Postura pública de Asociación Mexicana de Derecho a la Información

LA NUEVA INICIATIVA BELTRONES REEDITA LA LEY TELEVISA
Transgrede el dictamen de la Corte y favorece a los monopolios
Miércoles 3 de diciembre de 2008

México, DF; AMEDI- La iniciativa para reformar el artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión que presentaron Manlio Fabio Beltrones y otros cuatro senadores del PRI, es un nuevo y desfachatado intento para infringir los acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca del régimen de concesiones para los medios electrónicos.
Con esa iniciativa se pretende que las concesiones de radio o televisión sean renovadas a discreción del gobierno federal, sin que haya licitación pública de esas frecuencias.

En junio del año pasado, la Suprema Corte enmendó las principales modificaciones que las cámaras de Diputados y Senadores habían dispuesto en las leyes federales de Telecomunicaciones y Radio y Televisión. Aquella reforma, conocida como Ley Televisa, otorgaba a las empresas de radiodifusión una onerosa colección de privilegios, entre los que se encontraba el refrendo prácticamente automático de las concesiones.

A diferencia de aquel régimen de prerrogativas atentatorias del derecho que el Estado tiene sobre el espacio radioeléctrico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la renovación de concesiones tenía que estar supeditada a un concurso en donde fueran evaluados tanto el desempeño del concesionario como las propuestas de otros interesados en operar tales frecuencias.

El dictamen de la Corte es inequívoco: “para que el refrendo de una concesión y la preferencia que se otorgue a su titular resulten apegados a la Ley Suprema, es menester que el titular de la concesión, al término de la misma, compita nuevamente, en igualdad de circunstancias, con otros interesados, pues sólo así se garantiza el respeto a los principios de igualdad, rectoría del Estado, planeación para imprimir dinamismo y crecimiento a la economía, dominio directo de la nación sobre ciertos bienes relevantes, entre ellos, el espacio situado sobre el territorio nacional y las vías generales de comunicación, prohibición de monopolios y concentraciones contrarias al interés público, utilización social de los bienes y administración eficiente, eficaz y honrada de los recursos del Estado, consagrados en los artículos 1, 25, 26, 27, 28 y 134 constitucionales. (SCJN, Engrose de la Acción de Inconstitucionalidad 26/2006 aprobado porunanimidad el 6 de agosto de 2007, página 534).

En contra de esa decisión, Beltrones y otros senadores pretenden que las concesiones puedan prorrogarse simplemente a partir de una evaluación administrativa por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esa actitud contradice la postura de la Corte, que ha señalado que el titular de una concesión podría tener preferencia al momento del refrendo únicamente “cuando se presente un equilibrio total o una igualdad absoluta entre varios interesados en cuanto a su idoneidad y al cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la concesión” (pág. 535).

Los autores de la nueva y regresiva propuesta, plantean que la empresa beneficiaria de la concesión pague una contraprestación por esa prórroga. Pero esa no es mas que una simulación porque además sugieren que para integrar ese pago se tome en cuenta el valor de los espacios que las estaciones de radio y televisión tienen obligación de entregarle al Estado. Entre esos espacios, se encuentra el tiempo para propaganda de los partidos políticos cuya gratuidad estableció la reforma constitucional de hace un año.

Así que, de prosperar la iniciativa de Beltrones, los empresarios de la televisión y la radio no solamente no pagarían por la renovación de sus concesiones. Además existiría la posibilidad de que el Estado tuviera que pagarles la diferencia entre los derechos por la prórroga y el monto de los tiempos estatales que hasta ahora han tenido que abrir para la difusión de mensajes institucionales y, ahora, de los partidos políticos.

El retroceso jurídico y político que esa iniciativa significaría tanto respecto de las decisiones de la Suprema Corte como de la reforma constitucional en materia electoral, sería descomunal.

En vez de empeñarse en congraciarse con las televisoras y con las cadenas de radio más influyentes, Beltrones y el resto de los legisladores federales deberían cumplir con su obligación para actualizar, en beneficio de la sociedad, la estancada e insuficiente legislación para los medios de radiodifusión y las telecomunicaciones.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, la Asociación Mexicana del Derecho a la Información manifiesta:

1.- Su total rechazo a la iniciativa presentada por Beltrones y otros legisladores, y exhorta al resto de los senadores, de todos los partidos, a desecharla por obsecuente y regresiva.

2.- Condenamos enérgicamente la grotesca distorsión que de los términos y criterios establecidos por la SCJN en la sentencia sobre acción de inconstitucionalidad 26/2006, hace la iniciativa del Senador Beltrones al manipular y rasurar párrafos completos de la sentencia publicada el 20 de agosto de 2007 en el Diario Oficial de la Federación. Un mínimo ejercicio comparativo entre ambos textos, da cuenta del nivel de descaro político en que incurren esos legisladores.

3.- Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales – especialmente aquellas dedicadas a la comunicación y a la promoción y defensa de los derechos humanos -, a denunciar esta nueva intentona de despojo a la Nación, y a no permitir esta reedición de la ley televisa.

4.- Solicitamos respetuosamente a todas las escuelas y facultades de derecho y de comunicación social o periodismo de las Universidades públicas y privadas de nuestro país, a poner bajo análisis de los programas escolares, la sentencia de la SCJN sobre la Ley Televisa, con el objeto de hacer una defensa informada sobre la necesidad de una nueva ley de radio, televisión y telecomunicaciones para México.

5.- Llamamos a los ex Senadores de la República que presentaron la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Televisa a salir abiertamente en defensa de la histórica batalla jurídica emprendida en la SCJN y de la sentencia favorable que lograron junto con muchas organizaciones sociales que los acompañaron.
Desde ya, anunciamos nuestra decisión para acudir a todos los recursos legales e institucionales a los que podemos tener acceso los ciudadanos para oponernos a esa nueva e inopinada canonjía a las empresas de televisión y radio.

México D.F., 3 de diciembre de 2008.

Por el Comité Directivo Nacional de AMEDI y su Consejo Consultivo: Javier Corral Jurado, Daniel Contreras Henry, Raúl Trejo Delarbre, Denise Dresser Guerra, Aleida Calleja, Gabriel Sosa Plata, Beatriz Solís Leree, Agustín Pineda.
Webmistress: Aida María Holguín Baeza

Radiografia fiscal de México

Radiografia fiscal de México 1/3
David Marquez Ayala
VECTOR ECONOMICO

Cuando hace ya más de un cuarto de siglo los fundamentalistas del libre mercado se hicieron del poder en México, la iglesia no cayó en manos de Lutero, pero el estado sí en manos de sus peores enemigos. El propio gobierno acuñó la frase del estado obeso como slogan justificatorio del desmantelamiento, entrega y privatización de prácticamente toda la estructura económica pública construida en el medio siglo previo. Lo peor de este saqueo nacional fue que el país y la sociedad perdieron mucho y no ganaron prácticamente nada. Hoy el Estado no es obeso es anoréxico, y una de sus peores anemias es la fiscal.

En su más reciente actualización de Tax Revenue Trends 1965-2007, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) actualiza sus estadísticas fiscales y modifica algunas cifras previas. Tomando 2006 (último año con cifras completas), los 30 países integrantes de la OCDE recaudaron en promedio el 35.9% de su PIB; México es el país miembro con el peor desempeño recaudatorio con sólo 20.6% de su PIB, muy lejos del promedio y lejísimos de lo que captan los países socialmente más avanzados como Noruega (43.9%), Francia (44.2), o Suecia y Dinamarca (49.1% de su respectivo PIB )

Continúa...
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Un excelente análisis de la participación de la recaudación de impuestos en el PIB en nuestro país, explica como se ha desmantelado la contribución de los mas grandes empresarios en las ultimas décadas, nota completa en VECTOR ECONOMICO
contribución2/3 en La Jornada

La sociedad narca

Lorenzo Meyer

dic. 18-08

Publicado en REFORMA


Es en defensa propia que debemos conocer a la sociedad narca y Julio Scherer nos abre una ventana para verla de muy cerca.

Un mundo raro"Un dije en forma de Tutankamón en oro amarillo de 14K con 228 diamantes de 0.01 puntos, 189 zafiros de 0.01 puntos y 83 rubíes de 0.01 puntos, peso 11 grs., falto de dos en la reasa". Cuentas bancarias: 16. Y entre los inmuebles, 223 terrenos localizados en el fraccionamiento Alto Valle, en Hermosillo, Sonora. Lo anterior es parte de la lista de bienes asegurados a Sandra Ávila, capturada el 28 de septiembre del 2007 y acusada de participar a fines del 2001 en un contrabando de nueve toneladas de cocaína. Lo anterior es parte de la historia que Julio Scherer narra en La reina del Pacífico. Es la hora de contar (Grijalbo, 2008), un esfuerzo por penetrar en el mundo del narcotráfico mexicano por la vía del diálogo incisivo con alguien que nació y se formó en ese universo.

El problema

Hoy por hoy, el narcotráfico es una actividad -se le podría calificar de gran industria- que se cuela hasta los cimientos de la sociedad mexicana. Por un lado, la razón de ser y el modo de operar del narcotráfico se asemeja a la de cualquier otra actividad económica -produce, distribuye y vende un producto demandado por consumidores repartidos por todo el mundo. Sin embargo, hay un elemento fundamental que distingue al narcotráfico de otras actividades económicas centradas en productos nocivos como el tabaco y el alcohol: su ilegalidad.

En el narcotráfico, tanto la oferta como la demanda están penalizadas, pero las fuerzas que las impulsan -la búsqueda de riqueza rápida y extraordinaria por un lado y de paraísos artificiales por el otro- han resultado más poderosas que la ley. Desde hace casi un siglo las organizaciones encargadas de imponer la norma han fallado. Y si ello ha sucedido en países tan institucionalizados como Estados Unidos, en el nuestro simplemente la institucionalidad ha reventado.

En México, el choque entre la fuerza del mercado ilegal y las estructuras de autoridad amenaza con desembocar en ingobernabilidad. Si a la pujanza del narcotráfico se le suman la crisis económica -el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas acaba de informar que el año próximo la economía decrecerá en 1 por ciento- y un sistema de partidos donde el que está avanzando -el PRI- es el mismo bajo cuya mirada complaciente nació, creció y se fortaleció el narcotráfico, entonces tenemos que concluir que el futuro pinta mal.

Lo que sabemos

Sobre el narcotráfico los datos son sorprendentes y terribles. Para empezar, y según el reporte de Naciones Unidas del 2005, el valor del mercado de drogas al nivel del consumidor fluctuaba en el 2003 entre los 322 y los 400 mil millones de dólares. En el reporte del 2008, la ONU calcula que la proporción de consumidores de todo tipo de drogas prohibidas es poco menos del 5 por ciento de la población mundial entre los 16 y los 64 años (208 millones de personas) y que los consumidores de las llamadas "drogas problemáticas" (cocaína, heroína, anfetaminas) son apenas el 0.6 por ciento (26 millones).

