Elecciones 2009 - Reflexiones sobre el voto

La ola

Jaime Sánchez Susarrey
20 Jun. 09

Uno de los efectos del voto nulo podría ser el de una escoba que elimine parte de la pedacera política que no tiene alguna función positiva y sólo sirve a sus intereses

No, no es cierto. El voto nulo no es una "jalada". Tampoco es verdad que tendrá efectos nulos. Se trata, en primer lugar, de un derecho y de una obligación. El ciudadano que no se siente representado ni simpatiza con ningún partido debe anular su voto. Las variantes son muchas: tacharlo todo, votar por un candidato independiente, dejarlo en blanco o inscribir una leyenda (¡Basta/10!). Todas expresan el hartazgo ciudadano y son completamente legítimas.

El efecto del voto nulo será completa y absolutamente tangible. Por una parte funcionará como un voto escoba. Los partidos pequeños deben obtener un 2 por ciento -o más- de la votación para mantener su registro. Ese porcentaje se calculará sobre el total de los votos emitidos -incluidos todos y cada uno de los votos nulos- el próximo 5 de julio. Por eso la anulación del voto hará más difícil que la pedacera conserve su registro y más de alguno desaparecerá.

Según la encuesta de Reforma (17/06/09), en esa tesitura están el Partido del Trabajo (3 por ciento de intenciones de voto), Convergencia y Nueva Alianza (2 por ciento respectivamente) y el Partido Socialdemócrata (1 por ciento). Para evaluar el efecto de esta depuración hay que referirse a dos datos: el Partido Verde, el PT, Convergencia, Nueva Alianza y PSD absorben mil 309 millones de pesos de los 3 mil 633 millones que el IFE destina a los partidos. Y, además, ocupan 20 por ciento del tiempo oficial en los medios electrónicos.

Pero el efecto escoba del voto nulo va más allá del ahorro en los recursos públicos. La pedacera no tiene ninguna función positiva. Se trata, en todos los casos, de negocios corporativos (Nueva Alianza de Elba Esther Gordillo), familiares (el Partido Verde propiedad de los González Torres), caciquiles (Convergencia de Dante Delgado) o mafiosones (el PT de Alberto Anaya). Ninguno tiene un proyecto definido ni contribuye a la pluralidad democrática.

Por otra parte, el voto nulo tendrá un efecto sobre la partidocracia. En este caso, como se decía hace muchos años, el medio es el mensaje. La anulación del voto expresa, en sí, una crisis del sistema de representación. Pese a los ocho partidos existentes, hay millones de ciudadanos que se saben no representados y que están hartos de los abusos y la voracidad de todas las formaciones políticas, pero particularmente de las tres grandes. La clase política, o al menos los sectores más lúcidos, no podrá obviar ni subestimar ese malestar ciudadano.

La velocidad del contagio ha puesto ya la anulación del voto en el centro del debate político. Es importante, por lo mismo, medir las dimensiones del fenómeno. El padrón electoral está integrado por 78 millones de electores. Según la encuesta de Reforma ya citada, el 39 por ciento tiene la intención de votar el próximo 5 de julio, esto es, 30 millones 420 mil ciudadanos se presentarían en las urnas.

Y aquí viene lo verdaderamente importante: el 15 por ciento de esos votantes probables ha considerado anular su voto por no sentirse satisfecho con ninguno de los partidos políticos. Lo primero que salta a la vista es la dinámica del movimiento o, como ya dije, la velocidad del contagio. En mayo los anulacionistas sumaban un 10 por ciento. Nivel notablemente alto, porque nunca había habido un movimiento de esta naturaleza. Pero lo que tiene verdaderamente aterrada a la clase política es que en tres semanas se haya registrado un incremento del 50 por ciento.

¿De cuántos ciudadanos estamos hablando entonces? El 15 por ciento de los 30 millones que piensan acudir a las urnas equivale a 4 millones 563 mil electores. ¿Son muchos o son pocos? Si se les compara con los 25 millones 857 mil que votarían por algún partido no son demasiados. Pero semejante correlación deja de lado lo fundamental. Estos ciudadanos son jóvenes en su mayoría, están bien informados y han encontrado una vía para expresar su inconformidad.

