De Lomas Taurinas a Saltillo...
Arturo Rodríguez García
Arturo Rodríguez García
PROCESO - DOMINGO 17 AGOSTO 2008
Una trifulca entre panistas y priistas en Saltillo fue el tormentoso
escenario para la reaparición pública de José Antonio Sánchez Ortega,
aquel agente del Cisen tan parecido a Mario Aburto y al que salpicó la
sangre de Colosio en Lomas Taurinas. Ahora se sabe que desde el año
pasado se ha colado en calidad de espía en actividades del gobernador
Humberto Moreira, del obispo Raúl Vera y de los deudos de los mineros muertos en Pasta de Conchos, como parte de maniobras políticas.
SALTILLO, COAH.- El agente del Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (Cisen) José Antonio Sánchez Ortega –uno de los sospechosos
clave en el homicidio de Luis Donaldo Colosio– reapareció públicamente en esta entidad, donde realizó seguimiento a movimientos sociales, actividades partidistas y, especialmente, al obispo de esta ciudad, Raúl Vera López.
El pasado 7 de junio, los medios locales cubrieron una trifulca
callejera entre simpatizantes del PRI y del PAN. Al analizar las
fotografías del suceso, el 10 de junio el periódico Vanguardia
identificó a Sánchez Ortega como el mismo personaje a quien se le
implicó en el caso Colosio.
El agente llevaba más de dos años asignado a labores del Cisen en
Coahuila, pues durante los días posteriores al estallido de la mina
Pasta de Conchos –ocurrido en febrero de 2006– se infiltró en
movimientos sociales y estuvo presente en actividades políticas y
religiosas. Algunas veces se acreditó como agente y otras se hizo
pasar por reportero.
Cuando la prensa identificó a Sánchez Ortega, el gobernador del
estado, Humberto Moreira, dijo que él mismo era objeto de espionaje y se quejó: "Yo soy de la idea de que los servicios del Cisen se ocupen
para combatir al crimen organizado, pero ocurre que en lugar de estar
haciendo eso vigilan y espían a los políticos".
El mandatario anunció que pediría a la Secretaría de Gobernación una
explicación sobre las actividades del Cisen y sugirió que el pleito
entre priistas y panistas pudo ser provocado. Así mismo, ofreció
protección especial a los familiares de Diana Laura Riojas, que viven
en la región carbonífera de Coahuila.
"En el tiempo que llevo como gobernador, nunca había sentido miedo,
hasta hoy", expresó Moreira.
Personaje bajo sospecha
José Antonio Sánchez Ortega fue uno de los principales sospechosos en la llamada "teoría del complot" elaborada inicialmente para explicar
el asesinato de Luis Donaldo Colosio, debido a las circunstancias en
que fue detenido y liberado tras el atentado contra el priista en la
colonia Lomas Taurinas de Tijuana, el 23 de marzo de 1994.
El Cisen quedó en entredicho en el homicidio debido a que Sánchez
Ortega fue detenido por la policía municipal de Tijuana cuando corría
hacia un automóvil. Llevaba una chaqueta blanca, que tenía manchas de sangre de Colosio. Al realizarle la prueba de radizonato de sodio para
saber si había disparado un arma de fuego, dio positivo.
En la investigación se estableció que el Cisen tuvo acceso al
itinerario de ese día y que José Antonio Sánchez había participado en
la inspección de los lugares adonde acudiría el candidato presidencial
del PRI. El parecido físico del agente con Mario Aburto Martínez, el
sospechoso que a la postre sería consignado como el único autor
material del crimen y sentenciado en consecuencia, volvió inexplicable
que la Procuraduría General de la República (PGR) lo dejara en
libertad y que el Cisen lo reinstalara como agente.
En el informe que dio a conocer en el año 2000 el fiscal especial del
caso, Luis Raúl González Pérez, las circunstancias de la detención de
Sánchez Ortega quedaron confusas debido a las contradicciones de los
responsables del Cisen, quienes fueron modificando sus declaraciones
ministeriales.
Entre otras inconsistencias, el propio Sánchez Ortega declaró
inicialmente que se manchó de sangre cuando se aproximó a ver a
Colosio, mientras Edmundo Salas Garza, entonces director de
Investigación del Cisen, expresó que el sospechoso ayudó a subir a
Colosio a la camioneta que lo trasladó al hospital.