Según este mismo documento, el mercado mundial de drogas se ha estabilizado. Sin embargo, la realidad mexicana muestra todo menos estabilidad: en lo que va de este año, en nuestro país se atribuyen al narcotráfico alrededor de 5 mil 400 asesinatos, más del doble que el año pasado.

Lo que apenas conocemos

Los estudios especializados, como los de Naciones Unidas, ofrecen multitud de datos. Sin embargo, hay un mundo relacionado con la droga que difícilmente podremos conocer por esa vía, de ahí el valor de trabajos como el de Scherer. Nuestro autor -periodista tan profesional como tenaz- consiguió no sólo que se le abrieran las puertas de la prisión de Santa Martha Acatitla sino que Ávila, la atractiva "Reina del Pacífico", aceptara abrir, aunque parcialmente, una ventana para que observemos de cerca a la "sociedad narca".

Lo que Scherer ofrece es una vista parcial de las formas de vida que rigen en la sociedad de Ávila porque difícilmente ella contaría a los de fuera su auténtica biografía. Y es parcial por dos razones adicionales. Primero, porque aunque mujer singular, la Reina del Pacífico fue habitante de un mundo dominado en grado extremo por los valores del machismo, lo que le obligó a ser un actor subordinado. En segundo, porque nació, creció y maduró entre la élite del narcotráfico; su experiencia es propia de quien se movió entre los jefes y su círculo inmediato, muy distinto al del sicario común o el narcomenudista.

Esta obra de Scherer, como el resto de su bibliografía, es breve pero contiene lo esencial. Cada segmento de la conversación entre el periodista y la acusada no tiene desperdicio en palabras o ideas. Un resumen sería injusto. Sin embargo, en los diálogos destaca lo extraordinariamente violento, cruel y rápido de la vida en el narco. A los 18 años Ávila fue raptada y a estas alturas ya ha experimentado, según su propia visión, tres veces la viudez producto de otros tantos asesinatos. Primero el de su esposo, después el de quien ella llama su marido y finalmente el de su novio. También su hermano fue asesinado y su hijo secuestrado y liberado tras pagar millón y medio de dólares. Varias veces ha experimentado la angustia de vivir bajo amenaza o en fuga.

De las andanzas de la Reina del Pacífico, de la naturaleza de sus experiencias, queda claro que no hay diferencia entre los capos del narco y agentes del gobierno. Su esposo fue primero comandante de la Policía Judicial en Durango y luego se trasladó abiertamente al campo del narco. A su marido lo conoció como militar, luego fue policía y terminó en la sociedad narca. "Mi esposo tenía muchos amigos del gobierno, como le digo, militares, federales. Manejaba Culiacán como si le perteneciera...". Más adelante afirma: "Los narcos ya imponen autoridades a la luz del día, imponen a los presidentes municipales, los jefes de seguridad, los que les importan. Me he ido acostumbrando a esa realidad". En las grandes fiestas en la sierra, vio convivir a los jefes del narco y a los federales como miembros de una sola y nada santa hermandad.

En el mundo de Ávila las fronteras nacionales significan poco. Lo mismo se instaló un tiempo en Brasil que otro en Bolivia. En Tucson la detuvieron con un maletín que contenía millón y medio de dólares, pero la dejaron libre. Cuando consideró imperativo que su hijo se fuera a Canadá, a un internado, el dinero allanó todas las dificultades.

La solidaridad y la brutalidad se combinan sin dificultad en la sociedad narca. Por un lado "El día que un narco cae en prisión, su cártel le pone abogados, compra un departamento para el día que recupere la libertad, protege a su familia de todo a todo y toda la vida". Por otro "Con una acusación sin comprobar, en el mundo del narco se puede dictar sentencia de muerte a cualquiera". Si en un tiempo esposas e hijos no eran objeto de la venganza, ahora lo son.

En un punto Scherer confronta a Ávila: "¿No le ofende tanta riqueza /la suya y la de la sociedad narca/ en un país tan pobre?", y ella responde: "El país se ha ido haciendo así y yo no lo hice así. Habría que preguntarle a los políticos y empresarios, a los del tráfico de influencias, si ya se cansaron de ganar dinero". Desde su perspectiva "cada cual es libre para consumir la droga o rechazarla. Se es adicto por voluntad propia". Por otra parte "El narco se extiende y su dinero hace posible que pueblos y familias enteras del campo dejen el hambre".

En algún momento, Ávila opina sobre la política del gobierno: "Anoche vi al presidente en la tele. Dijo que la guerra contra el crimen organizado será cruenta y larga, pero sin duda la ganará el gobierno y ya la va ganando. Yo no creo que así vayan a darse las cosas... El narcotráfico y la corrupción forman parte de un mismo problema. Se alimentan... No hay manera de combatir el crimen organizado sin combatir la corrupción del gobierno. La guerra es una sola y no habrá manera de ganar media guerra".

Para la Reina del Pacífico todo es una gran injusticia: a ella se le acusa de algo que no se le ha probado pero tiene que vivir el infierno de la cárcel mientras constata que: "Vicente Fox y Marta Sahagún vivieron como quisieron y robaron como les dio la gana. Ahora, ni quien se meta con ellos".

"En la sociedad narca la riqueza como que brota... un día eres pobre y al siguiente millonario", dice Ávila. El costo de tamaña oportunidad, la muerte violenta, es uno que los narcos ya decidieron pagar. Esa decisión, en un medio donde la corrupción diluye la diferencia entre criminal y autoridad, imprime una fuerza extraordinaria al narco y un sentimiento de impotencia y rabia a la inmensa mayoría de los mexicanos que ven cómo el país marcha por un mal camino.

Obama

Publicado en Le Monde Diplomatique

Por Ignacio Ramonet

Cuando el próximo 20 de enero, el nuevo Presidente de Estados Unidos Barack H. Obama tome posesión de su cargo en el Capitolio de Washington, quizá recuerde que ese edificio fue construido por esclavos negros. Y cuando, horas más tarde, se aloje con su familia en la Casa Blanca, probablemente rememore que esa residencia también fue edificada por esclavos.

Él no desciende de esclavos. Ni forma parte de lo que algunos llaman los "negros furiosos" que asustan a los blancos. Si una sola vez, durante la campaña electoral, el candidato demócrata hubiese alzado la voz para denunciar el racismo hacia la minoría de color, al instante hubiese sido acusado de resentido o de rencoroso.

Y perdido la elección. Por eso, su táctica consistió en repetir que la identidad racial no era su bandera, que ser negro no significaba ser el representante de los negros. Ello no le impedirá pensar, en el momento de su toma de posesión, que cuando él nació, en 1961, aún existían leyes racistas en varios estados de su país y que muchos afroamericanos ni siquiera podían ejercer su derecho de voto.

Medirá el camino recorrido. Marcado por sangrientas luchas y por líderes de excepción como Malcolm X y Martin Luther King, asesinados ambos por grupos racistas.

La elección de Barack Hussein Obama es también un signo del vitalismo de la sociedad estadounidense. Una demostración de que el "sueño americano" sigue vivo. Que allí casi "todo es posible". Un momento de aire fresco después de ocho años de hedores putrefactos y de prácticas repugnantes de la Administración de Bush.

Por eso, prohibir la tortura y cerrar el penal de Guantánamo serán las primeras decisiones del nuevo Presidente. Su singular biografía, su porte elegante, su oratoria mágica y sus dotes de líder carismático le han convertido en breve tiempo en una estrella política para la opinión pública mundial. Por vez primera, un Presidente de Estados Unidos (todavía sin gobernar) es popular en el mundo árabe-musulmán, en África y en América Latina.

Regiones donde, por experiencia histórica, existe una desconfianza bastante generalizada hacia el Tío Sam. Muchos intelectuales críticos, dentro y fuera de Estados Unidos, han celebrado su elección ( léanse por ejemplo, pp. 6 y 7, las opiniones de Howard Zinn, Michael Moore y Tariq Alí ). Nelson Mandela, primer Presidente negro de Sudáfrica, en un mensaje de enhorabuena le declaraba: "Estamos convencidos de que usted va a poder finalmente realizar su sueño de convertir a Estados Unidos en un socio verdadero de la comunidad internacional que se consagrará a la paz y a la prosperidad para todos. Confiamos en que luchará usted en todas partes contra los flagelos de la pobreza y de la enfermedad" (1).

Unas esperanzas tan colosales y tan universales no podrán ser sino defraudadas. Por eso, en base a su experiencia de haber bregado con nada menos que diez Presidentes estadounidenses, Fidel Castro ha sugerido calmar los ánimos: "Sería sumamente ingenuo creer que las buenas intenciones de una persona inteligente podrán cambiar lo que siglos de intereses y egoísmo han creado. La historia humana demuestra otra cosa" (2). Y es que lo más duro para Obama empieza ahora. En primer lugar, porque el inicio de su mandato coincide con el peor colapso económico en un siglo.

Los estadounidenses esperan de él y de su equipo que consigan sacar al país del enredo de la crisis (inmobiliaria, bancaria, bursátil) en el que la Administración de Bush lo ha sumido. También le suplican que evite el naufragio industrial de los tres grandes fabricantes de vehículos, Ford, General Motors y Chrysler. Y la pérdida de millones de empleos.

Además, él mismo ha prometido instaurar un seguro médico universal que ansían como agua de mayo los más de 40 millones de ciudadanos desprovistos de cobertura médica. Sin contar el trabajo de Hércules que significará el lanzamiento de un ambicioso "Green New Deal". Un gran plan de desarrollo de nuevas tecnologías verdes para romper la petróleo-dependencia. Y para acelerar un salto hacia la innovación técnica que vuelva obsoleto el uso de energías fósiles. Como cuando, hacia 1880, la electricidad sustituyó al vapor y al carbón.

Todo eso no se hará de la noche a la mañana. Costará muy caro y los beneficios no serán evidentes a corto plazo. Habrá impaciencias en un contexto social duramente afectado e irritado por las crisis. El entusiasmo de hoy podría entonces cambiarse en decepción, frustración y cólera. Tampoco le será fácil al nuevo Presidente aplicar sus ideas de cambio en la política exterior estadounidense.

La era Bush marcó quizá el apogeo de la hegemonía mundial de Estados Unidos. Un poder que ha resultado efímero y en definitiva poco eficaz. Porque las guerras en Irak y Afganistán han puesto de manifiesto que la supremacía militar no se traduce automáticamente en victoria política. Por otra parte, el auge de China y de la India permite deducir que los días de Estados Unidos como primera economía están contados. O sea, que a Obama le va a tocar gestionar la "nueva decadencia" (3) de su país. Lo cual siempre resulta peligroso. Porque puede encontrarse a la merced de escaladas y sobrepujas.

En América Latina las cosas podrían ir rápidamente mejor si Washington aliviara o suprimiera el embargo comercial a Cuba y restableciera una relación constructiva con Venezuela y Bolivia. Aunque no será tan sencillo ( léase, pp.1 y 20, el artículo de Marcos Roitman ). Pero es en Oriente Próximo donde la situación seguirá siendo muy peligrosa. Y hasta puede empeorar.