El fenómeno no es menor ni tiene precedente. Hasta ahora internet ha sido el medio para tejer redes ciudadanas. De aquí al 5 de julio el movimiento podría expandirse aún más. La gran incógnita es si efectivamente estos ciudadanos saldrán a votar. Si lo hacen y la anulación del voto ronda el 15 por ciento, cimbrarán al sistema político. Será un pequeño tsunami. Ningún partido ni ningún político podrá cerrar los ojos ni los oídos. Por lo demás, es muy probable que la ola siga creciendo en los próximos días.

Por eso hay que repetir una y otra vez: es completa y absolutamente falso que el voto nulo tendrá efectos nulos. Quienes promueven esta idea están aterrados, quieren detener el movimiento, o se resisten a reconocer la realidad. La ola ya está aquí y va en aumento. El solo hecho de que el debate esté girando en torno de la anulación del voto constituye una victoria. Pero no es suficiente. El impacto dependerá de que el hartazgo ciudadano se manifieste y se concrete en las urnas. Por eso hay que acudir a las casillas y anular el voto.

La oportunidad es única. Sería imperdonable dejarla pasar. El voto nulo es el instrumento de un movimiento civil, pacífico y responsable. Está al alcance de todos y cada uno de los ciudadanos. No hay que desperdiciarlo. Hay que dar el primer paso este 5 de julio para marcar, luego, la agenda de la nueva reforma electoral.

El objetivo es claro: limpiar la casa, acotar a la partidocracia, abrirle cauces a la participación ciudadana y defender el derecho a la libertad de expresión e información. Parafraseando a José Martí deberíamos decir y escribir por todas partes: ésta es la hora de los ciudadanos y no habrá de verse más que luz.

(Visita la página www.basta10.com).

Para efectos democráticos, es más efectivo votar por un candidato independiente, que anular el sufragio

René Delgado

Reforma, Junio 20
El malestar ciudadano

Cuando el debate de una campaña electoral lo nutre ejercer o anular el voto, se entiende que la distancia entre ciudadanos y partidos está cerca de una fractura.

En ésas estamos y ese debate se ha tratado de ridiculizar -ahí está el payaso de Vicente Fox, calificándolo como "una jalada"- o de neutralizar con foros o promesas notariadas pero, en el fondo, se desprecia por los partidos: en vez emprender, ahora, una acción legislativa clara y contundente, se ha pretendido hacer creer que próximamente la ciudadanía será tomada en cuenta. Pese a la desesperación supuesta en la anulación, los partidos no se conmueven. Saben que con muchos o pocos votos, legitimados o no, tendrán sus curules y, entonces, no ven por qué atender el malestar ciudadano.

El peligro de vaciar la democracia es que, esta vez, ese acto de repulsa es consciente, exige ir a la casilla y, ahí, dejar constancia de que no hay elección posible, y se da en una atmósfera sobrecargada por la violencia desplegada por los factores reales de poder -criminales o no- que, al reconocer la fragilidad del momento, aprovechan para apresar las instituciones nacionales y el Estado de derecho.

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Muy vieja data tiene el divorcio entre ciudadanía y partidos y, a pesar de los peligros que entraña para la solución pacífica y civilizada de las diferencias, los gobiernos y los partidos lo ignoran o, peor aún, lo agravan.

A excepción de la reforma política de finales de los setenta, las demás han sido simples ajustes electorales. Esas otras reformas han puesto la energía y el esfuerzo en los derechos de los partidos pero no en sus obligaciones y, desde luego, han menospreciado los derechos ciudadanos.

Sin duda era importante que el voto fuera contado y contara, pero eso no bastaba ni basta. Todos los demás instrumentos de participación ciudadana -excepción hecha del acceso a la información- fueron escamoteados. Los partidos se esmeraron en elevar a los mexicanos con mayoría de edad al rango de electores, pero no de ciudadanos.