Finalmente, Sánchez Ortega fue exculpado por la PGR y asignado a la
delegación del Cisen en Sinaloa. Luego recibió capacitación y se le
envió a otra delegación, pero lo regresaron a su estado para
destinarlo a funciones administrativas (Proceso 1429).
A partir de 2007, Sánchez Ortega comenzó a asistir a diversas
actividades del gobernador Humberto Moreira, las giras de Andrés
Manuel López Obrador y, principalmente, a los eventos, misas y ruedas de prensa del obispo de Saltillo, Raúl Vera López.
Sin embargo, no fue identificado hasta la tarde del 7 de junio, cuando
simpatizantes del PAN convocados por el diputado federal Óscar
Moahamar Dainitín repartían tinacos y vendían cemento barato, mientras
que los priistas, invitados por el diputado local José Luis Moreno,
entregaban despensas y equipo deportivo frente a la misma plaza
pública en la colonia Gustavo Espinoza Mireles, de esta ciudad.
El diputado Moahamar Dainitín –quien se hace llamar El Muñeco– realiza proselitismo desde hace dos años mediante un camión que circula con su fotografía y que difunde propaganda con altavoces en eventos del PRI o de los gobiernos municipales y estatal emanados de ese partido.
El 7 de junio, a diferencia de otras ocasiones, el acto se salió de
control cuando un grupo de priistas agredió a los simpatizantes del
PAN. Al intercambio de insultos siguieron los empujones y jaloneos.
Finalmente se desató un enfrentamiento a pedradas, con saldo de tres
reporteros golpeados y una niña hospitalizada. El tráiler en que los
panistas tenían el cemento fue saqueado.
Además de las fotografías de estos hechos que difundió Vanguardia, en un video del enfrentamiento, al que tuvo acceso este reportero, se ve a Sánchez Ortega videograbando y riendo a carcajadas ante los insultos y golpes entre los colonos.
Espionaje político
La aparición de Sánchez Ortega en Coahuila ocurrió en febrero de 2006,
durante las supuestas acciones de rescate en la mina Pasta de Conchos.
En los patios de la mina estaban el entonces secretario del Trabajo,
Francisco Xavier Salazar Sáenz; Arturo Vilchis, director de Protección
Civil, y el gobernador Humberto Moreira, quien ya había manifestado
sus diferencias con los funcionarios federales.
Ahí mismo, el obispo Raúl Vera López exigía justicia y les recriminaba
a los funcionarios su conducta.
Por cuenta propia llegó Napoleón Gómez Urrutia, que ya denunciaba una
persecución en su contra por parte del gobierno federal. En efecto,
días después éste consiguió una orden de aprehensión contra el líder
minero, que se refugió en la ciudad canadiense de Vancouver.
Desde hace años, en Coahuila es fácil identificar a los militares
vestidos de civil y a los conocidos miembros del Cisen, que se hacen
pasar por reporteros en todo tipo de actividades públicas.
De acuerdo con Cristina Auerbach Benavides, integrante del Equipo
Nacional de Pastoral Laboral (ENPL), la operación de los cuerpos de
inteligencia ha sido advertida en diferentes ocasiones por la forma en
que sus actividades fueron boicoteadas por los gobiernos estatal y
federal.
La activista subraya: "No somos enemigos del Estado para que se nos
asignen agentes y seamos investigados de esa forma y con esos métodos.
No debe ser, ni a nosotros ni a ninguna otra organización o persona
comprometida en la promoción y defensa de los derechos humanos".
Tanto Auerbach como el obispo Raúl Vera han denunciado amenazas y
agresiones por su compromiso con los deudos de los mineros que
murieron en Pasta de Conchos. En el caso del prelado, asegura que
advirtió los movimientos para vigilarlo desde que era arzobispo
coadjutor en Chiapas.
A petición del reportero, Auerbach y el obispo identificaron a Sánchez
Ortega en una fotografía, ya que se hacía pasar por periodista para
estar presente en sus actividades.