Por ejemplo, si retira las tropas estadounidenses de Irak, como ha prometido hacerlo, el vencedor de la guerra será objetivamente Irán pues los chiíes, aliados de Teherán, quedarán al mando en Bagdad. ¿Lo aceptará Arabia Saudí, gran enemigo de Irán al que acusa de expansionismo? ¿Lo admitirá Israel, amenazado de aniquilación por Teherán, y donde en febrero próximo se celebran elecciones que podrían ver la victoria del ala más dura de la derecha en torno a Benjamín Netanyahu y sus amigos "halcones"? ¿Qué hará Obama si estos dos Estados se las arreglan para obstaculizar la retirada de Washington?

Cómo exterminar la plaga

Nota de Claudio Tapia en
15diario

La creciente drogadicción, la generalizada corrupción, la imbatible organización criminal, la absoluta impunidad, la inaplicación de la ley, el colapso económico por venir, y la democracia que no acaba de llegar, son las siete plagas que destruyen a nuestro frágil tejido social poniendo en riesgo nuestra viabilidad.
Debemos preocuparnos, y mucho, por encontrar a la brevedad, los remedios para esos males que azotan a nuestra desalentada sociedad. Por supuesto que sabemos que no existen soluciones mágicas que de inmediato, resuelvan de raíz los complejos problemas que, durante décadas, dejamos acumular. Pero algo hay que hacer, para ponernos en el rumbo que nos conduzca al anhelado desarrollo en paz con justicia social.
Muchas cosas hemos dejado de hacer o hecho mal. Los ciudadanos apáticos y desinformados, estuvimos durante largo tiempo, ausentes en la toma de las decisiones que afectaron la vida pública, y así nos fue. A esto llegamos. No podemos seguir así.
¿Podremos, los mexicanos, decir basta ya? ¿Seremos capaces de organizarnos para actuar en consecuencia y exorcizar a los demonios que nos flagelan con esas plagas, castigo a nuestra indolencia, egoísmo y falta de solidaridad?
Los habitantes de Tebas, lograron acabar con las plagas que los asolaban, desterrando de la ciudad a Edipo, su rey, causante del enojo y castigo de los dioses. Igual sucedió con los egipcios, que tuvieron que desagraviar a Yahvé para que retirara las plagas (en ambos casos hubo langostas: chapulines en náhuatl) enviadas como castigo por impedirle a Moisés conducir al pueblo de Israel a su anhelado destino.
Si en la antigüedad, esos pueblos pudieron exorcizar a sus demonios, ¿por qué los mexicanos no? Es cierto que nosotros no podemos exiliar al rey –ni siquiera tenemos los medios para hacer que renuncie- ni tampoco nos atrevemos a sacrificar a los que nos impiden llegar a la tierra prometida y así, lograr el perdón de los dioses para eludir el fatal destino. Pero podemos, en cambio, combatir a los chapulines para recuperar algo de credibilidad en nuestra naciente democracia, con la esperanza de que ésta, nos ponga en el camino de la gobernanza necesaria para solucionar el resto de problemas. Con sólo democracia, no habremos resuelto ninguno de los demás problemas pero, sin ella, no lo lograremos jamás.
Una forma de acabar para siempre con los chapulines, esos irresponsables miembros de la clase política mexicana que brincan de un cargo de elección popular a otro de manera ilegal e inmoral, consiste, simplemente, en cumplir con lo que ordena la Constitución del Estado y su Ley Electoral, negándoles a los saltarines candidatos, el registro para contender por ser inelegibles, ya que al obtener del congreso licencia indefinida para incumplir el cargo de elección popular, dejaron de ser ciudadanos: requisito indispensable para votar y para ser votados.
Lamentablemente, este insecticida no está en nuestras manos. Ni la Comisión Estatal Electoral está dispuesta a hacerlo, ni el Tribunal Electoral del Estado la puede obligar a negar los registros, porque no quiere actuar de oficio y los electores no se lo podemos solicitar. Sólo los partidos políticos y sus candidatos tienen interés jurídico para instar. A nuestras autoridades electorales, no les interesa cumplir la ley, ya lo demostraron en el proceso electoral anterior. Resulta ingenuo creer que los maromeros diputados van a reformar la ley para que los ciudadanos podamos, algún día, inconformarnos. ¡Ni modo!
Otra manera de extinguir a los depredadores de la representación popular, se puede dar por la vía del Congreso Estatal, si es que a los diputados que lo integran les da por aplicar la Constitución que juraron cumplir. En efecto, bien podrían los diputados, abstenerse de otorgar licencias por motivos distintos a los que la Constitución prevé, y dejar de arrogarse facultades que la propia Constitución no les concede. Otorgar complacientemente las licencias, prácticamente autoconcedidas, porque todos la partidos hacen lo mismo con sus candidatos, constituye una conducta ilegal, materia de juicio político o de procedencia. Pero, ¿algún ingenuo cree que éste podría prosperar? Ese mata-insectos, facultad exclusiva del Congreso, no sólo no está en nuestras manos, lo tienen en su poder los propios chapulines. Así que, otro ¡ni modo!
¿Qué nos queda? ¡Castigar a la hora de votar! Los audaces saltamontes, confiando en nuestra escasa cultura política y en su eficiente sistema de captación y cooptación del voto, creen que nada nuevo va a ocurrir. Juran que volverán a ganar. En sus campañas, utilizando los cuantiosos recursos provenientes de nuestras contribuciones, intentarán, una ves mas, convencernos de que lo que hacen es legal, que no está prohibido y de que, si bien brincar así resulta algo inmoral, no les queda de otra mientras no se puedan reelegir y, lo mas indignante, nos dirán que hay cosas más importantes que atender que el andarse fijando si cumplen o no la ley. Resígnense, todos violentan a la obsoleta constitución, nos dicen. Ya tienen a sus voceros y publicistas impidiendo que se cuestione su legalidad y legitimidad.
Se les olvida que ya no somos la misma sociedad. No se han enterado de que si ellos no son capaces de cambiar, los ciudadanos electores sí. Creo que se los podremos demostrar, si nos organizamos para promover el voto de castigo que le ponga fin a esa práctica ilegal que, entre otras, impide la consolidación democrática en nuestro país. Hagámoslo antes de que el desencanto y la desesperanza nos hagan, a todos, fracasar.
Después de unirnos para la promoción del voto de castigo -tenemos tiempo suficiente- deberemos salir, todos, a votar. El escenario de abstención les garantiza que los votos que su maquinaria electoral es capaz de capturar resultan suficiente para ganar.
No debemos desperdiciar ni dividir el voto en contra. Todos nuestros votos deben ir al candidato no chapulín más viable, sin importar su capacidad, preparación o extracción. Nos pondremos de acuerdo e impediremos caer en discusiones distractoras. No importan los defectos del que vamos a votar, ninguno es tan grave como el de ser chapulín, vividor eterno de la representación popular. Lo peor que nos puede pasar es que, en los próximos tres años, los cargos de elección popular los ocupen políticos ineptos, desinformados y hasta corruptos, como algunos de los que ya padecemos gracias a la alternada reelección.
A cambio de ese riesgo, con el voto de castigo, ciego, que probablemente nos veamos obligados a utilizar una sola vez, sentaremos un trascendente precedente que deje claro que la burla de los que suponen que pueden renunciar a la representación popular cuando conviene a su particular interés, simplemente, ya no la vamos a tolerar. Más aún, entenderán que incumplir la Constitución que juraron guardar, tiene sanción.
Los nuevos ciudadanos de la naciente sociedad civil, no sólo estamos decididos a aprender a deliberar y a participar, estamos empeñados en hacernos representar por ciudadanos elegidos para cumplir un mandato que, por definición, es irrenunciable y, revocable cuando las cuentas se rinden mal.

claudiotapia@prodigy.net.m
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¿Alguna similitud con los chapulines de Coahuila?
¿Fernando de las Fuentes la mejor opción para el Congreso local?

¿También la izquierda?

Publicamos en apoyo a Sanjuana Martínez.

Guadalupe Loaeza
9 Dic. 08

Era prácticamente imposible entrar. El salón más grande de la FIL, el "Enrique González Martínez", estaba lleno a reventar. Según los organizadores había más de mil 200 personas, la mayoría eran jóvenes, estudiantes de periodismo. No era para menos, las participantes de la mesa "Transformando la Sociedad a través del periodismo" eran nada menos que Carmen Aristegui, Lydia Cacho y Sanjuana Martínez, el moderador sería Rogelio Campos, columnista de Mural. En el momento en que entró este trío de periodistas súper aguerrido, todos comenzaron a gritar entre aplausos y ovaciones: ¡¡¡No están solas!!! La primera que tomó la palabra fue la autora de Prueba de fe. La red de cardenales y obispos en la pederastia clerical (Editorial Planeta). 

Empezó hablando de la autorregulación de los periodistas en los medios. Todos la escuchábamos con atención. "Existe un código no escrito para que los medios no hablen de otros medios, especialmente cuando se trata de los abusos laborales contra los periodistas. Cuando la empresa que censura es Televisa, es fácil indignarse y que el periodista reciba todos los apoyos de sus colegas, pero... ¿qué pasa cuando eres censurada por una revista de izquierda como Proceso?". En esos momentos mis ojos se abrieron por la perplejidad de las palabras de mi colega. Pensé que había escuchado mal, a tal punto que le pregunté a Enrique, mi marido, si en efecto Sanjuana había mencionado la revista tan prestigiada, me dijo que sí. Después traté de recordar este hecho de censura. En efecto, de repente me acordé que hacía dos años y medio entrevisté a Sanjuana para el Canal 40 en cuyo programa me había platicado que el director del semanario la había despedido, pero escuchemos lo que nos decía la reportera: "Mientras yo cubría la información del Vaticano sobre Juan Pablo II y la persecución contra los teólogos de la liberación no hubo problema, pero cuando empecé a escribir de la jerarquía católica mexicana llegó la censura en torno a mis trabajos de investigación sobre pederastia clerical que involucraba al cardenal Norberto Rivera. Me llamaba la atención que mi material se quedara en el cajón de la mesa de redacción. Primero una semana, después, dos, tres; luego un mes, hasta ¡cuatro! Cuando fui a México, porque en ese entonces yo vivía en Estados Unidos y le pregunté a Salvador Corro, jefe de información, qué pasaba, me dijo: 'No se publica tu reportaje porque parece que traemos una campaña contra la Iglesia'". 

