Rosa Esther Beltrán Enríquez
19 Nov. 08
Se iniciaron ya en todo el planeta Tierra las jornadas para conmemorar el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La República Dominicana solicitó ante la ONU que este día fuera la fecha elegida para recordar a las tres hermanas Mirabal, activistas políticas dominicanas que, por orden del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, el 25 de noviembre de 1960 fueran brutalmente asesinadas en ese país.
En 1981 se celebró en Bogotá (Colombia) el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, donde se decidió marcar el 25 de noviembre como el Día Internacional por la No Violencia contra las Mujeres conmemorando el asesinato de las hermanas Mirabal.
En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que se definió la violencia contra la mujer como: todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o sicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vía pública o en la vía privada.
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La ONU invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a organizar actividades dirigidas a sensibilizar al público respecto del problema en este día como una conmemoración internacional.
En octubre de 2006 se presentó el "Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer", que demuestra que existen obligaciones concretas de los Estados para prevenir esta violencia, tratar sus causas (la desigualdad histórica y la discriminación generalizada), así como investigar, enjuiciar y castigar a los agresores.
Según la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia económica es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. En tanto que la violencia sicológica es cualquier acto y omisión que dañe la estabilidad sicológica, que puede consistir en abandono, descuido reiterado celotipia, humillaciones, desamor, etc. La violencia física se define como un acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física, la Ley también define la violencia sexual, la familiar, la laboral, la docente, el hostigamiento y el acoso sexuales, la de comunidad, la institucional y la feminicida.
En México, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, (ENDIREH) 2007, el 60 por ciento de las mujeres padece algún tipo de violencia emocional, el 25.8 sufre violencia económica, el 23.5 soporta violencia física y el 23 por ciento padece violencia sexual.
De los resultado de la ENDIREH 2007, en Coahuila el 28.6 por ciento de mujeres que sufrieron violencia emocional en su última relación con su pareja o ex pareja, en cuanto a violencia económica 20.6 de las mujeres declararon haberla padecido y 15.6 violencia física y la violencia sexual registró un 7.3 por ciento de quienes declararon sufrirla.
Las mujeres continuamos siendo víctimas de todas las formas de violencia, en cada país, región, cultura, religión, sin que importe la clase social, la raza o etnia o el ingreso, el tema ha ganado la necesidad de atención en la comunidad internacional, de manera que ha sido reconocida la necesidad echar mano de todos los mecanismos legales a fin de lograr su erradicación, de hecho el Estatuto de la Corte Penal Internacional estableció la jurisdicción para tratar los crímenes de violencia sexual como crímenes en contra de la humanidad cuando son cometidos como parte de un ataque extendido ó sistemático dirigido a cualquier población civil.
Aunque se está logrando una mayor atención y comprensión de la violencia de género, aún queda mucho por hacer, porque no basta tener derechos, no es suficiente, es preciso que se garanticen, a fin de que las personas puedan ejercerlos plenamente y es el Estado el directamente obligado a ser garante, fiador de estos derechos humanos.
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