Auerbach recuerda que durante un año Sánchez Ortega y después otro
agente, identificado sólo como Efraín, infiltraron sus reuniones y se
enteraron de sus planes para oponer resistencia ante el Grupo México,
que con el respaldo del gobierno federal se niega a recuperar los
cuerpos de los mineros.
"Aprovechándose de la inocencia y falta de experiencia de los deudos,
muchas cosas que decidíamos hacer las averiguó a través de ellos,
entre quienes creó confianza", dice la abogada.
En 2007, Auerbach se sorprendió de que funcionarios del gobierno
estatal se adelantaran a hacer anuncios que el ENPL planeaba hacer.
Entre tanto, Sánchez Ortega se aproximaba más a los deudos que seguían a Moreira y evitaban relacionarse con el ENPL y con Vera.
El Grupo México y la Secretaría del Trabajo actuaron igual, en
detrimento del movimiento de los deudos, por lo que el obispo, los
miembros del ENPL y los familiares de las víctimas decidieron
comunicarse por vías seguras, evitando el teléfono y el correo
electrónico.
Por ejemplo, así se pusieron de acuerdo para deslindarse del dictamen
sobre las condiciones de la mina a mediados de 2007. Después de eso,
relata Auerbach Benavides:
"La respuesta de Lozano (Alarcón, actual secretario del Trabajo), como siempre mentirosa, fue iracunda; evidentemente los sorprendimos. Lo siguiente fue el deslinde de 40 familias, creo que, aunque lo mantuvimos con mucho cuidado, se lo esperaban, porque en la misa donde sucedió había gente del Cisen, sin duda.
"Nos siguieron a la Terminal (de Autobuses) del Norte en la Ciudad de
México, donde dejé a las familias, que reconocieron que los estaban
siguiendo. Tras despedirnos, yo me dirigí a mi casa, donde entró un
comando para golpearme", dice la activista sobre el ataque que sufrió
el 19 de junio del año pasado.
Como toma la precaución de guardar los números de los que reciben
llamadas oficiales, Auerbach comprobó que algunas amenazas que ha recibido provinieron de la Secretaría de Gobernación. Cuando comentó esto en una reunión con Arne Aus den Ruthen Haag –quien fue coordinador de asesores del secretario Juan Camilo Mouriño–, éste "dijo que eso era imposible, y que de ser cierto él lo sabría".
Recuerda que, como el funcionario "dijo que si yo tenía sospechas de
alguien de cualquier secretaría o de la empresa, que le diera los
nombres y el les llamaría para pedirles que no me hicieran nada", ella
le respondió: "¿Si tú no les llamas le pueden hacer lo que quieran a
quien sea?".
"Esto es muy grave –señala– y no hay forma de justificar que una
persona así sea del Cisen. ¿En manos de quién están los servicios de
inteligencia? ¿Cómo pueden pedirnos que confiemos en las políticas de
Estado en el tema de seguridad cuando asignan a un matón a vigilar
activistas?"
Tras la publicación de las fotos por Vanguardia y los señalamientos
del gobernador Humberto Moreira, Sánchez Ortega fue retirado de las
actividades públicas en Coahuila. Hasta el momento ni el Cisen ni la
Secretaría de Gobernación han aclarado las acciones de su agente.
escenario para la reaparición pública de José Antonio Sánchez Ortega,
aquel agente del Cisen tan parecido a Mario Aburto y al que salpicó la
sangre de Colosio en Lomas Taurinas. Ahora se sabe que desde el año
pasado se ha colado en calidad de espía en actividades del gobernador
Humberto Moreira, del obispo Raúl Vera y de los deudos de los mineros muertos en Pasta de Conchos, como parte de maniobras políticas.
SALTILLO, COAH.- El agente del Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (Cisen) José Antonio Sánchez Ortega –uno de los sospechosos
clave en el homicidio de Luis Donaldo Colosio– reapareció públicamente en esta entidad, donde realizó seguimiento a movimientos sociales, actividades partidistas y, especialmente, al obispo de esta ciudad, Raúl Vera López.
El pasado 7 de junio, los medios locales cubrieron una trifulca
callejera entre simpatizantes del PRI y del PAN. Al analizar las
fotografías del suceso, el 10 de junio el periódico Vanguardia
identificó a Sánchez Ortega como el mismo personaje a quien se le
implicó en el caso Colosio.