El público escuchaba a Sanjuana totalmente atónito. Por mi parte, no daba crédito que la revista supuestamente más emblemática en lo que se refiere a la libertad de expresión cometiera esos actos de censura. Se hubiera dicho que Sanjuana se estaba refiriendo a otro medio, pero no a mi revista, semanario que leo religiosamente, semana tras semana, desde hace más de 30 años. Me dije que esa denuncia hubiera resultado perfecta para dicha publicación, pero que evidentemente no la podían cubrir puesto que iría contra ellos mismos, lo cual sería absurdo. Pero lo peor vino después, cuando Sanjuana explicó lo siguiente: "No hay duda que con el tiempo me fui convirtiendo en un elemento incómodo, porque no aceptaba la censura como respuesta. Me despidieron hace dos años y medio sin pagarme la liquidación que marca la ley federal del trabajo. ¿Qué hace una periodista frente al abuso de una revista tan poderosa como Proceso si ningún medio o periodista se atreve a cuestionar este abuso y otros más que ha cometido contra sus trabajadores?". No acababa de terminar de hablar Sanjuana, cuando ya todo el mundo la estaba ovacionando. Hay que decir que entre el público se encontraba un grupo de braseros reivindicando la devolución de sus ahorros que el Estado mexicano no les ha devuelto desde hace más de 40 años. En el ambiente se respiraba un aire de indignación, pero también de espíritu contestatario.

"Ésta es la primera vez que Sanjuana, una de las mejores reporteras mexicanas que tenemos en nuestro país, hace públicamente la denuncia de lo que le pasó en Proceso", dijo Carmen Aristegui. "Para mí es difícil abordarlo, porque es como si tuviera dos amores, pero hay que hablar sobre este tema especialmente porque entre el público se encuentra Vicente Leñero, el vicepresidente del Consejo de Proceso". Se escuchan aplausos, y Carmen continúa: "Mentarle la madre a Televisa es fácil, pero mentársela a Proceso no es fácil, por su historia, sus nombres como don Julio Scherer, y su contribución al periodismo libre y crítico. Pero esto que le hicieron a Sanjuana, Proceso tiene que responder por qué la corrieron y por qué no le dieron lo que le corresponde". Se escuchan aplausos y más aplausos. Por mi parte, yo agradecía, mentalmente, a Raúl Padilla por la creación de la FIL, la catedral de la cultura y el ámbito donde los jóvenes mexicanos pueden escuchar mesas de debate como la que sostenían estas tres maravillosas periodistas. ¡Cómo las admiré al verlas tan comprometidas, tan brillantes, tan congruentes, tan vitales y tan valientes! Me dije que ahora podía dormir tranquila. "Allí están. Si me pasara algo, sé que puedo contar con ellas, con cada una de las tres. Sé que ellas me van a salvar y van a denunciar mi caso". Así me decía, con una sonrisa en los labios, mientras las veía a lo lejos y corroboraba, cuánto las quería y las admiraba su público agradecido por su honestidad y congruencia a estas tres mujeres que habían padecido la censura en diferentes circunstancias.

La que también estuvo estupenda fue Lydia Cacho. Al verla tan sonriente, recordé lo que la revista El País había escrito acerca de ella en el reportaje de la lista de los 100 hombres y mujeres iberoamericanos del 2008, en el cual dicen que su sonrisa es "un cabo de auxilio, porque es clara y honesta". Ella habló sobre la misoginia, debilidad que conoce como la palma de su mano. Dijo: "¿Qué pasa si un director de un medio llama para manipular el proceso contra ese medio iniciado contra una periodista injustamente despedida?" Si Lydia Cacho se preguntó lo anterior es porque sabe que Sanjuana lleva dos años y medio luchando en la Junta de Conciliación y Arbitraje del DF sin haber tenido la primera audiencia. "No somos víctimas profesionales, estamos aquí para hacer nuestro trabajo. Pero si alguien decide despedir a una periodista por su trabajo hay que pagarle su liquidación".

En suma, el caso de Sanjuana es una forma de exhibir cómo el abuso contra una periodista se convierte en un atentado a la libertad de expresión.

Correo electrónico: gloaeza@yahoo.com

COAHUILA EN PRIMER PLANO. ONCE TV

México, D.F., 8 de diciembre de 2008.

Versión Estenográfica de los comentarios y opiniones vertidos por Sergio Aguayo Quezada, María Amparo Casar, Leonardo Curzio Gutiérrez y Francisco Paoli Bolio; durante la transmisión del programa denominado Primer Plano, de XE IPN TV Canal Once de Televisión.

LEONARDO CURZIO GUTIéRREZ: Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Primer Plano, qué bueno que nos acompaña este lunes.

Vamos a tratar de entrada el tema, una propuesta que ha hecho el Congreso de Coahuila, a instancias del gobernador de esa entidad, de reformar la Constitución y contemplar la posibilidad de que para los secuestros que terminen en homicidio de las víctimas o alguno otro causal, pueda contemplarse efectivamente la pena de muerte.

Por supuesto que esto se da en medio de una discusión muy amplia sobre cuáles son los mecanismos apropiados para luchar contra la oleada criminal que azota al país.

Debo decir que personalmente me parece una salida de tono completa de la lógica de la deliberación pausada, con criterios científicos, con experiencia internacional; que nos permitiera ir acumulando conocimiento para enfrentar un problema de, digamos, orden tan grave como el que tenemos.

Diría además que hace poco tiempo, todavía seguramente nuestra audiencia tiene fresca la memoria, los legisladores reformaron la Constitución para abolir la pena de muerte. Algunos de los partidos, el PRI, por ejemplo, que ahora la propone, ciertamente es el PRI de Coahuila, en el PRI nacional hay otras lecturas. En ese momento decía que era un gran paso.

También algunos legisladores del Verde, que ahora están haciendo campaña ni más ni menos que para promover la pena de muerte. En ese momento les parecía fantástico el asunto.Agregaría dos puntos más, si me lo permiten, tiene que ver con una propuesta que hizo el Presidente, hace poco tiempo, de poner cadena perpetua para los secuestradores.

En ese momento el Revolucionario Institucional sacó a relucir que había evidencia, cosa con la que coincido, de que el endurecimiento de las penas no necesariamente te lleva a una reducción de los delitos, que hay una, digamos, amplio margen de impunidad en este país, margen de las penas que se contemplen, el asunto es que se den las penas a quienes cometen esos delitos.

Y terminaría diciendo que hoy encuestas que se publican en prensa nacional, concretamente en

El Universal, demuestran que el 70 por ciento de los compatriotas están de acuerdo con la pena de muerte, el cuerpo social está enojado.Llama la atención que incluso aquellos quienes profesan una religión están completamente de acuerdo con la pena de muerte, a pesar de que el Cardenal Primado de esta ciudad, de este país, llamó a todos los católicos a pensar si ése era el camino.En fin, pongo esos elementos para discutir el tema.

SERGIO AGUAYO QUEZADA: Yo no sé si Humberto Moreira le gusten los toros o no, pero ciertamente utilizó la muleta de una manera magistral porque es una forma extraordinaria para evadir su responsabilidad en el aumento de los secuestros, las ejecuciones en su estado, en Coahuila, porque parte del problema que está surgiendo, no sólo en Coahuila, es un aumento en la criminalidad.

Yo al menos tengo reportes o comentarios de habitantes de Torreón, Saltillo y Monclova de que el crimen organizado está cobrando plaza a comerciantes formales, informales, a negocios bien establecidos.

Y el gobernador en lugar de cumplir con su responsabilidad de garantizar la seguridad a sus habitantes, saca la muleta y le avienta el problema al Congreso de la Unión, porque lo que está haciendo es enviando el problema al Congreso de la Unión y diciendo: ustedes reformen la Constitución que acaban de corregir e instauren la pena de muerte.

Y sólo como anécdota, otros dos gobernadores priístas que no se distinguen por su capacidad para imponer el imperio de la ley en sus estados, se han sumado o han expresado su beneplácito, el de Tamaulipas que es un estado sin ley, sin estado, no hay un estado de derecho, y la gobernadora de Yucatán, que también ha expresado su beneplácito.

FRANCISCO PAOLIO BOLIO: A mí me gustaría tocar dos puntos. Uno jurídico y uno político, en relación con esta propuesta de la pena de muerte.En el jurídico hay antecedentes muy viejos, el Marqués de Becaria escribió, hace muchos años, en el siglo XVIII, 1700 y pico, un libro que se llamó “De los delitos y las penas ya habían sido estudiados diversos delitos su efecto. Si eran capaces de cohibir la comisión de esos delitos, de reducirla.

Y se llegó a la conclusión de que la pena de muerte, que se aplicaba sólo a ciertos delitos desde entonces, no era capaz de cumplir con los objetivos, con algunos de los objetivos que tienen las penas, desde el punto de vista jurídico, que es un factor docente de transmitir a la población una pena muy grave que los asuste y que no cometan estos delitos. No ha ocurrido, quienes están inclinados aparentemente a cometer ese tipo de delitos, no hay nada que los asuste. Y la pena de muerte no es.

Y jurídicamente también hay un asunto que es muy grave, que es la irreversibilidad de la pena de muerte. La pena de muerte si se llega a probar que él no cometió ese delito y ya fue condenado a pena de muerte y ejecutada la pena, pues ya no hay manera de regresarse.En la otra hay manera aunque sea de decirle: una disculpa, tenía usted cadena perpetua pero ya apareció el verdadero.

La cuestión jurídica es muy clara que no cumple las metas que se busca con las penalidades la pena de muerte para reducir los delitos, para bajar su frecuencia, etcétera.Y la cuestión política es muy clara. Hasta la iglesia católica, el Episcopado ha declarado que se trata de un oportunismo político. Yo he escuchado a muchos decir que es en función de estas encuestas en donde efectivamente, como bien dices, el pueblo está irritado porque se han cometido muchos delitos y en lugar de aplicarse a la solución de la impunidad, etcétera, a la eficacia de la administración de la justicia, se está pidiendo la pena de muerte.

Que los castren, que los maten, cosas que son recordatorias de la venganza privada que quieren hacer pública y que quieren resolver un problema catártico porque no lo pueden resolver, no se puede resolver de otra manera.

Entonces políticamente se está aprovechando para las elecciones del 2009, con todo este bagaje, esta corriente que dice: hay que aplicar la pena de muerte para ganar votos. Y esto es lo que es muy incorrecto, a mi juicio.

MARíA AMPARO CASAR: A los dos argumentos que mencionan ustedes, uno que es la ineficacia aprobada de una medida de esta naturaleza y después la irreversibilidad, habría que agregar también el argumento, uno de los derechos humanos, no vamos a hacer un, echar reversa civilizatoria en el sentido de decir, porque vamos a tener que recordar a aquel ex gobernador que dijo: que los derechos humanos son para los humanos, no son para las ratas.

Y decir que no se puede basar un código civil o un código penal en la idea de venganza o en la idea del ojo por ojo, diente por diente. Finalmente creo que la única virtud que tiene la pena de muerte es la popularidad que tiene entre la gente y por eso la están, hay que decirlo abiertamente, por eso la están sometiendo, digamos, o la están adoptando el PRI y el Verde, con una lógica absolutamente electoral.