Las mil y un reformas de Estado cacareadas durante los últimos años nunca rebasaron el nivel electoral. Abordaron, como de si abalanzarse sobre un botín se tratara, las reglas para repartir el poder entre los partidos; y despreciaron, como si de residuos tóxicos se tratara, las reglas para rendir cuentas a la ciudadanía sobre el ejercicio de ese poder. Más de dos décadas se ocuparon en ajustar el porcentaje para el registro de los partidos, en aumentar sus prerrogativas, en integrar los órganos regulatorios, en normar su propaganda... pero siempre se dejó para otra ocasión ampliar la participación ciudadana.

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A esa conducta se agregó otra más peligrosa. Fincar las campañas electorales en la confrontación y la polarización ciudadana sin preocuparse, después, por reponer puentes de entendimiento entre ella.

En el 2000 pasó desapercibido ese peligro porque se decidió pagar el precio de la alternancia pero, luego, el foxismo no quiso ni supo convertir la alternancia en alternativa para consolidar la democracia. Desperdició la oportunidad de transformar el poder y rediseñar el régimen.

Luego, en el 2006 se echó mano del Estado de derecho para eliminar a un adversario así como del discurso de los pacíficos contra los violentos, de los criminales de cuello blanco contra los pobres pero honestos. Ahora, el partido en el gobierno no tiene empacho en presentar la elección como la opción de estar con o contra el crimen y de usar el combate a éste como instrumento de campaña.

A la ciudadanía se le ha confrontado poniéndole un cuchillo entre los dientes para que salga a encarar al otro -su vecino, su paisano, su compañero de trabajo- como el causante de que el país no salga del agujero a donde lo han llevado los partidos.


Incapaces de resolver sus diferencias, los partidos las trasladaron a los ciudadanos hasta generar un profundo desencuentro nacional.

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Desinteresados en legitimarse en las urnas sobre la base de darle contenido ciudadano al continente que son los partidos, los gobiernos emanados de esas elecciones han recurrido a otros instrumentos para consolidarse en el poder.

Si a Salinas el quinazo le vino como anillo al dedo, Calderón vio en el crimen organizado al enemigo común al que la nación en su conjunto y sin chistar tenía que hacerle frente. Así, sin estrategias ni planes, se ha embarcado a la nación en una y otra aventuras.

Ahora mismo, aun cuando se exhiben como trofeos de caza las detenciones, los decomisos, las incautaciones y los operativos, el resultado de esa aventura no es muy alentador: el autoritarismo cobra fuerza, la violencia aumenta y la garantía a la integridad, el patrimonio y la seguridad de la ciudadanía sigue siendo una quimera.

Hasta el lenguaje ha sido trastocado por la violencia. Los encobijados, los encajuelados, los ejecutados, los decapitados, los cocinados y, ahora, después de ver los cuerpos aparecidos en Uruapan, los destrozados... son palabras de uso corriente. El grado de la violencia exhibe el nivel de impunidad prevaleciente, no la victoria del Estado de derecho.

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Sin reformar el poder, sin legitimarse en las urnas, polarizando a la gente e integrando la violencia a la costumbre, gobiernos y partidos se han echado en brazos de los factores reales de poder al precio de soltarles las riendas de su voracidad.

Como a esos factores de poder, gobiernos y partidos no pueden dispensarles trato criminal porque, a fin de cuentas, se han asociado con ellos para sostenerse al frente de las instituciones, el chantaje, la imposición, el privilegio, la transa y la arbitrariedad se han convertido en la forma de entendimiento con ellos. Sin relleno ni respaldo ciudadano, gobiernos y partidos sucumben ante esos factores de poder y, por lo mismo, sacrifican los intereses nacionales en favor de los intereses particulares de sus patrocinadores.

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Hasta hoy, los anulistas no han conseguido nada. El canto de los partidos asegurando tenerlos presentes es música de fondo. Deben sostener y aumentar la presión hasta arrebatar, antes del 5 de julio, la convocatoria a un periodo extraordinario a realizarse por la actual Legislatura. Es ahora, no mañana. Exigir una acción legislativa clara, contundente y asertiva -se antoja, la reducción del número de integrantes del Congreso de la Unión, con aplicación al 2012- para, entonces, votar en vez de anular el voto.

Hay tiempo, poco, para darle contenido ciudadano al continente de los partidos. Otra cosa es fijarle fecha a la fractura.