El agente llevaba más de dos años asignado a labores del Cisen en
Coahuila, pues durante los días posteriores al estallido de la mina
Pasta de Conchos –ocurrido en febrero de 2006– se infiltró en
movimientos sociales y estuvo presente en actividades políticas y
religiosas. Algunas veces se acreditó como agente y otras se hizo
pasar por reportero.
Cuando la prensa identificó a Sánchez Ortega, el gobernador del
estado, Humberto Moreira, dijo que él mismo era objeto de espionaje y se quejó: "Yo soy de la idea de que los servicios del Cisen se ocupen
para combatir al crimen organizado, pero ocurre que en lugar de estar
haciendo eso vigilan y espían a los políticos".
El mandatario anunció que pediría a la Secretaría de Gobernación una
explicación sobre las actividades del Cisen y sugirió que el pleito
entre priistas y panistas pudo ser provocado. Así mismo, ofreció
protección especial a los familiares de Diana Laura Riojas, que viven
en la región carbonífera de Coahuila.
"En el tiempo que llevo como gobernador, nunca había sentido miedo,
hasta hoy", expresó Moreira.
Personaje bajo sospecha
José Antonio Sánchez Ortega fue uno de los principales sospechosos en la llamada "teoría del complot" elaborada inicialmente para explicar
el asesinato de Luis Donaldo Colosio, debido a las circunstancias en
que fue detenido y liberado tras el atentado contra el priista en la
colonia Lomas Taurinas de Tijuana, el 23 de marzo de 1994.
El Cisen quedó en entredicho en el homicidio debido a que Sánchez
Ortega fue detenido por la policía municipal de Tijuana cuando corría
hacia un automóvil. Llevaba una chaqueta blanca, que tenía manchas de sangre de Colosio. Al realizarle la prueba de radizonato de sodio para
saber si había disparado un arma de fuego, dio positivo.
En la investigación se estableció que el Cisen tuvo acceso al
itinerario de ese día y que José Antonio Sánchez había participado en
la inspección de los lugares adonde acudiría el candidato presidencial
del PRI. El parecido físico del agente con Mario Aburto Martínez, el
sospechoso que a la postre sería consignado como el único autor
material del crimen y sentenciado en consecuencia, volvió inexplicable
que la Procuraduría General de la República (PGR) lo dejara en
libertad y que el Cisen lo reinstalara como agente.
En el informe que dio a conocer en el año 2000 el fiscal especial del
caso, Luis Raúl González Pérez, las circunstancias de la detención de
Sánchez Ortega quedaron confusas debido a las contradicciones de los
responsables del Cisen, quienes fueron modificando sus declaraciones
ministeriales.
Entre otras inconsistencias, el propio Sánchez Ortega declaró
inicialmente que se manchó de sangre cuando se aproximó a ver a
Colosio, mientras Edmundo Salas Garza, entonces director de
Investigación del Cisen, expresó que el sospechoso ayudó a subir a
Colosio a la camioneta que lo trasladó al hospital.
Finalmente, Sánchez Ortega fue exculpado por la PGR y asignado a la
delegación del Cisen en Sinaloa. Luego recibió capacitación y se le
envió a otra delegación, pero lo regresaron a su estado para
destinarlo a funciones administrativas (Proceso 1429).
A partir de 2007, Sánchez Ortega comenzó a asistir a diversas
actividades del gobernador Humberto Moreira, las giras de Andrés
Manuel López Obrador y, principalmente, a los eventos, misas y ruedas de prensa del obispo de Saltillo, Raúl Vera López.
Sin embargo, no fue identificado hasta la tarde del 7 de junio, cuando
simpatizantes del PAN convocados por el diputado federal Óscar
Moahamar Dainitín repartían tinacos y vendían cemento barato, mientras
que los priistas, invitados por el diputado local José Luis Moreno,
entregaban despensas y equipo deportivo frente a la misma plaza
pública en la colonia Gustavo Espinoza Mireles, de esta ciudad.