Si pensamos que entre el 70 y el 80 por ciento de las personas en México están a favor de la pena de muerte, podemos pensar que a unos partidos que están proponiendo retomar la pena de muerte, que no los olvidemos, como lo dijo Sergio, que fueron una iniciativa de los propios priístas y a los verdes, uno se preguntaría: pues no dieron una lucha brutal para que en el caso de las corridas de otros, voy a seguir, tú que mencionaste a los toros, para que se indulte a los toros.

Bueno, a los secuestradores o a los narcotraficantes no se les va a indultar, se pide el indulto para el toro pero no se pide el indulto para un delincuente. Es una lógica electoral por parte del Parido Verde y del partido, del Revolucionario Institucional, y no se vale, ahí sí jugar con los sentimientos muy razonables de la población, sentimientos de ira.

Y creo que toco un punto importantísimo. ¿Se debe de someter a consultas, a la opinión pública una política o un principio como el de la pena de muerte? Me parece que no. Y por ahí se está queriendo dar la discusión.Si la ciudadanía está pidiendo, 80 por ciento de la ciudad está pidiendo pena de muerte, entonces nosotros representantes de la nación adoptémosla y démosle a la ciudadanía lo que nos están pidiendo.Ahí sí aguas.

LEONARDO CURZIO GUTIéRREZ: Yo creo que si le dieran a la ciudadanía todo lo que pide, y se le comentaba al Presidente del Congreso de Coahuila, las encuestas también dicen que los diputados tienen poca consideración.Automáticamente tendrían que emitir una ley que los autodestruyera para estar en consonancia con esas mayorías…

SERGIO AGUAYO QUEZADA: Paredón a los diputados.

LEONARDO CURZIO GUTIéRREZ: No, digo, que se autorizo. A mí se me hace un argumento simplista y tonto.Pero déjenme subrayar un punto. Yo creo que íbamos razonablemente encaminados de agosto a la fecha entre fines y medios para atender un problema gravísimo para este país. Que había que coordinar más, que depurar policías. O sea, creo que íbamos en el camino correcto.

Y lo que se ha planteado desde Coahuila es un disparate, distractor, como si estás teniendo una conversación seria y de pronto alguien sale con una patochada y dice: A ver, esto es no sé qué; córtate la cabeza si te duele. Digo, de ese tamaño me parece el disparate en un país que estaba, insisto, organizando de una manera razonable cómo debían trabajar los tres niveles de gobierno y los tres poderes del Estado para enfrentar un asunto delicadísimo.

MARíA AMPARO CASAR: Es un disparate.

LEONARDO CURZIO GUTIéRREZ: Yo creo que aunque sea muy popular el asunto, porque le pegó en el corazoncito a un sector, hay que decirlo con toda claridad: Esto es una manipulación y es una tontería.

SERGIO AGUAYO QUEZADA: Pero es la consecuencia inevitable de la ineficacia de los partidos políticos y del los gobiernos. Si no están respondiendo a las necesidades de la población ahí vienen los demagogos y los simuladores, porque eso es lo que son. En un sentido o en otro Humberto Moreira y el Partido Verde Ecologista, están simulando.

FRANCISCO PAOLIO BOLIO: El único partido que sostiene la pena de muerte en el mundo.

SERGIO AGUAYO QUEZADA: Es el único, Partido Verde.¦

MARíA AMPARO CASAR: Siendo ecologista.

SERGIO AGUAYO QUEZADA: Siendo ecologista está a favor de la pena de muerte. Pero ésa es la simulación llevada al extremo.Y frente a ellos, por qué no impulsar una ley para quitarles el registro a los simuladores o revocar el mandato a quienes no cumplan. Es decir, obligarlos a que renuncien.

FRANCISCO PAOLIO BOLIO: Hay otra cuestión que se me pasó decir, y que es que México ha firmado un tratado internacional que prohíbe la pena de muerte.Y este es un tratado que ha sido ratificado por el Senado, por tanto tiene la misma vigencia que la Constitución, y contra esto se están yendo también.Y esto es muy serio, porque se puede pasar por encima de cualquier cosa.En 2005 se canceló la pena de muerte en la Constitución; entre otras cosas, por virtud de este tratado, porque lo que se señalaba en los artículos 14 y 22¦

LEONARDO CURZIO GUTIéRREZ: ¿Y qué tal aplaudieron priístas y verdes? En esa época decían que eran el colmo de la coherencia.

FRANCISCO PAOLIO BOLIO: Sí, pero lo que se quitó fue una disposición constitucional que decía que de acuerdo con las legislaturas de los estados se podía legislar la pena de muerte en los distintos estados, y que sólo subsistía la del, bueno. Y sólo subsistía a nivel federal el Código de Justicia Militar.Todo esto fue cancelado con el tratado y con la reforma en 2005, o sea, hace dos años y medio.

MARíA AMPARO CASAR: Hace dos años.

FRANCISCO PAOLIO BOLIO: Y ahora resulta que ya está

LEONARDO CURZIO GUTIéRREZ: Y estamos a 60 años.

FRANCISCO PAOLIO BOLIO: Cuando fue aprobado por unanimidad.

MARíA AMPARO CASAR: Tú estás hablando eso, en efecto, si la Constitución prohíbe o proscribe la pena de muerte, ahí vemos otra vez el populismo que se está haciendo, es inviable jurídicamente que pase esa reforma en el Congreso de Coahuila, porque no se apega a lo que dice la Constitución, pero no importa porque mediáticamente ya colocaron esto y entonces la gente dice: el gobernador de Coahuila sí tiene los pantalones para meter la pena de muerte.Es realmente, bueno, pues ése es el valor de nuestros gobernadores, de nuestra clase política.

SERGIO AGUAYO QUEZADA: Y regreso inevitablemente a un tema que tocamos la semana pasada.Y pese a esta falta de substancia en lograr en Coahuila que impere la ley, que se lleve justicia, tiene un alto nivel de popularidad. Es decir, aquí también hay que tomar en cuenta que la población ante la desesperación en la que se encuentra. Y es comprensible, no están respondiendo ni el gobierno federal ni los estatales ni los municipales, ni panistas, priístas, perredistas, ninguno a la exigencia de más seguridad, de mayor atención a las necesidades de las mayorías y, por tanto, se van con el lenguaje florido, lanzado por medios de comunicación proclives a dejarse seducir por las caricias de los poderosos, a difundir ese mensaje populista de un gobernador de Coahuila, que no me extrañaría, se está preparando para lanzarse a ser candidato a Presidente de la República en el 2012.

FRANCISCO PAOLIO BOLIO: Mira, ya lo destapaste.

LEONARDO CURZIO GUTIéRREZ: Pero estamos celebrando los 60 años de la Declaración de los Derechos del humanos y bien se vería este país dando esas regresiones brutales.La verdad es que a mí me preocupa mucho la falta de seriedad en la propuesta, yo esperaba que el PRI realmente hubiera hecho la lectura crítica que debió haber hecho todos estos tiempos como oposición, decir: oiga, si esa es la manera en que usted va a contribuir a resolver los asuntos de este país. La verdad es que es un PRI que no ha entendido bien hacia dónde vamos.Yo me conformaría con que el gobernador de Tamaulipas rindiera cuenta de cómo está su estado. Es un estado que está intervenido por la Federación porque no lo gobiernan. Y que a los delincuentes extraordinariamente peligrosos les aplicaran las penas que hoy están vigentes.Si los tienen enchiquerados en una cárcel y además su sed de sangre es tal, entonces ya podríamos discutirlo seriamente. Pero de momento me conformaría con que los agarren y los pongan donde deben estar, y luego ya planteen si tienen ese apetito de sangre tan fuerte, si lo quieren matar o no.Si no es un distractor vulgar.

MARíA AMPARO CASAR: Pero tú decías seriamente. Yo no he escuchado en las entrevistas que ha dado o en lo que ha reportado la prensa, ni un solo argumento más allá de insuflar los ánimos, de realmente un discurso que a lo que te lleva es decir: sí, castíguenlos y mátenlos a todos.No ha habido un argumento, no ha podido contrarrestar este argumento que viene, no lo sabía, Paoli, desde el siglo XVIII, pero lo hemos leído a lo largo de todo el siglo XX, diciendo no baja un apis en la criminalidad.Y no ha sido capaz de enfrentar éste y el resto de los argumentos que hemos resumido, digamos, en esta mesa.Así que discusión no veo ninguna.

Quiebra el diario PALABRA de Coahuila

Publicado en PROCESO

ARTURO RODRíGUEZ GARCíA
SALTILLO, Coah., 2 de diciembre (apro).-

El periódico Palabra, propiedad de Grupo Reforma, distribuyó este martes su último ejemplar, luego de 11 años de circular. El cierre del diario dejó sin empleo a cerca de 200 trabajadores.A través de un editorial publicado en la primera plana con el título "El precio de la libertad", el matutino dio a conocer el cierre definitivo: explicó que la solución de sus problemas económicos implicaba comprometer su línea editorial."

Durante todos estos años, Grupo Reforma desplegó en Saltillo un periodismo libre, sin ataduras, sin tapujos, honesto, objetivo y ajeno a los intereses de los grupos de poder."Para mantener incólume nuestra filosofía periodística, buscamos la autosuficiencia económica con sólo dos fuentes de ingreso: La venta del ejemplar diario y la venta de anuncios. La autosuficiencia nunca llegó", expuso.

Sin dar nombres, en su editorial, la dirección del diario aseguró que no cedió a las presiones de quienes pretendieron influir en su línea editorial. Según el texto, el encarecimiento del precio del papel periódico, así como la crisis del sector automotriz, que es la principal fuente de empleo en la región, obligaron a tomar la medida de cerrar el diario.

Desde el 20 de noviembre de 1997, Palabra se ocupó del quehacer saltillense, bajo la conducción de David Brondo García, quien había sido director del periódico El Sol del Norte, hasta su cierre en 1995.Desde su fundación, Palabra plagó su página editorial de distintos actores sociales y políticos que tradicionalmente no tenían cabida en los medios de comunicación, así como los académicos Rosa Esther Beltrán, Alejandro Dávila Flores y Esther Quintana Salinas.

A lo largo de sus 11 años, Palabra desató varias polémicas por sus reportajes e investigaciones de temas locales, entre los que destaca la revelación, en el año 2000, de un negocio inmobiliario que pretendía vender a la ciudad un predio inadecuado para construir una planta tratadora de aguas residuales que hasta hoy no se ha podido concretar.

En 2001, reveló el conflicto de intereses entre miembros del Cabildo y los propietarios de una empresa de limpieza a la que se le concesionaría el servicio de recolección.

En 2007, Palabra publicó a ocho columnas "Estrena Ochoa rectoría... y título", un reportaje en el que dio a conocer que el actual rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Mario Alberto Ochoa, concluyó su licenciatura en una academia comercial de la Ciudad de México, días antes de asumir la rectoría.

En los últimos tres años de gobierno, Palabra había mantenido una línea crítica al gobierno de Humberto Moreira Valdés.

Con el cierre de Palabra, en esta ciudad mantienen operaciones los periódicos Vanguardia, El Diario de Coahuila, El Heraldo de Saltillo y El Zócalo, así como tres más dedicados a temas policíacos.

