Publicado en ESPACIO 4 No. 347

Rosa Esther Beltrán Enríquez


México a examen

El 10 de febrero, México se presentó a examen sobre derechos humanos ante las Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza en el Examen Periódico Universal (EPU); ahí estuvo Fernando Gómez Mont, Secretario de Gobernación presentando un informe sobre la situación del país en esta materia; y frente al triunfalismo gubernamental, la sociedad civil ofrece su propio diagnóstico, el cual se aleja bastante del de la administración caldernorista.

Al concluir el mecanismo de Examen Periódico Universal, en el que México fue sometido a una revisión sobre el cumplimiento y el respeto a los derechos humanos, el país resultó aprobado,(¿ )pero se reservó ocho recomendaciones a fin de responder sobre ellas ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en los próximos meses. Las recomendaciones fueron elaboradas y presentadas por 57 países.

Cabe destacar que el EPU es una innovación de la Asamblea General de la ONU respecto a esta temática que comprende 3 momentos: la de la presentación del país miembro de un informe sobre la situación del cumplimiento y respeto a los derechos humanos en su territorio, el segundo el informe que elabora la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos y en tercera instancia, las organizaciones civiles que defienden y resguardan estos derechos presentan también su informe al respecto.

De manera que el EPU tiene como propósitos: El mejoramiento de la situación de los derechos humanos en el terreno. La evaluación de los avances y retos que enfrenta el Estado. El fortalecimiento de su capacidad y de la asistencia técnica. El intercambio de experiencias y prácticas entre los Estados. El apoyo a la cooperación en la promoción, protección de los derechos humanos y el fomento de la plena cooperación y el compromiso con el Consejo y otros órganos de derechos humanos de Naciones Unidas. Durante tres horas, el país sustentante comparece ante un grupo de trabajo formado por un equipo de los países miembros.

Conviene destacar que en el informe presentado por Gómez Mont, el Estado mexicano al menos reconoce los rezagos y las debilidades institucionales que esta materia se presentan en la sociedad y al menos en el discurso también reconoce el desafío de que los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos sean aplicados mediante políticas públicas y la armonización legislativa que corresponda.

También es importante subrayar que en su informe, el Estado mexicano reconoce que el sistema de justicia necesita con urgencia una modernización y la profesionalización de todas sus áreas, se examina de manera pormenorizada la situación del sistema de procuración de justicia ubicando sus fallas; igualmente se acepta que la salida del ejercito de los cuarteles para colaborar en la lucha contra el crimen organizado, es una medida temporal, aunque lo cuestionable es que el informe oficial del gobierno no señala cuál puede ser la temporalidad de la participación del ejercito en el combate al crimen organizado, ni cómo se van a corregir las deficiencias que esta participación conlleva, a quién se atribuyen las responsabilidades, etc.

México se comprometió a atender la petición de varios países para dar una mayor asistencia a grupos vulnerables como menores, indígenas, trabajadores inmigrantes y particularmente las mujeres, víctimas de violencia. Igualmente se aceptó la recomendación de proteger a los periodistas, que son objeto de presiones, intimidaciones y asesinatos por investigaciones sobre la corrupción y el narcotráfico.

Mucho más hay que decir sobre este Examen en derechos humanos al que ha sido sometido nuestro país, específicamente el gobierno, ya que en numerosas áreas del territorio nacional se presentan flagrantes violaciones a las garantías individuales de los ciudadanos.

La situación de los derechos humanos constituye un factor de alarma para la población en su conjunto, un elemento adicional de exasperación social y un lastre fundamental para el cumplimiento del estado de derecho. Es obligado que las autoridades atiendan esta circunstancia, si no por elementales consideraciones éticas y legales, sí al menos por razones políticas y de imagen, pues un régimen que no respeta las garantías individuales resulta impresentable ante su propia población y ante el mundo.