Horizonte ciudadano

Rosa Esther Beltrán Enríquez

Los beneficios y los beneficiaros

Los escándalos de impunidad y corrupción que día con día nos muestran los servidores públicos, diputados, senadores y demás, son como para encrespar al más apático y tibio de los ciudadanos informados.

La detención del “Niño Verde”, Jorge Emilio Gonzáles (apodo ofensivo contra los infantes), por conducir en estado de ebriedad y que debía permanecer al menos 20 horas en arresto; y con cínismo dio un nombre falso y se amparó porque, según él padecía hambre, sed y frío en los separos del Torito; así, el aliado incondicional del PRI es inmune, se ampara en el fuero que detenta como senador, para vergüenza de éstos, es la impunidad de la realeza mexicana. ¡Y qué!  

El mentado Niño Verde mintió, amenazó, violó el Reglamento de Tránsito lo cual es muestra fehaciente de la impunidad que padecemos por parte de la clase política. ¿Quién le reclamará y sancionará a este nefasto personaje, a quién beneficia la  alianza PRI-PVEM? La respuesta es obvia.

 Los legisladores han reconocido que la figura del fuero ha sido utilizada como una patente de corso que algunos legisladores y servidores públicos utilizan en su beneficio, para preservar privilegios personales.

Otro caso amparado por el fuero es el de la familia de Salomón Juan Marcos Issa, diputado federal y sus hijos Salomón y Antonio, este último diputado local, denunciados ambos por la Unidad Financiera de la SHCP ante la PGR por el delito de lavado de dinero por mil 600 millones de pesos, fondos que se presume, proceden de devoluciones fiscales.

En el Congreso local de Coahuila han sido presentadas al menos 5 solicitudes de desafuero contra servidores públicos priístas de diferentes niveles, mismas que fueron desechadas por la mayoría priísta de las distintas legislaturas.

En la Comisión de Puntos Constitucional de la Cámara de diputados se presentó recientemente un dictamen, que propone mantener la inviolabilidad de los legisladores por sus opiniones, aunque podrán ser sujetos a proceso penal.

La reforma comprende modificaciones a los artículos 61 y 111 de la Constitución Política y la supresión del segundo párrafo del artículo 112, de manera que ya no será necesario que la Cámara de Diputados declare, con la mayoría absoluta de sus miembros, si puede o no proceder la pérdida del fuero. Hasta la hora de entregar este texto aún no había información sobre los resultados de la sesión de la citada comisión.

La inmunidad parlamentaria data de 1814, cuando la Constitución de Apatzingán de ese año incorporó esa figura a la Carta Magna. En sus orígenes, el fuero estaba pensado para que los legisladores no fueran injustamente presionados en represalia por sus opiniones y decisiones. En países como Estados Unidos no hay fuero. En otros, está estipulado que en caso de que cometan crímenes deberán ser juzgados únicamente por la Suprema Corte, de tal suerte que no sean juez y parte.

En México el fuero se entiende como amplio y sin límite, independientemente de si el presunto crimen hubiera sucedido previamente al ser electo legislador y sin importar la naturaleza del delito. El fuero es una herencia medieval que parte del principio de que cada grupo merece un trato especial y debe ser juzgado por sus pares, pero en realidad es un principio que nos mantiene como una sociedad desigual y de privilegios.

No es la primera vez que en el Congreso de la Unión se debate sobre la necesidad de acotar el fuero a los legisladores y servidores públicos, pero esperar que el congreso local dictamine a favor del desafuero de cualquier servidor público de Coahuila es soñar. Esperamos que al menos a nivel federal se avance en limitar el fuero a los servidores públicos.

Justicia a trabajdores

1 En la conmemoración del séptimo aniversario de la explosión de la mina 8, pasta de Conchos en San Juan de Sabinas, un caso más de vergonzosa impunidad,  en un acto de elemental justicia el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes, se reunió con integrantes de la “Familia Pasta de Conchos” en la que se acordó reabrir el expediente atendiendo a la recomendación 64/2008 de la CNDH.

2  Otro caso que merece nuestra solidaridad y congratulación es el del Sindicato de Obreros Progresistas de la Fábrica La Estrella  de Parras de la Fuente a los que la Suprema Corte dictaminó como legal la huelga que iniciaron el 6 de julio de 2011, el dictamen invalidó también la quiebra declarada por José Antonio Rivero Larrea, actual dueño de la legendaria fábrica que cuenta con más de un siglo de historia.

La resistencia de estos grupos obreros ha sido ejemplar y ahora es recompensada con la esperanza de resoluciones claramente favorables a su lucha. En hora buena.