Contracorriente

Publicado en Espacio 4, No. 342


Rosa Esther Beltrán Enríquez


Mientras el mundo clama y se organiza para lograr la abolición de la pena de muerte, en Coahuila el gobernador Moreira pretende presentarse como un adalid de la justicia impulsando una iniciativa para que la LVII Legislatura local la aprobara, como ya lo hizo y la enviara al Congreso de Unión a fin de que se implante la pena de muerte para secuestradores que asesinen a sus víctimas.

A partir del pasado día treinta de noviembre, 957 ciudades de todo el mundo, quieren hacer sentir su propia voz en defensa de la vida y de la dignidad humana que son bienes que no se pueden sacrificar", sostuvo el alcalde de Roma; afirma este edil que, "El significado de la pena de muerte no consiste más que en la venganza, que se quite la vida a un ser humano, con eso no se contempla la necesaria reeducación de quien ha sido condenado", concluye.


La pena de muerte se aplica en países occidentales como Estados Unidos, no así en el continente europeo, donde las legislaciones de la mayoría de países, no la aprueban.


Según informes de Amnistía Internacional (AI), la tendencia actual es una importante reducción de los Estados en donde la pena de muerte tiene vigencia. La jornada contra la pena de muerte conmemora que un 30 de noviembre de 1786, el Gran Ducado de la Toscana abolió este castigo. La organización AI, defensora emblemática de los derechos humanos sostiene que, algunos estados pretenden recuperar la pena de muerte, sobre todo allí donde hay mucha violencia.
Hay momentos de gran tensión social en los que es más fácil que se planteen estas demandas, pero la pena de muerte no resuelve nada. No se ha demostrado ni que resulte disuasoria ni que evite más crímenes.


Hay que rechazarla, porque es una violación al derecho a la vida de una forma brutal. Además, cuando se ejecuta nunca se puede estar seguro de que la persona no sea inocente y la sanción es irreversible, pero también, con un sistema de justicia como el mexicano en el que todo se puede comprar, corrompido hasta el tuétano se enviaría al patíbulo a los más pobres e indefensos.


Según las estadísticas en el 2007 se registraron 1.250 ejecuciones en el mundo; se estima que la situación más grave en cuanto a ejecuciones se presenta en China en donde se cree que en ese año pudieron presentarse 5000, aunque no hay precisión en los datos.


El gobierno de Moreira se autodenomina, “de la Gente”, pero está impulsando la aprobación de una ley que lesiona gravemente el derecho humano más elemental de las personas, el derecho a la vida, que es inviolable por lo que la pena de muerte es injustificable en cualquier caso, si la pretensión de Moreira progresara significaría una regresión histórica injustificable.


El gobernador Moreira seguramente se encuentra muy satisfecho por estar en la cresta de la ola mediática, ha logrado lo que es su mero mole estar en boca de todos, a él sí le quedaría el dicho aquel de “ cállate ya, chachalaca”, pues tal parece que habla por hablar, sin más, sin medir las consecuencias de sus acciones, pero lo peor es que el Congreso local le haga segunda, que se subordinen los diputados de Coahuila para aprobar lo que les mande, eso es indigno, es muy lamentable esa sumisión que confirma el mote de “rebaño”.

Parece que los legisladores coahuilense de la mayoría (PRI) no saben que la abolición de la pena capital ha sido un símbolo civilizatorio para el mundo, una prueba de modernidad ilustrada, apoyada en la convicción profunda de que la dignidad humana es un derecho fundante de las democracias.

Según las declaraciones del preclaro gobernador, los principios que lo inspiran se basan en el “ojo por ojo”; parece que su objetivo es acercarse rápido a la cultura Talibán: ahorcar y lapidar mujeres, cercenar cuerpos, él lo ha dicho, las formas de ejecución no importan, puede ser el cadalso, la inyección letal, la ahorca, de ahí se infiere el tamaño de la ignorancia de lo que se está proponiendo.


¿Recuerda usted, lectora, lector cuando en septiembre de 2007, Moreira se opuso a la reforma electoral federal que prohibía la difusión en los medios de la imagen y la voz de los funcionarios públicos y cómo estuvo en los medios nacionales y cómo los diputados priístas locales siguieron la línea y también se opusieron a la reforma y no la aprobaron de manera que Coahuila fue el único estado que se opuso a esa reforma? ¿Recuerda cuando en el aniversario del caso de Pasta de Conchos, como apareció a nivel nacional a denunciar, según él, con indignación, que Fox lo quiso extorsionar y todo el mundo preguntó por qué no lo dijo cuando sucedió el accidente?


Ir contra corriente, como en este caso de la restitución de la pena de muerte le ha rendido buenos resultados al profesor Moreira, porque a río revuelto, ganancia de pescadores. El populismo y la demagogia inflaman los ánimos, nublan la razón, propician la simulación y el engaño, es muy lamentable que se aproveche la indignación, la indefensión y el horror de la gente para lucrar políticamente con un asunto que involucra la vida de seres humanos.


Es muy grave echarle leña al fuego, exacerbar el miedo que la guerra contra el crimen organizado incrementa sin pausa en la gente que sólo padece las consecuencias de los malos gobiernos que pudieron haber actuado a tiempo para evitar que las situaciones llegaran hasta donde se encuentran ahora, ellos, los gobiernos son los directamente responsables de lo que estamos viviendo, ¿por qué hemos de pagar los ciudadanos, cuántos políticos merecerían la inyección letal por sus omisiones?

Se entiende, es comprensible que los han sido secuestrados y sus familias apoyen sin condiciones la iniciativa, apoyo que finalmente se sustenta en el deseo consciente o no de venganza.
Invocar la Biblia para argumentar a favor de la iniciativa de la pena de muerte, es insostenible porque se descontextualiza el problema, se habla desde otro tiempo, desde otra sociedad que ya nada tiene que ver con la actual, además, Dios es un Dios de vivos, no de muertos.
Poner sobre la mesa de discusiones la restitución de la pena de muerte no es un mérito, es una infamia populista indignante de la que muchos están logrando ganancias importantes por apoyarla.

Los que apoyan la iniciativa, deliberadamente pasan por alto que nuestro país ha suscrito diversos acuerdos internacionales de derechos humanos en los que la abolición de la pena de muerte es vigente y se sostiene en dos principios fundamentales el de progresividad y el de no regresividad.

Baste recordar, que el Estado mexicano, en 2005 reformó los artículos constitucionales 14 y 22 para abolir la pena de muerte y con ello se dio un paso que no tiene vuelta atrás; además esa reforma avaló la falta de disuasión de la pena capital hacia los actos delictivos, así como la ausencia de un sistema judicial efectivo y confiable.

El espíritu justiciero del profe es una zanahoria electorera, un señuelo engañabobos. Insisto que se juzgue y aplique la inyección letal a los políticos y jueces corruptos, a los rapaces que se enriquecen con los presupuestos públicos, a los políticos omisos que no cumplen con sus juramentos de servir a la sociedad, a los que compran votos para llegar al poder, a ver si se atreven a restituir la pena capital. Seamos serias y serios, señoras y señores.


rosaesther80@yahoo.com

ENVÍO DE CARTAS

Insistimos en el envío de cartas en apoyo a la Acción Urgente siguiente. 

Sólo es necesario mandar un texto a las autoridades correspondientes que se mencionan en el texto, expresando las acciones que son recomendadas ahí mismo.

AU/dic/2008

8 de diciembre del 2008

México: Iniciativa promovida por el Congreso del Estado de Coahuila busca modificar la Constitución Política de dicho país para restablecer la pena de muerte y eliminar a violadores y secuestradores.

El Congreso de Coahuila presentará una propuesta al Congreso de la Unión a fin de que éste dictamine si procede la modificación de los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de restaurar en el país la pena de muerte y que ésta pueda aplicarse a los secuestradores que asesinen a sus plagiados. Esta iniciativa se pondrá a consideración del Congreso de la Unión y posteriormente en cada uno de los Congresos de los Estados del país. 

La aplicación de la pena capital en México, significa una regresión histórica y un colapso moral del Estado mexicano y de la propia sociedad, ya que atenta contra el derecho fundamental de todo ser humano: la vida. 

En México, las herramientas y mecanismos de impartición de justicia, son corruptas e inciertas; el grado de impunidad que se ve en prisiones y centros de readaptación, son deshonestas; la práctica de fabricación de culpables, es común. Los mecanismos de procuración y administración de justicia defectuosos, incluyendo el funcionamiento de los ministerios públicos y sus órganos auxiliares como la policía judicial, así como la ineficiencia de las políticas públicas de seguridad, ponen en evidencia que con esta medida las autoridades se beneficiarían, perjudicando a ciudadanos inocentes, pues los errores judiciales, no podrán enmendarse.

Para evitar que se cometan los delitos no es tan importante la severidad de la sanción, sino la certeza de que se aplicarán correctamente. La pena capital no ataca las causas estructurales, sociales, económicas e institucionales de la delincuencia. No evitará extorsiones, levantones, secuestros, robos, fraudes, ni el terror que los frecuentes asesinatos nos causan.

El reinstaurar la pena de muerte en México tendría una repercusión importante a nivel nacional e internacional, que se reflejaría en sus relaciones políticas y económicas. Incluso significaría un retroceso en materia jurídica nacional y un peligro para la democracia que se desea lograr y las dictaduras que se desean eliminar.

En 1981 México firmó la Convención Americana de Derechos Humanos conocida como Pacto de San José y también se adhirió a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte y al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos para los que firmó su adhesión en el 2007. Sobre ello la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que los tratados internacionales forman parte de la Ley Suprema de toda la Unión, mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Poder Judicial de la Federación, determina que estos se ubican por encima de las leyes federales.

ACCIÓN RECOMENDADA. Favor de enviar cartas de adhesión en español o su lengua natal.

• Expresando la urgencia de detener el progreso de la iniciativa; olvidar el instinto de venganza y desahogo, y recuperar la razón, seguridad, cohesión de grupo y colaboración;
  
• Llamando a utilizar los presupuestos estatales y federales, a restablecer y fortalecer el sistema de justicia, para ofrecer seguridad a la población nacional;
  
• Urgiendo a construir un Estado de Derecho, según los protocolos internacionales que busquen el respeto a toda persona y a la sociedad;
  
• Llamando a respetar el derecho fundamental a la vida que tiene toda persona y que es primordial, inviolable e inalienable, por mayor que sea el nivel de degradación alcanzado.

