasnacional Citibank, proceso que costó al erario 35 mil millones de pesos (unos 3 mil 500 millones de dólares) debido a que las partes involucradas realizaron la transacción en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para eludir el pago de impuestos.
Durante el sexenio pasado, en varias ocasiones el ex funcionario aseguró que se había “excusado” de participar en el proceso para no ser señalado de incurrir en conflicto de intereses.
Sin embargo, documentos oficiales –con su rúbrica– dan cuenta de la simulación en que habría incurrido, porque si bien se excusó de participar en la operación –dada su cercanía con el entonces propietario de Banamex, Roberto Hernández, de quien había sido subordinado–, meses después autorizó la venta referida en condiciones de notable desventaja para los ingresos públicos.
El diputado Juan Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, informó que el próximo 30 de octubre prescribiría el delito de tráfico de influencias en que –aseguró– habría incurrido el ex titular de la SHCP al participar en el proceso de compraventa del Grupo Financiero Banamex.
La media en el proceso de prescripción alcanza siete años, y de no imponerse una sanción penal al ex funcionario, gozaría de total impunidad tras haber participado en el citado proceso, afirmó el legislador.
Con fecha del 21 de mayo de 2001, la SHCP emitió un comunicado de prensa donde se daba cuenta de que el titular de la dependencia “se excusa ante el presidente Vicente Fox de tomar alguna decisión que competa a la SHCP en torno a la operación Banamex Accival y Citigroup”, realizada ese mismo año. El grupo mexicano pasó a ser propiedad del estadunidense en una transacción por 12 mil 500 millones de dólares, sin pago de impuestos.
Entonces, Gil Díaz aducía no estar obligado a cursar dicha excusa, no obstante conocerse los nexos que le unían a funcionarios y accionistas del Grupo Financiero Banamex y su anterior e inmediata participación como director de la telefónica Avantel, que formaba parte del mismo conglomerado.
Aun así, se dio a conocer la argumentación de la excusa ante Vicente Fox, y fue en los siguientes términos: “Cabe señalar que el licenciado Gil Díaz no tenía la obligación de solicitar esta excusa, ya que no laboró en empresas financieras pertenecientes al Grupo Financiero Banamex Accival, sino en una empresa de telecomunicaciones. Las decisiones que sean competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre este caso serán tomadas exclusivamente por los funcionarios competentes de esta materia”.
Para Gabriel Reyes Orona, ex procurador fiscal de la Federación, “ya publicitado el subterfugio, se articuló la operación causante del mayor quebranto fiscal en la historia del país, al omitirse el pago de contribuciones por más de 3 mil 500 millones de dólares, acudiendo a una nueva simulación, consistente en hacer pasar dicha transacción como si se tratase de una operación espontáneamente surgida en el seno de la Bolsa Mexicana de Valores”.
Con el tiempo se dio a conocer que el trato de compraventa había sido concertado en Nueva York, y todos sus términos y condiciones fueron pactados antes de que los interesados lo sometieran a la consideración de las autoridades de aquel país y, por supuesto, con mucha antelación a que la citada operación fuese planteada a la Secretaría de Hacienda, según se denunció esta semana en San Lázaro.
El expediente que de acuerdo con el diputado Guerra muestra que Gil Díaz sí estuvo involucrado y avaló la venta de Banamex, fue entregado por el propio legislador a Agustín Carstens Carstens, actual titular de Hacienda, durante su comparecencia ante comisiones del órgano legislativo, el miércoles pasado.
Carstens fue subsecretario de Hacienda de diciembre de 2000 a julio de 2003, cuando asumió como subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional. La venta de Banamex ocurrió en 2001. Desde que la operación se hizo pública, e incluso después de su concreción, el PRD denunció la irregularidad del no pago de impuestos y que Gil Díaz había incurrido en conflicto de intereses.
