Agua contaminada con arsénico, incumplimiento de resoluciones oficiales y aumentos tarifarios por encima de la inflación. Ese es el cuadro de situación que ha dejado la concesión a privados –más puntualmente a la empresa española Aguas de Barcelona, subsidiaria de la francesa Suez–, del servicio de agua potable y saneamiento en la ciudad mexicana de Saltillo, capital del estado de Coahuila.
La Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo (AUAS) presentó ante el Tribunal Permanente de los Pueblos los detalles del seguimiento que ha realizado de la actividad de esa empresa, que también ha sido cuestionada en otros países en los que ha operado.
Según el grupo de usuarios, la firma subsidiaria Aguas de Saltillo ofrece desde hace siete años agua sin condiciones de potabilidad, a precios excluyentes y sin cumplir con compromisos contractuales de extensión de las redes de servicios. Además se han constatado niveles de arsénico que sobrepasan el máximo permisible en algunos pozos; la empresa no ha obtenido el certificado de calidad sanitaria del agua potable que exige la Secretaría de Salud y, por otra parte, su actividad ha provocado sobre explotación en los acuíferos de la región.
Por otra parte, la AUAS ha denunciado incrementos irregulares de las tarifas: entre mayo de 2002 y agosto de 2004 aumentaron aproximadamente 68 por ciento, mientras que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (inflación) se incrementó 10,67 por ciento en ese período.
De acuerdo a la denuncia presentada en Lima, Aguas de Saltillo también ha desconocido resoluciones del Cabildo de la ciudad en la que se intimaba a la empresa a disminuir las tarifas del servicio. Ante el desconocimiento de ese dictamen, un grupo de usuarios presentó una queja colectiva ante la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (PROFECO) en noviembre de 2004, que falló a favor de los usuarios el 15 de mayo de 2006 y obligó a la empresa a pagar una multa de 1,6 millones de pesos mexicanos.
Sin embargo Aguas de Saltillo no pagó la multa porque interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que falló a su favor alegando que la resolución de PROFECO fue tomada y notificada fuera de plazo.
Una de las representantes de la AUAS, Gloria Tobón, conversó con Radio Mundo Real y aportó algunos datos adicionales a los incluidos en la demanda. En el proceso que llevó a la semiprivatización de Saltillo participó la empresa Arthur Andersen, involucrada en el caso del quiebre de la corporación estadounidense Enron.
Andersen fue la asesora contable de Aguas de Barcelona durante la fase licitatoria de los servicios de Saltillo. "En un principio se había dicho que eran diez las empresas que se iban a presentar, pero finalmente sólo lo hizo Aguas de Barcelona, porque las otras sabían que no tenían ninguna chance por la presencia de Andersen, que es muy influyente. Todo el proceso de adjudicación fue muy oscuro", afirmó Tobón.
También son cuestionables las prácticas que lleva adelante Aguas de Saltillo, en su afán de ganarse a la opinión pública regional y nacional: "En agosto del año pasado, un gerente de la empresa y otro alto funcionario crearon una organización que se llama igual que la nuestra, Asociación de Usuario de Aguas de Saltillo, algo que hacen con la clara intención de confundir a la población", agregó la activista.Visita el sitio radiomundoreal para escuchar la entrevista -17:40 minutos-
Este es el edificio del corporativo de AgBar, en Barcelona, España
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