Publicado en PALABRA, Sept. 24-2008
Rosa Esther Beltrán Enríquez
La convivencia humana es impensable sin la justica. El diccionario de la Real Academia Española es contundente en su definición de justicia: derecho, razón, equidad.
Para los juristas, la justicia es el valor ético social por excelencia y es impensable sin la idea elemental de una comunidad de humanos en la que la existencia de este atributo deshecha la desconfianza, ello es así porque la justicia va de la mano de la equidad, igual derecho e igual deber con los otros a fin de equilibrar pretensiones enfrentadas.
El anhelo de justicia es tan universal que nadie en la vida pública puede prescindir de presentar sus actos como justos; frente a la justica, la equidad se concibe como un principio del derecho corrector de insuficiencias, pero también se le tiene como principio de interpretación, de manera que, la equidad es concebida como principio que permite obtener la aplicación de la justicia, lo justo y lo equitativo vienen a ser sinónimos, van de la mano, pero es mejor lo equitativo porque es un enderezamiento de lo justo-legal, un grado óptimo de justicia que deviene en garantía de igualdad de oportunidades.
Lo anterior viene a cuento a causa del empecinamiento que el presidente del IEPC, Jacinto Faya ha sostenido en su negativa a realizar monitoreos a los medios electrónicos a fin de asegurar la equidad en la contienda electoral en curso.
Contra las denuncias y demandas de varios partidos políticos de que la televisión local y las estaciones de radio tienen un trato preferencial hacia los candidatos del PRI, Faya se ha mostrado clara y radicalmente parcial defendiendo a los aspirantes del partido del gobierno.
El presidente del IEPC niega en los hechos y en sus dichos el papel de árbitro que juró cumplir y hacer cumplir, ante lo cual, los ciudadanos podemos visualizar y predecir con claridad el resultado de la contienda electoral del 19 de octubre.
A menos de un mes de las elecciones, Faya se escuda tras las argucias de que no cuenta con facultades legales y en el respeto la libertad de expresión que dice profesar e ignora la Constitución Política de Coahuila (Art. 27), la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales (Art. 3) y la del propio instituto que preside (Art. 42), las cuales señalan expresamente a la equidad como un principio en el que se basa la función electoral y una condición para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación.
Faya ha desoído las denuncias de los partidos de oposición al PRI y los reclamos de los propios consejeros electorales y la ciudadanía a fin de que el IEPC intervenga como corresponde a su papel de árbitro, pero nada factura su obstinación, no hay ley que doble su despotismo.
El desprecio que Faya muestra por las normas y principios establecidos en nuestras leyes es manifiesto y deplorable. Cuando recién fue nombrado presidente del IEPC se pronunció abiertamente en apoyo a la postura del Ejecutivo estatal y en contra el IFE para avalar la difusión de la imagen de los funcionarios pagada con recursos públicos y no ha perdido oportunidad de exhibir su alineamiento a las iniciativas del clan Moreira por eso en octubre del año pasado, diez asociaciones civiles le pidieron su renuncia como Presidente del IEPC por considerar que no representa ni defiende los intereses de los ciudadanos y que pone en entredicho la independencia y autonomía del instituto que preside y entonces lo mismo pidieron algunos partidos políticos sin ser atendidos.
Faya ha mostrado una escasa estatura moral y se ha exhibido omiso para encausar la acción que la ley electoral le impone al instituto, pero es funcional a los intereses del gobierno en turno y parece que con eso es suficiente, la imparcialidad del árbitro es una condición que estorba.
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