Fausto Cantú Peña

(Publicado en Reforma)

Ciudad de México (14 junio 2009).- Proclives a la simulación, cada vez nos alejamos más de la autenticidad creativa y constructiva. Esto queda claramente manifiesto en nuestra democracia adolescente en la que el sistema de partidos políticos no llena las aspiraciones ni las necesidades de una población en creciente demanda de satisfactores de todo tipo, en su mayoría escéptica y abstencionista.

Onerosa, ineficiente e ineficaz para ser gobierno –que no Estado–, la partidocracia y su nomenclatura, así como sus cómplices, cierran la puerta a otras formas de participación ciudadana en pro del perfeccionamiento de la democracia y de la vida republicana; lo hacen conculcando el derecho o, también, haciendo a la ley farragosa y laberíntica para confundir al elector con el propósito ulterior de mantener sus privilegios en el manejo del poder público y el presupuesto.

Es el caso de la prerrogativa que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos otorga a los ciudadanos en su artículo 35 fracciones II y III para poder ser votados a todos los cargos de elección popular y asociarnos individual y libremente para tomar parte en forma pacífica de los asuntos políticos del país.

Conforme a lo establecido en el artículo 41, los partidos políticos son entidades de interés público y deben promover la participación del pueblo en la vida democrática y la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público; sin embargo, en el mismo artículo se prefija la condición de hacerlo de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan tales institutos. Dicha contradicción motiva el cuestionamiento al hecho incontrovertible de que si al ciudadano no lo convencen o satisfacen, pueda tener otra opción.

A mayor abundamiento, nuestra Ley Suprema no condiciona que para ser votados tengamos la obligación de afiliarnos, asociarnos o adherirnos a una agrupación o partido político específico a efecto de poder ejercer tal garantía.

Por lo anterior, es legítimo y suficiente para los ciudadanos quienes busquemos cargos de elección popular y no estemos afiliados o asociados a partido político alguno, o no compartamos los principios, programas o plataformas de éstos, o no estemos convencidos de la probidad y diligencia de sus dirigentes, simplemente notificar al IFE nuestras candidaturas, ajustarnos a los máximos de los gastos electorales autorizados, para que así, en caso de obtener la voluntad favorable del electorado, podamos tener acceso a los cargos de elección popular, en un ejercicio de auténtica democracia.

Por otra parte, no tiene sentido que en las boletas electorales que se utilizan en la jornada respectiva aparezca un espacio en blanco a efecto de que los electores lo usen y anoten en ese lugar el nombre del candidato independiente de su elección y se computen a favor de éste los votos que haya obtenido, y de ser el caso se le expida la constancia de mayoría correspondiente o la declaratoria que se infiere en materia de elección de presidente de la República.

Y para complicar el cuadro antidemocrático, los Candidatos Constitucionales Ciudadanos Independientes (CCCI) a quienes se reserva tal espacio son llamados "No registrados" en un acto de simulación.

En este sentido, el 31 de octubre del 2003, Constitución y República Nuevo Milenio A.C., agrupación ciudadana de análisis, debate y propuesta (plural y apartidista), presentó una consulta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al IFE, sobre la viabilidad jurídica de las CCCI, la cual hasta la fecha no ha sido contestada; asimismo, en el 2006 solicitamos el registro para contender 12 candidatos a diputados federales, mismo que el IFE nos negó y por lo tanto acudimos al amparo; finalmente nos encontramos deambulando de una controversia constitucional a otra.

En el 2009, 11 CCCI "no registrados" notificamos al IFE nuestra disposición a contender y solicitamos contara los votos a nuestro favor, a lo que el organismo contestó: "atendiendo a que no existe registro, los votos no registrados se computan en las actas de cómputo y escrutinio como votos de otros"; no obstante, gestionamos una iniciativa que modifique las disposiciones del Cofipe, para que se reconozcan cabalmente las CCCI y las plurinominales se asignen a éstas.

Incidentalmente, en lugar de nulificar el voto o hacerlo en blanco es preferible votar por Candidatos Constitucionales Ciudadanos Independientes.

El autor es economista del ITESM, coordinador nacional de Constitución y República Nuevo Milenio A.C.

