Horizonte ciudadano
Rosa Esther Beltrán
Enríquez
¡Vidas robadas!
Febrero fue un mes especialmente
prolífico en movilizaciones por parte de las organizaciones civiles dedicadas a
la búsqueda de los desparecidos y por las exigencias de que se investigue con
un manejo delicado, impecable y
transparente este sensible asunto, una deuda más del Estado Mexicano, que
solamente podrá saldarse si hay castigo para los responsables.
La Secretaría de Gobernación a
través de Lía Limón, subsecretaria de Asuntos jurídicos y Derechos Humanos
informó que tienen registrados 26 mil 121 casos de desapariciones y de esa
cifra 20 mil 915 están relacionadas con averiguaciones previas, actas
circunstanciadas o carpetas de investigación; las 5 mil 206 restantes se encuentran
pendientes de validación de datos, esa información está actualizada al 30 de
noviembre de 2012.
"Se trata de una base de
datos construida a partir de denuncias presentadas sobre personas no
localizadas con independencia de las circunstancias que dieron origen a su
ausencia", aclaró la subsecretaria que es un punto de partida para la
construcción de un registro nacional mediante el cual se iniciarán los
protocolos de búsqueda e identificación.
La Segob admite que las listas de
datos que están en poder de diversas organizaciones y dependencias de gobierno
serán consideradas para elaborar el registro definitivo y servirán para detonar acciones del gobierno.
Fuerzas Unidas por Nuestros
Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), organización surgida en 2009 en nuestro
estado se ha convertido en la punta de lanza de esta lucha y la que derivó de ella, Fuerzas Unidas por Nuestros
Desaparecidos en México (FUUDEM), con Human
Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), entre otras, son
interlocutoras de las instancias del gobierno federal en esta ardua y espinosa
controversia.
En estos casos, Coahuila aparece
en la cresta de la ola ya que las autoridades reconocieron 1,835 desapariciones,
aunque no han mostrado sustentos de ese número.
En esta entidad durante más de 3
años FUUNDC ha trabajado en documentar
más de 200 casos de desapariciones forzadas así como en exigir justicia y
acción, ya que la responsabilidad de las desapariciones está dispersa en los
múltiples cuerpos de seguridad y en ocasiones en conjunción con el crimen
organizado por eso las lecciones son muy claras, en la gran mayoría de los
casos no hay investigaciones o éstas son desacertadas con lo que la
responsabilidad se diluye.
En su Segundo Informe, FUUNDEC
manifiesta que se han entrevistado con José Gerardo Villarreal Ríos (6-02-13),
Secretario de Seguridad Pública, con Armando Luna Canales (6-02-13) cuando era
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, con Heriberto Fuentes
Canales (7-02-13), siendo Secretario de Gobierno y de las pláticas dedujeron
que los funcionarios no tenían todavía una información documentada y
sistematizada de la que pudieran derivar estrategias de acción viables sobre
este drama.
Las negociaciones que se
establecieron con el Secretario de gobernación Alejandro
Poiré Romero no se cumplieron. Con el Ejecutivo local se acordó que
se creara un Grupo de Trabajo Autónomo (GAT) y se propusieron al menos 5
acciones, algunas de ellas son: que integrantes del GAT, tengan acceso a los expedientes de investigación de
los casos de desaparición de personas que esté integrando la instancia
competente. Que se proporcione la
información, a fin de contextualizar las funciones de la Secretaría de
Seguridad Pública, sus protocolos para prevenir desapariciones, las acciones
por denuncias y los convenios de
colaboración con otras instancias públicas del Estado mexicano.
Así mismo, se propuso que en conjunto con el
Gobierno del Estado, el poder Legislativo y Judicial se convoque a la
realización de foros a los que concurran expertos nacionales e internacionales
con el propósito de elaborar un diagnóstico que coadyuve a que la sociedad
comprenda con claridad el fenómeno de las desapariciones de personas.
El Informe de FUUNDEC establece que hay al menos
tres líneas transversales que sintetizan las acciones de trabajo que proponen a
las autoridades: búsqueda, investigación y atención emergente.
Este Segundo Informe sobre las desapariciones en
Coahuila, muestra la experiencia dolorosa que los participantes de FUUNDEC han acopiado,
son ellos, las familias, los protagonistas que han visibilizado esta
escalofriante realidad; por eso
resulta exasperante la lenidad con la que han actuado las instituciones
coahuilenses y federales para hacer frente al problema de las desapariciones
forzadas que han robado cientos de miles de vidas de las que deben dar cuenta.
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