Envíos de cartas a:

C. LIC. FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Residencia Oficial de “Los Pinos”, Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec, México, Distrito Federal, C.P. 11850 México
Fax. (52 55) 50 93 53 21
felipe.calderon@presidencia.gob.mx

DIP. CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Avenida Congreso de la Unión # 66, Colonia El Parque
Delegación. Venustiano Carranza, México, Distrito Federal, C.P. 15969 México
Tel. (52 55) 56 28 13 00 Ext. 1474 ó 01 800 122 62 72
cesar.duarte@congreso.gob.mx

SEN. GUSTAVO ENRIQUE MADERO MUÑOZ
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión
Xicoténcatl # 9, Centro Histórico, México, Distrito Federal, C.P. 06010 México
Tel. (52 55) 51 30 22 00
gustavo.madero@congreso.gob.mx

C. PROFR. HUMBERTO MOREIRA VALDÉS
Gobernador del Estado de Coahuila
Palacio de Gobierno 1er. Piso
Juárez y Zaragoza s/n. Zona Centro, Saltillo, Coahuila, C.P. 25000 México
Tel. (52 844) 4 11 85 00, 4 11 85 88, 4 11 86 34
hmoreira@coahuila.gob.mx o s.particular@coahuila.gob.mx

Copias a:
SILVIA CANTO CELIS
Directora
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C.
Hidalgo sur #166 Zona Centro, Saltillo, Coahuila, C.P. 25000 México

Tel. (52 844) 4 12 37 17, 4 12 37 84, 4 12 37 94 Ext. 137
derechoshumanos@diocesisdesaltillo.org.mx

Favor de hacer los envíos de manera urgente. Para envíos posteriores al 6 de junio de 2009, favor de comunicarse a las oficinas de este centro.

DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Dic. 10-08

¿Qué son los derechos humanos?

Los derechos humanos son atributos o cualidades inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.
Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos.

Universales e inalienables

El principio de la universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Este principio, tal como se destacara inicialmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, por ejemplo, se dispuso que todos los Estados tenían el deber, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Todos los Estados han ratificado al menos uno, y el 80 por ciento de ellos cuatro o más, de los principales tratados de derechos humanos, reflejando así el consentimiento de los Estados para establecer obligaciones jurídicas que se comprometen a cumplir, y confiriéndole al concepto de la universalidad una expresión concreta. Algunas normas fundamentales de derechos humanos gozan de protección universal en virtud del derecho internacional consuetudinario a través de todas las fronteras y civilizaciones.

Los derechos humanos son inalienables. No deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito.

Interdependientes e indivisibles

Todos los derechos humanos, sean éstos los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; o los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación, todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás.

Iguales y no discriminatorios

La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

El principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos y las libertades, y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías tales como sexo, raza, color, y así sucesivamente. El principio de la no discriminación se complementa con el principio de igualdad, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

Derechos y obligaciones

Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos . La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. En el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos respetar los derechos humanos de los demás.

60 años de derechos

Publicado en EL NORTE

Sergio Elías Gutiérrez9
Dic. 08

La humanidad debería estar mañana de fiesta. Se conmemoran 60 años de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Esta declaración fue elaborada entre 1946 y 1948 por una comisión presidida por la señora Eleanor Roosevelt; entre sus integrantes estuvo el celebre jurista francés René Cassin.

En la Segunda Guerra Mundial se dieron las mayores violaciones de los derechos humanos que haya conocido la humanidad. Millones de niños, mujeres y adultos mayores que no participaban en la guerra murieron en ella. Afortunadamente, no se ha vivido otra situación igual, aunque en muchos países los objetivos de la Declaración son una asignatura pendiente.

La Declaración de 30 artículos es uno de los documentos internacionales de mayor relevancia. En su preámbulo señala que "es un ideal común a realizar por todos los pueblos y todas la naciones a fin de que los individuos y todos los órganos de la sociedad tengan a esta Declaración constantemente en el espíritu, y se esfuercen por la enseñanza y la educación y por desarrollar el respeto de estos derechos y libertades, y asegurar por medio de medidas progresivas de orden nacional e internacional el reconocimiento y la aplicación universal y efectiva en los estados miembros".

A partir de ésta se desarrolló una cultura de promoción y respeto por los derechos humanos en casi todo el mundo. Como consecuencia, de 1948 a la fecha se han expedido o signado 12 convenciones o tratados, ya sea de manera regional, en Europa, Asia, o la más cercana a nosotros: la Carta de la Organización de los Estados Americanos.Otros se han firmado para reforzar derechos de determinado grupo social, por ejemplo, los que buscan proteger a los niños, niñas y adolescentes; a las mujeres; a los indígenas; o a los trabajadores, por citar los más relevantes.

Muchos han influido en nuestro marco normativo interno, al incorporar estos derechos a la Constitución, o vía la Suprema Corte de Justicia que, en sentencias recientes, ha reconocido que se pueden invocar los tratados internacionales en defensa de los derechos.

Por reformas a la Constitución del País, particularmente en el artículo 4, se reconocieron derechos a grupos determinados de personas; se reforzó la prohibición de dar trato desigual en la ley a las mujeres frente a hombres; se especificó que los niños tienen derecho a gozar de una alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Se estableció que ante la imposibilidad de los padres para preservar estos derechos, "el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos".

¿Cuántos de nuestros gobernadores o alcaldes saben que hay una ley para los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y que ésta les impone la obligación de atenderlos ante la imposibilidad, por cualquier causa, de que los padres puedan proveerles lo mínimo a sus hijos?Pasar de la consagración de los derechos a la realización de sus postulados es un asunto de la mayor jerarquía política. En los últimos años hemos vivido una expansión declarativa de los derechos humanos, pero desgraciadamente esto no coincide con la realidad.

Millones de niños viven sin alimento suficiente, los indígenas fueron reconocidos como grupo preferente de atención en sus derechos y siguen siendo los más pobres entre los pobres; las mujeres viven y mueren víctimas de la violencia por el sólo hecho de serlo.

Las autoridades refuerzan el poder del Estado para combatir la inseguridad. Lo mismo debería suceder con los derechos de los desprotegidos por la sociedad.

Vivimos con la ilusión de tener el juicio de amparo para proteger las garantías penales de los ciudadanos, pero no existe remedio efectivo contra el abandono de infantes, la discriminación o la exclusión de los beneficios sociales. Tenemos, desgraciadamente, muchos derechos sin garantía.

A propósito del tema, alumnos y profesores de la Facultad Libre de Derecho (FLD) y de la EGAP del Tec de Monterrey, al margen de celebraciones oficiales, recordarán mañana los 60 años de la búsqueda de la dignidad humana a través del derecho. La cita es a las 16:00 horas en la sede de la FLD allá por Morones Prieto al poniente.

Pena de muerte: inmoralidad y falso debate

EDITORIAL DE LA JORNADA

Dic. 9- 08

En días recientes, tras la aprobación, en el Poder Legislativo de Coahuila, de una iniciativa presentada por el gobernador Humberto Moreira para solicitar al Congreso de la Unión la realización de reformas constitucionales que permitan la restauración de la pena de muerte en el país, diversas voces del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como los presidentes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, César Duarte, y de la Junta de Coordinación Política del Senado, Manlio Fabio Beltrones; la dirigencia nacional que encabeza Beatriz Paredes, y los mandatarios de Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Nuevo León y Yucatán, han manifestado su apoyo para que la propuesta sea sometida a un “debate nacional” y a una consulta ciudadana, “como se hizo con la reforma energética”, con el argumento de que la medida goza de “popularidad” en la opinión pública.

Similar postura propagandística mantiene el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), franquicia electoral que en muy poco se parece a las verdaderas organizaciones ecologistas y ambientalistas del resto del mundo, que se ha caracterizado por la opacidad y la antidemocracia en su vida interna y ha medrado con su registro para obtener posiciones de poder y recursos económicos cuantiosos.

La idea de someter a discusión el restablecimiento de la pena capital en el país no sólo resulta discordante con los tiempos actuales, cuando hay una tendencia mundial a eliminar por completo ese castigo, sino que es contraria a avances civilizatorios irrenunciables e indiscutibles que no pueden ni deben ser objeto de debate, con independencia de la popularidad que tengan: nadie, en su sano juicio, demandaría que se pusieran a discusión temas como el restablecimiento de la esclavitud, la vuelta del país a la condición de colonia o la supresión del principio de separación entre la Iglesia y el Estado, por mencionar algunos.

En el caso de la pena de muerte, cabe reiterar que se trata de una medida bárbara, inhumana e irreparable por definición, que atenta contra las consideraciones humanitarias más elementales –empezando por el derecho a la vida– y que, dada la falibilidad de los mecanismos de impartición de justicia, supone el riesgo de ser aplicada a personas inocentes, sobre todo en países como el nuestro, donde persisten la corrupción de los aparatos judiciales, la impunidad, el manejo faccioso de las leyes y su empleo como instrumento de represión y persecución política.

Por todo ello, la abolición de ese castigo constituye una conquista moral de los estados y las sociedades, que no debe ser objeto de regateos ni discusiones. Queda claro, por lo demás, que lo que motiva a los promotores de la pena de muerte no es un afán de mejorar la seguridad pública ni hacer justicia a las víctimas de la delincuencia, sino un deseo de medrar política y electoralmente con el sufrimiento de éstas y con la angustia y la zozobra que generan en la sociedad el avance de la criminalidad y la ineficacia de las políticas gubernamentales para combatirla.

Tal actitud, de suyo inmoral y demagógica, es aún más reprobable si se toma en cuenta que el debate propuesto por el tricolor contraviene, de entrada, los tratados internacionales suscritos por el país. De tal forma, el priísmo ha lanzado el ofrecimiento de restablecer la pena capital a sabiendas de que tal objetivo difícilmente podrá cumplirse, y de paso ha puesto en riesgo un amplio consenso nacional en contra de ese castigo, en el que confluyen expresiones políticas de izquierda y de derecha, ideologías diversas, iglesias, organizaciones humanitarias y amplios sectores de la población.

En suma, la postura del PRI es insostenible, irresponsable y carente de otro propósito que no sea granjearse simpatías electorales de cara a los comicios del año entrante, y por ello, debe ser rechazada por la sociedad en su conjunto.

El gober justiciero

A Moreira, el gober justiciero, los opinadores, la iglesia, los ciudadanos le están tundiendo, le están recetando una sopa de su propio chocolate. Ha estado en la cresta de la ola mediática por más de 12 días, gracias a su refulgente propuesta de la legalización de la pena de muerte. Era lo que el buscaba, los reflectores. Ha conseguido también que lo califiquen como cabernícola, dictador, fantoche, etc. etc.
Duro al mequetrefe, bailarín. Duro.

¿Cómo los vamos a matar?

Publicado en REFORMA

Jesús Silva-Herzog Márquez

8 Dic. 08

El gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, ha desatado una polémica sobre la pena de muerte. Quiere que en su estado se pueda ejecutar a ciertos delincuentes. Así se hace en Estados Unidos, cuya Constitución deja a las entidades la libertad de imponer ese castigo.

El promotor del debate se adelanta, presuroso, a marcar con claridad los contornos de la polémica. "La discusión en Coahuila no es la pena de muerte, la discusión es cómo los vamos a matar: si los vamos a fusilar, los vamos a degollar o los vamos a ahorcar, o algo light que puede ser la inyección letal".