La fractura y la nariz tapada
(Entrevista con RogerBartra)

Bartra llama a sí votar, aunque admite que, al hacerlo, los electores no podrán librarse de cierto tufo pestilente.

Roberto Zamarripa

Ciudad de México (21 junio 2009).- Roger Bartra (México,1942) ataca de nuevo. Publica La fractura mexicana (Random House Mondadori, 2009) que incluye una serie de ensayos sobre la imposibilidad de las principales fuerzas políticas emanadas de la elección del 2006 de generar un pacto de gobernabilidad lo que puede propiciar una involución.

"Mientras unos tratan de gobernar, los otros favorecen el desgobierno. En tanto unos tratan de negociar y dialogar, los otros bloquean los acuerdos. Esta fractura ha auspiciado que las fuerzas del antiguo régimen autoritario se presenten como una pantanosa mediación e intenten un juego cesarista encaminado a ganar las elecciones de 2009", advierte en su nuevo libro.

Bartra dice que esa fractura pega a la izquierda opositora como a la derecha gobernante, y atisba: "todo parece indicar que la izquierda sufrirá un importante desplome como consecuencia del lamentable espectáculo de sus actitudes rijosas y de su corrupción interna".

Sociólogo, antropólogo, analista, no anulista, crítico incómodo, Bartra responde a Enfoque, por escrito desde Londres, sobre su libro y califica como "un absurdo" la convocatoria pública a anular el voto.

Votará el 5 de julio, aunque precisa que lo hará "con la nariz tapada".

Afirma que las tendencias liberales y/o democráticas en el PRD y el PAN se han debilitado, sometidas por fuerzas conservadoras en ambos casos. ¿Cuál es la perspectiva de esas tendencias: formar nuevas agrupaciones o contender internamente para cambiar a los partidos?

En el caso del PRD las corrientes conservadoras populistas perdieron la dirección del partido en las pasadas elecciones internas frente a las corrientes de orientación socialdemócrata. Ahora los conservadores, impulsados por López Obrador, están operando en dos pistas simultáneamente: por un lado se mantienen en el PRD para influir en las decisiones políticas, contender internamente y obtener postulaciones a cargos de elección popular. Por otro lado se han aliado a dos partidos marginales, en peligro de extinción y decadentes, el PT y Convergencia, para apuntalar su influencia.

En el PAN no hay señales de que la fractura interna que opone a liberales y conservadores provoque que algunos grupos decidan formar nuevas organizaciones. Todo indica que la contienda seguirá siendo interna. Aquí también han avanzado las corrientes modernas, que ahora tienen a dos nuevos secretarios en el gabinete (Juan Molinar y Alonso Lujambio) y mantienen la dirección del partido.

Hoy se cuestiona la partidocracia en México. ¿Cree usted que el sistema de partidos mexicano está anquilosado? ¿Vive una crisis terminal?

Quienes más han cuestionado la llamada partidocracia son los empresarios y el duopolio televisivo, que añoran la vieja hegemonía del Estado nacionalista revolucionario, durante la cual ni siquiera el PRI tenía fuerza, pues era un mero apéndice del gobierno. Lo que llaman partidocracia es la democracia representativa. No les gusta la democracia y aborrecen el juego de partidos. El sistema de partidos no está anquilosado; por el contrario, se está moviendo e incluso agitando. Pero sí se encuentra en serias dificultades. El sistema electoral vigente fue diseñado para paliar los males del autoritarismo y funciona mal en las nuevas condiciones democráticas. Es necesario reformarlo.

La derecha partidista mexicana fue clave en los ochentas y noventas para impulsar reformas democráticas sobre todo a nivel electoral, cuando era oposición al PRI. ¿Por qué se ha frenado el impulso democratizador de la derecha en el gobierno?

El dinamismo de las reformas democráticas provenía de la presión simultánea y a veces coordinada de la derecha y de la izquierda. Pero la fractura política que se abrió en 2006 ha frenado los impulsos democratizadores de todos, dando como resultado un resurgimiento del PRI. Lo que hay es una parálisis política que dificulta los acuerdos entre partidos. La cerrazón de la derecha dura ha espoleado las reacciones populistas. La intransigencia de sectores de la izquierda ha fortalecido posiciones conservadoras en la derecha. El excesivo caudal de dinero que llega a los partidos ha estimulado sus actitudes faraónicas, erosionado los impulsos democráticos y estimulado la corrupción.