El diputado Moahamar Dainitín –quien se hace llamar El Muñeco– realiza proselitismo desde hace dos años mediante un camión que circula con su fotografía y que difunde propaganda con altavoces en eventos del PRI o de los gobiernos municipales y estatal emanados de ese partido.
El 7 de junio, a diferencia de otras ocasiones, el acto se salió de
control cuando un grupo de priistas agredió a los simpatizantes del
PAN. Al intercambio de insultos siguieron los empujones y jaloneos.
Finalmente se desató un enfrentamiento a pedradas, con saldo de tres
reporteros golpeados y una niña hospitalizada. El tráiler en que los
panistas tenían el cemento fue saqueado.
Además de las fotografías de estos hechos que difundió Vanguardia, en un video del enfrentamiento, al que tuvo acceso este reportero, se ve a Sánchez Ortega videograbando y riendo a carcajadas ante los insultos y golpes entre los colonos.
Espionaje político
La aparición de Sánchez Ortega en Coahuila ocurrió en febrero de 2006,
durante las supuestas acciones de rescate en la mina Pasta de Conchos.
En los patios de la mina estaban el entonces secretario del Trabajo,
Francisco Xavier Salazar Sáenz; Arturo Vilchis, director de Protección
Civil, y el gobernador Humberto Moreira, quien ya había manifestado
sus diferencias con los funcionarios federales.
Ahí mismo, el obispo Raúl Vera López exigía justicia y les recriminaba
a los funcionarios su conducta.
Por cuenta propia llegó Napoleón Gómez Urrutia, que ya denunciaba una
persecución en su contra por parte del gobierno federal. En efecto,
días después éste consiguió una orden de aprehensión contra el líder
minero, que se refugió en la ciudad canadiense de Vancouver.
Desde hace años, en Coahuila es fácil identificar a los militares
vestidos de civil y a los conocidos miembros del Cisen, que se hacen
pasar por reporteros en todo tipo de actividades públicas.
De acuerdo con Cristina Auerbach Benavides, integrante del Equipo
Nacional de Pastoral Laboral (ENPL), la operación de los cuerpos de
inteligencia ha sido advertida en diferentes ocasiones por la forma en
que sus actividades fueron boicoteadas por los gobiernos estatal y
federal.
La activista subraya: "No somos enemigos del Estado para que se nos
asignen agentes y seamos investigados de esa forma y con esos métodos.
No debe ser, ni a nosotros ni a ninguna otra organización o persona
comprometida en la promoción y defensa de los derechos humanos".
Tanto Auerbach como el obispo Raúl Vera han denunciado amenazas y
agresiones por su compromiso con los deudos de los mineros que
murieron en Pasta de Conchos. En el caso del prelado, asegura que
advirtió los movimientos para vigilarlo desde que era arzobispo
coadjutor en Chiapas.
A petición del reportero, Auerbach y el obispo identificaron a Sánchez
Ortega en una fotografía, ya que se hacía pasar por periodista para
estar presente en sus actividades.
Auerbach recuerda que durante un año Sánchez Ortega y después otro
agente, identificado sólo como Efraín, infiltraron sus reuniones y se
enteraron de sus planes para oponer resistencia ante el Grupo México,
que con el respaldo del gobierno federal se niega a recuperar los
cuerpos de los mineros.
"Aprovechándose de la inocencia y falta de experiencia de los deudos,
muchas cosas que decidíamos hacer las averiguó a través de ellos,
entre quienes creó confianza", dice la abogada.
En 2007, Auerbach se sorprendió de que funcionarios del gobierno
estatal se adelantaran a hacer anuncios que el ENPL planeaba hacer.
Entre tanto, Sánchez Ortega se aproximaba más a los deudos que seguían a Moreira y evitaban relacionarse con el ENPL y con Vera.
El Grupo México y la Secretaría del Trabajo actuaron igual, en
detrimento del movimiento de los deudos, por lo que el obispo, los
miembros del ENPL y los familiares de las víctimas decidieron
comunicarse por vías seguras, evitando el teléfono y el correo
electrónico.
