Publicado en PALABRA
Septiembre 17 de 2008
Rosa Esther Beltrán Enríquez
Se está volviendo habitual que este País viva de luto. Celebramos la más grande fiesta nacional atónitos, estupefactos ante la embestida, el avance imparable del terrorismo de la delincuencia organizada y de gobiernos estáticos, patitiesos y nos percatamos que las declaraciones e instrucciones del gobierno federal parecen frases huecas, algo hay que decir.
Sí, nos unimos al repudio a los atentados, pero no vemos que la criminalidad se detenga, no vemos que las instrucciones presidenciales a las fuerzas del orden detengan el caos y la criminalidad contra la población civil, al contrario.
Morelia sitiada por las fuerzas militares, 7 muertos y decenas de heridos es el saldo del ataque inmisericorde que con 3 granadas lanzadas a la multitud que asistió a la celebración del “grito”, padecieron esos michoacanos inermes, las escenas fueron dantescas.
Muy lejos de Morelia, a un mes de ocurrido, el atentado en Creel en la sierra Tarahumara, en donde en una fiesta fueron asesinados 13 pobladores de ese municipios, se realizó ayer un desfile fúnebre con ataúdes, marcha que sustituyó al desfile tradicional; los participantes exigieron justicia, algo que en este País se desconoce.
Los propios panistas, en este caso Santiago Creel, está pidiendo que el gobierno federal retome nuevas medidas, que readecue sus estrategias contra la delincuencia organizada. Es cierto, los ciudadanos no merecemos vivir en esta situación de terror cotidiano.
Hace algunos meses, Eduardo Medina Mora, Procurador General de la República, descartaba que el Estado mexicano pudiera ser derrotado por la delincuencia organizada, porque cuenta, dijo, con recursos intelectuales, técnicos y fuerza moral para combatirla, lo que la ciudadanía percibe es que cada vez estamos más solos e indefensos, que los presupuestos para combatir la inseguridad crecen desmesuradamente, que las declaraciones se incrementan y son cada vez más fuertes y radicales, pero los atentados reaparecen, la violencia es extrema, cada vez más dura para inhibir la actuación del Estado, y éste cada vez más vulnerable.
Los hechos en Morelia muestran que estamos padeciendo una auténtica guerra, para la cual no se vislumbra conclusión próxima ni se percibe con claridad que el gobierno federal pueda obtener la victoria, por más que así lo señale el discurso oficial.
¿Quién puede negar la necesidad de hacer frente a la delincuencia organizada?, difícilmente alguien se atrevería a ignorar que es un mal que flagela y corrompe a las instituciones, vulnera la legalidad y lacera al conjunto de la sociedad; no obstante, la evidente falta de eficacia de las campañas puestas en marcha por la federación, que han servido más para sembrar la zozobra y el temor en la población que para disminuir la actividad de los grupos criminales, hace necesario que el actual gobierno replantee su estrategia, como lo sugiere el Senador Creel, y comience por reconocer que ésta no debe limitarse a la persecución militar ni al empleo indiscriminado de los recursos bélicos del Estado, cuyo empeño suele provocar una resistencia aún más cruenta y feroz por parte de las organizaciones delictivas.
Los hechos muestran que más que ejercicios de poderío militar en gran escala, se requiere, de una labor de inteligencia que permita atacar las ramificaciones corruptas de la delincuencia y un saneamiento profundo del sistema de justicia y aduanal del país, a fin de impedir el ingreso a territorio nacional de las ingentes cantidades de armamento de alto poder que exhiben los cárteles en sus ajustes de cuentas internos y en sus confrontaciones con las fuerzas armadas y los cuerpos policiales.
Si el Gobierno insiste en los intentos por combatir a la delincuencia organizada por medio del músculo militar y policial, se corre el riesgo de que episodios como el de Morelia y el municipio de Creel y tantos otros sigan generalizandose y que la espiral de violencia ponga en cuestión, como parece que está sucediendo, la gobernabilidad del país.
Sí, nos unimos al repudio a los atentados, pero no vemos que la criminalidad se detenga, no vemos que las instrucciones presidenciales a las fuerzas del orden detengan el caos y la criminalidad contra la población civil, al contrario.
Morelia sitiada por las fuerzas militares, 7 muertos y decenas de heridos es el saldo del ataque inmisericorde que con 3 granadas lanzadas a la multitud que asistió a la celebración del “grito”, padecieron esos michoacanos inermes, las escenas fueron dantescas.
Muy lejos de Morelia, a un mes de ocurrido, el atentado en Creel en la sierra Tarahumara, en donde en una fiesta fueron asesinados 13 pobladores de ese municipios, se realizó ayer un desfile fúnebre con ataúdes, marcha que sustituyó al desfile tradicional; los participantes exigieron justicia, algo que en este País se desconoce.
Los propios panistas, en este caso Santiago Creel, está pidiendo que el gobierno federal retome nuevas medidas, que readecue sus estrategias contra la delincuencia organizada. Es cierto, los ciudadanos no merecemos vivir en esta situación de terror cotidiano.
Hace algunos meses, Eduardo Medina Mora, Procurador General de la República, descartaba que el Estado mexicano pudiera ser derrotado por la delincuencia organizada, porque cuenta, dijo, con recursos intelectuales, técnicos y fuerza moral para combatirla, lo que la ciudadanía percibe es que cada vez estamos más solos e indefensos, que los presupuestos para combatir la inseguridad crecen desmesuradamente, que las declaraciones se incrementan y son cada vez más fuertes y radicales, pero los atentados reaparecen, la violencia es extrema, cada vez más dura para inhibir la actuación del Estado, y éste cada vez más vulnerable.
Los hechos en Morelia muestran que estamos padeciendo una auténtica guerra, para la cual no se vislumbra conclusión próxima ni se percibe con claridad que el gobierno federal pueda obtener la victoria, por más que así lo señale el discurso oficial.
¿Quién puede negar la necesidad de hacer frente a la delincuencia organizada?, difícilmente alguien se atrevería a ignorar que es un mal que flagela y corrompe a las instituciones, vulnera la legalidad y lacera al conjunto de la sociedad; no obstante, la evidente falta de eficacia de las campañas puestas en marcha por la federación, que han servido más para sembrar la zozobra y el temor en la población que para disminuir la actividad de los grupos criminales, hace necesario que el actual gobierno replantee su estrategia, como lo sugiere el Senador Creel, y comience por reconocer que ésta no debe limitarse a la persecución militar ni al empleo indiscriminado de los recursos bélicos del Estado, cuyo empeño suele provocar una resistencia aún más cruenta y feroz por parte de las organizaciones delictivas.
Los hechos muestran que más que ejercicios de poderío militar en gran escala, se requiere, de una labor de inteligencia que permita atacar las ramificaciones corruptas de la delincuencia y un saneamiento profundo del sistema de justicia y aduanal del país, a fin de impedir el ingreso a territorio nacional de las ingentes cantidades de armamento de alto poder que exhiben los cárteles en sus ajustes de cuentas internos y en sus confrontaciones con las fuerzas armadas y los cuerpos policiales.
Si el Gobierno insiste en los intentos por combatir a la delincuencia organizada por medio del músculo militar y policial, se corre el riesgo de que episodios como el de Morelia y el municipio de Creel y tantos otros sigan generalizandose y que la espiral de violencia ponga en cuestión, como parece que está sucediendo, la gobernabilidad del país.
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