Ahora que se han descubierto los documentos que muestran que avaló al menos una de las partes del proceso, se establece que hubo una participación subrepticia de Francisco Gil Díaz, afirma el diputado Guerra Ochoa, quien refiere que la adquisición de Banamex por parte de Citibank se perfeccionó fuera de la BMV con meses de antelación. Guerra promueve un punto de acuerdo para que se investigue el papel del ex funcionario federal en dicha transacción y que Carstens proceda a iniciar los procesos legales para que, de ser el caso, se establezca el castigo que judicialmente corresponda.
“Los artífices de la estrategia (de venta) acudieron al vicio de realizarla como cruce protegido, esto es, el precio no se formó en el mercado, en el piso de remates, sino que se pactó la transmisión entre sujetos previamente identificados, sin dar lugar a una efectiva operación bursátil. Es evidente que no hubo participantes del mercado con la posibilidad real de adquirir porcentajes o cantidades importantes de títulos; toda la operación implica una simulación que precisó de la participación activa y por omisión de diversos servidores públicos”, dijo Guerra.
Intervención directa y oficial
Aún el 11 de octubre de 2006, durante la glosa del sexto Informe de gobierno de Vicente Fox Quesada, Francisco Gil Díaz insistía en que él se mantuvo al margen de la operación aludida.
Incluso, la documentación del caso, que por ley debería ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, fue excluida del mismo. No se da cuenta en él de los textos legales que sirvan de evidencia y constancia de la participación de los funcionarios que hubieran actuado en sustitución de Gil Díaz, asegura el legislador perredista.
No obstante, ante la omisión de incluirlo en el Diario Oficial de la Federación, el oficio 101-1825 de la Secretaría de Hacienda manifiesta evidencia referente a que Gil Díaz sí dio seguimiento al proceso que finalmente benefició a Roberto Hernández, por cierto –señala Guerra–, también amigo íntimo de Vicente Fox.
En ese documento oficial de Hacienda, del que este diario tiene copia, Gil Díaz, quien firma como titular del ramo, da pie a lo siguiente:
“Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 10 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, se autoriza la fusión del Grupo Financiero Banamex, SA de CV, en calidad de fusionante que subsiste ,con Grupo Financiero Citibank, SA de CV, en calidad de fusionante que se extingue. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 4 y 27 de la Ley de Instituciones de Crédito, autoriza la fusión de Banco Nacional de México, en calidad de fusionante con Citibank en calidad de fusionada.
“Con fundamento en el artículo 4 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, y el 228 bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aprueba que Grupo Financiero Banamex se escinda en dos nuevas sociedades de responsabilidad limitada de capital variable.
“Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 bis de la Ley de Instituciones de Crédito, autoriza la escisión del Banco Nacional de México, en dos nuevas sociedades de responsabilidad limitada de capital variable que detentarán las acciones de Banamex USA Bancorp, quien a su vez detenta las acciones de California Commerce Bank y California Commerce Bank Securities, y de Telepromotora Teleinformática y Telecomunicaciones, quien a su vez detenta las acciones de Avante y Avantel Servicios Locales”.
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El alto costo de las sustancias para el campo afectó la producción agrícola de este año
El gobierno federal concesionó en la práctica a particulares el control del mercado del amoniaco, producto que es el principal insumo para la elaboración de fertilizantes. Ello ocurrió sin que se aprobara ninguna reforma energética y los responsables políticos en esta área simplemente disimularon sus obligaciones constitucionales, aseguró una organización no gubernamental especializada en temas energéticos.
Desde 2002 el gobierno federal ha dejado de manera discrecional a las grandes empresas de fertilizantes como son Masagro, Tepeyac, Aprodifier y unas cuantas empresas más, toda la distribución del amoniaco del país, indicó un documento divulgado por el Comité Nacional de Estudios de la Energía.
En plena crisis energética global México es el único país en el mundo que tiene plantas de petroquímica para la producción de amoniaco paradas, señala.