Por ejemplo, así se pusieron de acuerdo para deslindarse del dictamen
sobre las condiciones de la mina a mediados de 2007. Después de eso,
relata Auerbach Benavides:
"La respuesta de Lozano (Alarcón, actual secretario del Trabajo), como siempre mentirosa, fue iracunda; evidentemente los sorprendimos. Lo siguiente fue el deslinde de 40 familias, creo que, aunque lo mantuvimos con mucho cuidado, se lo esperaban, porque en la misa donde sucedió había gente del Cisen, sin duda.
"Nos siguieron a la Terminal (de Autobuses) del Norte en la Ciudad de
México, donde dejé a las familias, que reconocieron que los estaban
siguiendo. Tras despedirnos, yo me dirigí a mi casa, donde entró un
comando para golpearme", dice la activista sobre el ataque que sufrió
el 19 de junio del año pasado.
Como toma la precaución de guardar los números de los que reciben
llamadas oficiales, Auerbach comprobó que algunas amenazas que ha recibido provinieron de la Secretaría de Gobernación. Cuando comentó esto en una reunión con Arne Aus den Ruthen Haag –quien fue coordinador de asesores del secretario Juan Camilo Mouriño–, éste "dijo que eso era imposible, y que de ser cierto él lo sabría".
Recuerda que, como el funcionario "dijo que si yo tenía sospechas de
alguien de cualquier secretaría o de la empresa, que le diera los
nombres y el les llamaría para pedirles que no me hicieran nada", ella
le respondió: "¿Si tú no les llamas le pueden hacer lo que quieran a
quien sea?".
"Esto es muy grave –señala– y no hay forma de justificar que una
persona así sea del Cisen. ¿En manos de quién están los servicios de
inteligencia? ¿Cómo pueden pedirnos que confiemos en las políticas de
Estado en el tema de seguridad cuando asignan a un matón a vigilar
activistas?"
Tras la publicación de las fotos por Vanguardia y los señalamientos
del gobernador Humberto Moreira, Sánchez Ortega fue retirado de las
actividades públicas en Coahuila. Hasta el momento ni el Cisen ni la
Secretaría de Gobernación han aclarado las acciones de su agente.
Arriba: Mario AburtoAbajo, fotos en la escena del crimen de Colosio,
al centro: Jose Antonio Sánchez
Abajo al centro: Mario Aburto
La UNAM es estructura de poder del PRI.
17 de junio del 2005
Reprimen a quien difundió video de LDC
Por Carlos Ramírez
Mientras el rector Juan Ramón de la Fuente compartía el palco con el
verdadero dueño de los Pumas de la UNAM, Carlos Slim Helú, y con el
operador político de Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas,
hacia el interior de la Ciudad Universitaria cuajaba la represión
académica contra un profesor que había difundido el video que revelaba
que el segundo balazo a Luis Donaldo Colosio se lo dieron en su
camioneta.
Promotor de un singular grupo de estudio con sus alumnos de la
Facultad de Comercio y Administración, el profesor Juan Ramón Jiménez ha realizado indagaciones financieras sobre Carlos Cabal Peniche y sobre el Grupo Acerero del Norte. Como parte de su especialización, Jiménez ha puesto a sus alumnos a revisar estados financieros y a seguirle la pista a los más grandes fraudes financieros de los últimos años.
Pero lo que causó más escozor fue la difusión de un video sobre el
asesinato de Colosio el 23 de marzo de 1994. Presentado en el programa "Esferas", producido por la Universidad de Guadalajara y difundido en el canal tapatío de Televisa, el video revela un fogonazo en la camioneta de Colosio justo cuando lo acababan de meter ya herido conel primer balazo. En esa parte del video se escucha una explosión.
Aunque extrañamente el video no se ha difundido en un canal
capitalino, el profesor Jiménez lo colocó en su página internet
www.yumka.com/colosio. De las varias escenas, la que está titulada
como "secuencia de 10 segundos" revela con claridad el fogonazo dentro
de la camioneta. De acuerdo con la información oficial, el segundo
balazo habría sido de Mario Aburto Martínez. Sin embargo, la escena de
la camioneta prueba que hubo otro disparo contra Colosio dentro de su
camioneta.