¿Por qué una izquierda que vivía del enaltecimiento de las luchas sacrificadas de sus militantes (Campa, Vallejo, Heberto Castillo) ahora simboliza la corrupción política?

No estoy seguro de que la izquierda simbolice la corrupción política. Acaso sea una exageración. Pero es evidente que la corrupción ha avanzado mucho en las filas de los partidos llamados de izquierda y en los gobiernos que controlan. Creo que es una amarga herencia de la cultura priista, que ha penetrado en todo el sistema de partidos. El espíritu de sacrificio correspondía a una época en que dominaba un sistema represivo; debió ser sustituido por un espíritu de servicio a la comunidad y a la sociedad. La transición democrática exige una vocación por construir y mantener estructuras dedicadas al bienestar. Pero muchos en la izquierda han confundido el espíritu de servicio político con el oficio burocrático y la rapiña.

¿Cuál es su opinión sobre el voto en blanco o la convocatoria a anular el voto en las próximas elecciones?

Las personas tienen diversas opciones a la hora de votar en secreto. Una de ellas es el voto en blanco o anulado, si no les satisfacen las alternativas. Es una opción perfectamente legítima, útil y comprensible. Otra cosa es la convocatoria pública para ganar adeptos de la anulación de votos. Ello es una forma peculiar de militancia política que conlleva una visión de la coyuntura. Responde a determinados intereses. Los anulacionistas del duopolio televisivo rechazan lo que llaman la partidocracia porque ella afecta sus intereses. Los pejistas desencantados se proponen castigar a los nuevos dirigentes del PRD inmolando su voto. Los añorantes del PRI quieren anular votos pues ello afecta principalmente al PRD y al PAN. Los radicales trasnochados quieren sacrificar su voto porque creen que el actual sistema es igual de malo que el antiguo régimen de partido único. Yo creo que en estos momentos el llamado público a la anulación del voto es absurdo. Forma parte de un ritual de sacrificio, no tan diferente al de una huelga de hambre. Es como una expiación: el voto es inmolado para reparar las culpas del sistema. Por ello quieren enviar el voto al desierto, como al chivo proverbial.

¿Dejar de creer en la representación electoral es un síntoma más de la fractura mexicana?

Es un síntoma de la melancolía que suele apoderarse de mucha gente en un régimen democrático. Siempre cito a Tocqueville al respecto. En La democracia en América se refiere a la nueva enfermedad de las naciones democráticas: allí la igualdad que desean siempre está a la vista, pero conforme avanzan hacia ella se va retirando: "a cada momento creen que están a punto de alcanzarla, pero constantemente se les escapa. Están suficientemente cerca para ver sus encantos, pero demasiado lejos para gozarlos... A estas causas debe atribuirse esa extraña melancolía que con frecuencia acosa a los habitantes de las naciones democráticas".

Ello sucede por confundir las cosas. La democracia es solamente un sistema de representación y no resuelve por sí misma los problemas sociales.

¿Votará usted el 5 de julio? ¿Hay por quién votar?

Sí, creo que hay opciones, aunque me temo que al votar por ellas habrá que hacerlo con la nariz tapada, como le ocurre a una gran mayoría de personas en todos los países democráticos. Yo nunca he logrado votar sin percibir algunos tufos pestilentes. En esta coyuntura, a quienes les disguste la posibilidad de que el PRI retorne con fuerza, se les ofrecen algunas alternativas. Anular el voto favorece al partido del antiguo autoritarismo.

Enuncie tres cambios fundamentales en el régimen de partidos.

1. Crear un sistema parlamentarizado, menos presidencial.
2. Rebajar sustancialmente, por lo menos en un 50 por ciento, el financiamiento gubernamental a los partidos.
3. Eliminar los representantes plurinominales y permitir la reelección de diputados y senadores.

Novedad editorial
Título: La fractura mexicana.
Autor: Roger Bartra
Editorial: Debate, de Random House Mondadori.
País y año: México, 2009.