El estudio destaca que el agudo problema del alto costo de los fertilizantes, que este año ya afectó la producción agrícola en el país, no es por culpa del mercado, sino por una mala política pública del gobierno federal, porque mantiene su decisión de que Petróleos Mexicanos (Pemex) tenga paradas e improductivas sus plantas de Salamanca Guanajuato y Camargo Chihuahua. Pemex sólo ésta produciendo amoniaco en su planta de Cosoloacaque, Veracruz y le vende el amoniaco a unas cuantas empresas que han monopolizado el mercado con enormes ganancias para los particulares.
Por ejemplo, Pemex les vende a unas cuantas empresas distribuidoras a 298 dólares la tonelada de amoniaco y esos mismos distribuidores se la venden a los agricultores, que son los consumidores finales, a 830 dólares la tonelada.
Para dar esta concesión monopolio en la distribución de amoniaco el gobierno realizó las siguientes maniobras: Primero dividió a Pemex en cuatro empresas, una de ellas petroquímica básica.
Enseguida Pemex detuvo sus procesos productivos de algunas plantas y otras las vende como son las de fabricación de urea y todas las que tengan que ver con la producción de sulfato de amonio, nitrato de amonio, nitrosulfato de amonio y fórmulas con fósforo y potasio que se encuentran en Coatzacoalcos, Salamanca, Camargo, Minatitlán, Guadalajara, Torreón y Lázaro Cárdenas, entre otras.
Después cotiza el gas natural de producción nacional al precio de referencia del mercado de Tampa (la referencia más cara del mundo) agravando el propio gobierno el costo para la fabricación de amoniaco y por consecuencia todos los fertilizantes nitrogenados.
Es tan mala esta política pública, añade el documento, que sólo favorece a unos cuantos en la distribución de amoniaco para el desarrollo agropecuario de México que no sólo ha golpeado a los agricultores, sino que paralizó y puso fuera de competencia a las mismas plantas productoras de fertilizantes nitrogenados que el propio gobierno vendió a particulares, como es el caso de la empresa Soluciones Químicas para el Campo, que en la actualidad tiene cuatro plantas paradas, una en Salamanca, otra en Camargo y dos en Minatitlán. Agomex tiene dos en Minatitlán. Fertinal dos más en Lázaro Cárdenas.
Además de las ocho plantas de fertilizantes nitrogenados paradas, otras ocho trabajan por debajo de 23 por ciento de su capacidad instalada entre ellas: Nitro sur (Fesur) de Minatitlán, con 22 por ciento de su capacidad; Fertiquim, de Guadalajara, con 22 por ciento; Nam/Nsam con 8; DAP/NPK con 5 y por último SQCI de Minatitlán con 2 por ciento de su capacidad.
Posteriormente, en 2001, en la administración de Vicente Fox, en la iniciativa de ley de ingresos plantea un impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) arriba de 60 por ciento al gas natural para la elaboración de amoniaco.
En 2002 publica un decreto para que a la industria petroquímica se le cobre 2.5 veces más la tarifa eléctrica que a cualquier otra industria y al mismo tiempo no permite que Pemex portee la energía que produce en el sureste para abatir el costo de los fertilizantes.
En este 2008 sigue el desmantelamiento de la planta nueva de Camargo que empezaron a derruir a partir de 2001 y hoy se vende como chatarra a la empresa Kalischatarra, propiedad de Samuel Kalisch, empresario panista y recaudador de recursos económicos para la campaña de Felipe Calderón en Chihuhua, según denuncia el estudio.
El gobierno federal concesionó en la práctica a particulares el control del mercado del amoniaco, producto que es el principal insumo para la elaboración de fertilizantes. Ello ocurrió sin que se aprobara ninguna reforma energética y los responsables políticos en esta área simplemente disimularon sus obligaciones constitucionales, aseguró una organización no gubernamental especializada en temas energéticos.