Las fotografías del video fueron publicadas en el periódico La Crisis
el 25 de mayo pasado. Al día siguiente, la columnista Isabel Arvide
reveló datos que señalaban la presunción de que el segundo disparo
habría sido realizado por oficiales del estado mayor presidencial como
parte de la lucha por el poder dentro de la corporación. El general
Roberto Miranda se había quejado de que el general Domiro García Reyes
había ocupado su lugar. La muerte de Colosio permitió la llegada de
Zedillo a la presidencia y de Miranda a la jefatura del EMP;
inclusive, Miranda se apuntó ya como aspirante a la titularidad de la
Secretaría de la Defensa Nacional.
La difusión del video provocó conflictos políticos. El profesor
Jiménez, de una amplia trayectoria dentro de la UNAM, fue el primer
sacrificado en lo que debe ser considerado como una represión contra
la libertad académica que ha comenzado a hacerse muy común en la
máxima casa de estudios desde la llegada de Juan Ramón de la Fuente,
un priísta que fue secretario de Salud del gobierno de Zedillo y que
en 1999 hizo intentos por ser el candidato del PRI a la presidencia de
la república.
La decisión de moverle horas de clase al profesor Jiménez y de
quitarle materias se debe acreditar al director de la Facultad de
Comercio y Administración de la UNAM, Arturo Díaz Alonso, un priísta
vinculado a Emilio Chuayffet Chemor, actual jefe de la bancada priísta
en la Cámara de Diputados. Díaz pertenece al Grupo Toluca de
Chuayffet.
El caso del profesor Jiménez revela la privatización y politización de
la UNAM en la gestión de De la Fuente. Varios priístas han sido
designados directores de facultades y algunos institutos se han
convertido en refugio de políticos priístas. Asimismo, De la Fuente ha
aumentado la empres! arización de la Universidad. En el palco del
juego de los Pumas estaban el empresario Gilberto Borja y el
empresario Carlos Slim, cuyo yerno es presidente del equipo de fútbol
de los Pumas.
El video del disparo contra Colosio dentro de su camioneta podría ser
entregado muy pronto a las autoridades y a los familiares de Colosio.
El involucramiento del profesor Jiménez en la difusión del video tuvo
tres motivaciones: el acceso a un documento fílmico con evidencias de
un disparo en la camioneta de Colosio, su relación personal con
Colosio porque el sonorense lo llevó al tecnológico de Sonora a
impulsar un proyecto agropecuario y su parentesco con la señora Diana
Laura Riojas.
La circulación del video rompió el cerco de silencio que se hizo en
torno al documento después de su difusión en Televisa Guadalajara la
noche del 23 de marzo, ante periodistas capitalinos que tampoco han
mencionado el asunto. El profesor Jiménez reveló que el video le fue
entregado por el di! putado panista Fernando Guzmán Pérez Peláez.
Luego de su difusión en la página internet y en La Crisis, el video se
ha multiplicado en su difusión pero sin provocar ninguna reacción de
las autoridades a pesar de que presentaría evidencias de otro disparo
contra el candidato hecho en su camioneta.
La PGR de Zedillo cerró el caso Colosio pese a la polémica sobre el
segundo disparo, no tanto por la acusación fallida del fiscal Pablo
Chapa contra un ayudante del general García Reyes, sino por la tesis
de la ojiva sembrada porque nadie encontró la bala sino hasta después.
Si no fue el segundo, el video podría revelar que hubo contra Colosio
un tercer disparo, aunque algunos consideran que el de su camioneta
fue realmente el segundo. El video y las confusiones serían elementos
suficientes para reabrir la investigación, pero con derivaciones que
involucrarían al estado mayor de Salinas y al jefe del estado mayor de
Zedillo, el jefe del rector De la Fuente.
Aunque en la UNAM no le justificaron al profesor Jiménez el cierre
de espacios por el video, la relación entre ambos hechos es
inocultable. Varias de las investigaciones financieras del profesor
Jiménez y sus alumnos habían causado protestas de los afectados ante
las autoridades de la Facultad y de la propia UNAM. La investigación
sobre Cabal fue circulada en Estados Unidos y se incorporó al
expediente de los fraudes del banquero. Y su indagación sobre el Grupo
Acerero del Norte reveló la privatización amañada que hizo Salinas del
sector siderúrgico del país para beneficiar a amigos y socios.
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