El gobernador se deleita con las variedades de la aniquilación: fusilamiento, degüello, ahorcamiento e introduce su peculiar humor: debemos considerar también la ejecución light a través de la inyección letal. Tras el listado, el gobernador comunica su preferencia por el mexicano método del pelotón frente al fusilado. Además de ser una tradición patria, resulta ser un método económico. De acuerdo con los cálculos del gobernador es más barata una bala que una inyección de veneno mortal.Las declaraciones del gobernador Moreira son repulsivas pero no son sorprendentes.

El caldo de la desesperación prepara la sopa del populismo penal. El gobernador de Coahuila no es el único que promueve el castigo irreversible. Los oportunistas del Partido Verde han visto también este tema como el pasaporte para la elección del año que viene. Hace unos años los verdes pedían el voto para los ecologistas, no para los políticos. Ahora ofrecen la pena de muerte como solución a la crisis de inseguridad. El tucán promueve la muerte de los asesinos y violadores. ¿Qué más da la incoherencia de una formación ambientalista convocando ejecuciones? ¿Qué importancia tiene el hecho de que los dirigentes de ese negocio hayan votado muy recientemente para prohibir esa pena en la Constitución?

El lema embona con las emociones del momento y eso es lo que cuenta. Es redituable electoralmente y eso es lo único que importa.La tesis del populismo penal es sencilla: la inseguridad que padecemos proviene de una cobardía de Estado que se remedia con bravura. Para los populistas, los delincuentes tienen demasiados derechos y el Estado prohibiciones excesivas.

El poder público se encuentra maniatado y es necesario liberarlo, rehabilitarlo, para que pueda ganarle la batalla a los criminales. Habrá que revisar las garantías individuales, darle más poder a los policías, mayor margen de acción al Ministerio Público, declarar una emergencia que archive la Constitución. Si el dolor de la amenaza aumenta, los crímenes descenderán.

Cuando el Estado pierda el temor y suelte las ataduras de la sensiblería, reimpondrá el orden.Al populista repele la advertencia de lo complejo. Cuando escucha los pormenores de un problema se tapa los oídos, cuando observa la maraña de un desafío, cierra los ojos. Él ve un mundo dividido en hemisferios: los buenos contra los malos. Las cosas son simples y las soluciones lo son aún más. A fin de cuentas, la política es asunto de arrojo. Definir el curso de la acción no es problema de diagnósticos, estrategias, trazo de rumbos y anticipo de etapas: es cosa de valentía. El populista encara la economía como el intrépido que brinca las recomendaciones de una ciencia para enfrentar a los oligarcas. La economía, sostiene, es el chicle más elástico del mundo y puede adoptar la forma de su antojo. La realidad puede abolirse con el aliento de un discurso o la tinta de un decreto. El populista encara la democracia como el paladín que expresa la voluntad profunda del Pueblo. Es el brazo popular que enfrenta la perversa conspiración de élites y reglas.

El populista ataca el crimen de la misma manera: con la charlatanería de la determinación y un simplismo maniqueo. El populista penal entiende la valentía política como la capacidad para enterrar la paralizante sensiblería liberal. El voluntarismo que niega la ciencia económica y rechaza los límites constitucionales, desprecia, en el ámbito penal, los derechos. Los derechos de todos, incluyendo, por supuesto, los derechos de los malos. Ellos, los malos, carecen de derechos. En su lenguaje ardoroso son animales, basura, escoria. Los derechos humanos, decía un troglodita hace unos años, son para los humanos, no para las ratas.

En todo caso, es innegable que el populista tiene la habilidad de agregarse a la emoción pública. El populista se suma a la rabia colectiva y se convierte en su portador. Así, pretende convencernos de que una política rabiosa es la salida a nuestra intranquilidad. Se percata de la desesperación, del miedo y de la furia. Palpa la frustración y los ánimos de venganza. Ante el fracaso (o, por lo menos, la insuficiencia) de la política gubernamental, ofrece escarmientos a la altura de la atrocidad criminal.

Su propuesta no es solamente bárbara: es absurda bajo toda consideración racional. Hay un amplio acuerdo sobre la inutilidad de esa barbarie que ha sido expulsada de todos los países desarrollados menos de Estados Unidos. La pena de muerte es un mecanismo ineficaz para reducir la criminalidad. En nuestro régimen, tan inconfiable como es, resultaría una atrocidad. Una atrocidad irreparable. Pero el populista no se hace cargo de estas pruebas. Frente a las razones responde con una encuesta: muchos quieren la pena de muerte. El demagogo se disfraza de demócrata. Olvida que la democracia no puede ser la conversión del grito popular en decisión política.

http://blogjesussilvaherzogm.typepad.com/

Moreira, dictador cerril

PLAZA PÚBLICA

Miguel Ángel Granados Chapa

5 Dic. 08

El gobernador de Coahuila no controla al Poder Legislativo. Es el Poder Legislativo. Ordenó a los diputados no aprobar una reforma constitucional. Y ahora dispuso que inicien otra, en pro de la pena de muerte

Como ocurría en los años del pleno autoritarismo priista, el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, es el Poder Legislativo. No lo controla, simplemente lo asume, lo ejerce. Ordena a los diputados qué hacer. Y procede sin el mínimo respeto a los legisladores. Anuncia, como acto propio, lo que harán los presuntos representantes populares, y éstos cumplen mecánicamente la instrucción del gobernador.

Así ocurrió en septiembre del año pasado, durante la ronda de aprobación de la reforma constitucional en materia de elecciones. Sin saber bien a bien de qué se trataba, anticipó que la legislatura local, su legislatura, votaría en contra de las enmiendas que entraron en vigor hace poco más de un año, cuya médula prohíbe la propaganda política pagada en radio y televisión. Los 20 diputados priistas hicieron bueno el pronóstico del gobernador. El Congreso local de Coahuila fue el único órgano legislativo local que se opuso a la magna reforma de la Constitución en materia electoral.

En estos días, de nuevo Moreira volvió a ser legislador, a imponer a sus diputados una discutible posición, ahora ante la pena de muerte. En agosto pasado, al calor de la indignación generalizada por el secuestro y el asesinato de Fernando Martí, el peculiar gobernador coahuilense habló por primera vez del tema. Lo hizo con propósitos electorales, pues el 19 de octubre hubo elecciones para renovar la Cámara de diputados, turno en que el PRI arrasó a sus contendientes. Una vez más ganó las 20 curules de mayoría, de modo que a partir de enero, cuando rindan protesta los nuevos diputados, Moreira estará en situación de ordenarles cuanta ocurrencia lo asalte, como lo ha hecho con la legislatura que se va.

Precisamente en vísperas de que concluya su periodo, los diputados priistas que tan fielmente interpretan el sentir de su jefe el gobernador, aprobaron presentar una iniciativa de reforma constitucional para restablecer la pena de muerte. Como el presidente de la República, y los senadores y diputados federales en lo individual, las legislaturas estatales, como cuerpos deliberantes, gozan del derecho de iniciar leyes. Esa atribución es la que el Congreso de Coahuila está ejerciendo: el martes aprobó la iniciativa, que presentará la próxima semana a la Cámara de Diputados. Para el caso de que ese proyecto se convirtiera en texto constitucional, Moreira tiene ya esbozada la reforma a la legislación penal local que permitiría privar de la vida a los secuestradores que maten a sus víctimas.

Con anticipación carente de fundamento, y para alimentar las tendencias autoritarias en su entidad, Moreira dice que en Coahuila ya no se discute si se establece la pena de muerte sino que ahora se trata de saber cómo se aplicará. Con demagogia vulgar dice que no se ha determinado si a quienes merezcan la pena capital "los fusilamos, los degollamos, los ahorcamos o les aplicamos una medida light, la inyección letal". Con irresponsable ligereza habló de cómo realizar las eventuales ejecuciones cuando ni siquiera se ha enviado la iniciativa al Congreso federal, donde su promoción no contará con el asentimiento general.

Después de varias décadas de no practicarla, y de que había sido suprimida de todos los códigos penales, el federal y los locales, hace precisamente tres años, en diciembre de 2005, el sistema jurídico abolió la pena de muerte, mediante reformas a los artículos 14 y 22, que el legislador coahuilense (es decir, Moreira) pretende modificar de nuevo en sentido contrario. Ignorante si no sabe que tal regresión es imposible, o demagogo si a sabiendas de tal imposibilidad la impulsa, Moreira expresa los impulsos elementales de una sociedad que reclama seguridad y considera que la justicia del Estado ha de equipararse a la venganza privada y que es todavía posible aplicar la ley del talión, la del ojo por ojo y diente por diente. En su campaña en pro de la supresión de la vida, Moreira apela a sentimientos cerriles, primitivos. Encuentra contradictorio que al despenalizar el aborto "se mate a inocentes" y haya en cambio reparos para ejecutar a secuestradores asesinos: si te matan a un hijo, pregunta insolente e imperativo, ¿no querrías que mataran a quien te hizo ese daño?

Con oportunismo electoral semejante al de Moreira, el Partido Verde Ecologista de México propone en el ámbito federal el restablecimiento de la pena de muerte. No ha dado los pasos formales en esa dirección, como ya lo hizo el supremo legislador coahuilense, porque al hacerlo haría evidente su incongruencia: sus bancadas en el Senado y la Cámara en la anterior legislatura votaron por suprimirla, como lo hicieron todos los grupos parlamentarios.

Como integrante de la comunidad internacional es imposible que México vuelva atrás en el camino de respetar la vida aun de los delincuentes más peligrosos. Conforme a compromisos internacionales explícitos, un Estado que elimina la pena de muerte no puede restablecerla. La Convención Americana de Derechos Humanos, que promueve restricciones cada vez más estrechas a la pena de muerte, se basa en el principio de progresividad, es decir de impedir la reversión de objetivos logrados.

Dado que no sólo controla sino que en rigor de verdad usurpa las facultades legislativas de la Cámara local, Moreira puede ser calificado de dictador, ya que uno de los rasgos definitorios de la dictadura es la fusión en uno solo de las atribuciones de dos poderes. Es, además, un político cerril, es decir, incivilizado.

Cajón de Sastre

Desde Saltillo, una lectora que se identifica lamenta el cierre de Palabra, el diario del Grupo Reforma. Dice que llegó a preguntarse "cómo es que todavía daba la batalla teniendo todo en contra o al menos combatiendo entre factores que no estaba a su alcance controlar". Por ejemplo, "la sociedad y la prensa son 'gobiernistas'. Al cien por ciento. La sociedad depende en gran parte del gobierno para subsistir y el 99 por ciento de la prensa, igual... Saltillo está lleno de periódicos (ratoneros) que se desgañitan en (nauseabundas) alabanzas al gobernador en turno... Por estas latitudes han olvidado que los gobernantes y políticos son servidores de los ciudadanos. Palabra lo recordaba constantemente. Ahora, ¿quién va a exigir? ¿Quién va a pedir cuentas a quien está obligado a rendirlas? ¿Quién será la voz de los pocos ciudadanos disidentes?". Correo electrónico:

miguelangel@granadoschapa.com