Desde 2002 el gobierno federal ha dejado de manera discrecional a las grandes empresas de fertilizantes como son Masagro, Tepeyac, Aprodifier y unas cuantas empresas más, toda la distribución del amoniaco del país, indicó un documento divulgado por el Comité Nacional de Estudios de la Energía.
En plena crisis energética global México es el único país en el mundo que tiene plantas de petroquímica para la producción de amoniaco paradas, señala.
El estudio destaca que el agudo problema del alto costo de los fertilizantes, que este año ya afectó la producción agrícola en el país, no es por culpa del mercado, sino por una mala política pública del gobierno federal, porque mantiene su decisión de que Petróleos Mexicanos (Pemex) tenga paradas e improductivas sus plantas de Salamanca Guanajuato y Camargo Chihuahua. Pemex sólo ésta produciendo amoniaco en su planta de Cosoloacaque, Veracruz y le vende el amoniaco a unas cuantas empresas que han monopolizado el mercado con enormes ganancias para los particulares.
Por ejemplo, Pemex les vende a unas cuantas empresas distribuidoras a 298 dólares la tonelada de amoniaco y esos mismos distribuidores se la venden a los agricultores, que son los consumidores finales, a 830 dólares la tonelada.
Para dar esta concesión monopolio en la distribución de amoniaco el gobierno realizó las siguientes maniobras: Primero dividió a Pemex en cuatro empresas, una de ellas petroquímica básica.
Enseguida Pemex detuvo sus procesos productivos de algunas plantas y otras las vende como son las de fabricación de urea y todas las que tengan que ver con la producción de sulfato de amonio, nitrato de amonio, nitrosulfato de amonio y fórmulas con fósforo y potasio que se encuentran en Coatzacoalcos, Salamanca, Camargo, Minatitlán, Guadalajara, Torreón y Lázaro Cárdenas, entre otras.
Después cotiza el gas natural de producción nacional al precio de referencia del mercado de Tampa (la referencia más cara del mundo) agravando el propio gobierno el costo para la fabricación de amoniaco y por consecuencia todos los fertilizantes nitrogenados.
Es tan mala esta política pública, añade el documento, que sólo favorece a unos cuantos en la distribución de amoniaco para el desarrollo agropecuario de México que no sólo ha golpeado a los agricultores, sino que paralizó y puso fuera de competencia a las mismas plantas productoras de fertilizantes nitrogenados que el propio gobierno vendió a particulares, como es el caso de la empresa Soluciones Químicas para el Campo, que en la actualidad tiene cuatro plantas paradas, una en Salamanca, otra en Camargo y dos en Minatitlán. Agomex tiene dos en Minatitlán. Fertinal dos más en Lázaro Cárdenas.
Además de las ocho plantas de fertilizantes nitrogenados paradas, otras ocho trabajan por debajo de 23 por ciento de su capacidad instalada entre ellas: Nitro sur (Fesur) de Minatitlán, con 22 por ciento de su capacidad; Fertiquim, de Guadalajara, con 22 por ciento; Nam/Nsam con 8; DAP/NPK con 5 y por último SQCI de Minatitlán con 2 por ciento de su capacidad.
Posteriormente, en 2001, en la administración de Vicente Fox, en la iniciativa de ley de ingresos plantea un impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) arriba de 60 por ciento al gas natural para la elaboración de amoniaco.
En 2002 publica un decreto para que a la industria petroquímica se le cobre 2.5 veces más la tarifa eléctrica que a cualquier otra industria y al mismo tiempo no permite que Pemex portee la energía que produce en el sureste para abatir el costo de los fertilizantes.
En este 2008 sigue el desmantelamiento de la planta nueva de Camargo que empezaron a derruir a partir de 2001 y hoy se vende como chatarra a la empresa Kalischatarra, propiedad de Samuel Kalisch, empresario panista y recaudador de recursos económicos para la campaña de Felipe Calderón en Chihuhua, según denuncia el estudio.
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