GRUPO REFORMA

PLAZA PÚBLICA

Pasta de Conchos, tres años

Miguel Ángel Granados Chapa

19 Feb. 09

Indigna y ofende a los deudos que se pregone "ayuda humanitaria" pasados tres años de la tragedia en que murieron 65 mineros, de los cuales no se han rescatado los restos mortales de 63Al cumplirse hoy tres años de la tragedia de Pasta de Conchos, en que perecieron 65 personas, continúan vivos los conflictos legales y éticos a que dio lugar.

El principal motivo de fricción entre los deudos de las víctimas y la empresa concesionaria de la mina sigue siendo el rescate de los 63 cuerpos que aún se encuentran sepultados.Industrial Minera México, filial del Grupo México encabezado por Germán Larrea, insiste en la imposibilidad de ese rescate. En un mensaje del 16 de febrero expuso: "Durante más de 14 meses la empresa realizó un esfuerzo extraordinario las 24 horas del día y 7 días a la semana para llevar a cabo el rescate. Expertos internacionales en minas de carbón recomendaron enérgicamente la suspensión de la búsqueda de los cuerpos por ser un grave riesgo y atentado a la integridad física de los rescatistas. Seis meses después, el Foro consultivo, científico y tecnológico confirmó estas recomendaciones".

A tal punto se opone la empresa a reiniciar el rescate, que reaccionó con dureza frente al intento de emprenderlo. Un grupo de familias con el apoyo del sindicato minero, que financió la operación, penetró a fines de septiembre a la instalación y algunos rescatistas y familiares ingresaron a la mina, para desafiar el diagnóstico a que se atiene IMM sobre la peligrosidad de intentar el acceso. En diciembre siguiente la empresa denunció ante el Ministerio Público por allanamiento y daño en propiedad ajena a esas familias, a efecto de disuadir nuevos intentos.Otro grupo de deudos, la Organización Familia Pasta de Conchos, ha rebatido las razones contrarias al rescate: "El Foro consultivo, científico y tecnológico jamás afirmó que no se hiciera el rescate.

Esto lo dijo el secretario del Trabajo Javier Lozano para darles una ayudadita. Lo que el FCCYT afirma es que las condiciones inseguras en la mina pueden ser revertidas".

Rechazan también el peritaje pagado por la empresa sobre la imposibilidad del rescate. Según los peritos los restos de la mina están inundados y el agua corrompida, por lo que los rescatistas "pueden estar expuestos a infecciones crónicas, incluyendo hepatitis, VIH, patógenos entéricos y tuberculosis". Pero en el análisis dado a conocer por los peritos "no hay sida, ni hepatitis, ni tuberculosis". Y la prueba de que no hay tales riesgos es desde que la empresa abandonó la mina "después de intentar sellarla, mineros y familiares han bajado durante meses, aun sin tomar todas las medidas de seguridad que el rescate supone".

Por otra parte, el Grupo México se ufana de que "la empresa no ha dejado de atender a las familias no sólo cubriendo las indemnizaciones que han cobrado, sino con apoyo humanitario equivalente a varias veces esa indemnización, reparaciones adicionales a las previstas por la ley y apoyo semanal durante 14 meses, equivalente al trabajo de tres turnos diarios". También informa haber otorgado becas a más de 100 estudiantes hijos de mineros y brindado "atención integral a las familias con apoyo de profesionales como psicólogos, tanatólogos y médicos".

La Organización Familia Pasta de Conchos alega, en sentido contrario, que "a tres años de la explosión de la mina, que sigan pregonando su 'ayuda humanitaria' nos ofende e indigna aún más. Lo que nos han hecho es imperdonable... Desde el 4 de abril de 2007 las familias no han tenido ninguna comunicación con la empresa; incluso el presidente del Grupo México, Ing. Xavier García de Quevedo, ni siquiera se tomó la molestia de responder a la solicitud que hicieron las familias en mayo pasado de sentarse a dialogar. El compromiso anunciado por Grupo México carece de valor porque hace más de un año rechazaron el 'apoyo' de psicólogos, tanatólogos y médicos". Reprocha asimismo a la empresa el que tenga en curso un juicio de amparo contra el laudo que ordena calcular las indemnizaciones a razón de 300 pesos diarios, no a partir de salarios de 110 pesos, que era el monto desnudo, sin prestaciones.

Los deudos agrupados en la Organización Familia Pasta de Conchos han contado con el apoyo de organizaciones civiles, muchas de las cuales, como el Equipo nacional de pastoral laboral, mantienen vínculos orgánicos con la Iglesia Católica. El obispo de Saltillo, don Raúl Vera, ha sido motor de la inconformidad de los familiares que expresa su convicción de que su lucha no es asunto de dinero, porque "los muertos no se venden". Don Raúl se ha convertido en activista de esta causa.

Por ello figura a la cabeza de una petición que varios provinciales de órdenes religiosas hicieron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU (con motivo del Examen periódico universal a que fue sometido México la semana pasada).Los provinciales de las Hermanas Auxiliadoras, los jesuitas, los dominicos, los misioneros del Espíritu Santo, los padres maristas, los carmelitas y los Hijos de la caridad hacen suyas estas dos "presunciones cada vez más fundadas: la de que todas estas víctimas murieron no por un imprevisible accidente laboral, sino por causas imputables a la empresa Industrial Minera México y al gobierno mexicano, y la de que los restos mortales de 63 mineros permanecen sin ser rescatados no por falta de condiciones de seguridad para ingresar a la mina, sino porque la empresa, primer consorcio minero de México, y las dos últimas administraciones del gobierno mexicano no han tenido la sensibilidad humana ni la voluntad política para satisfacer la más importante demanda de las familias de los trabajadores".

Cajón de Sastre

Tras purgar una pena de 19 años y medio de prisión, ayer quedó en libertad Rafael Ávila Moro, considerado el homicida material del periodista Manuel Buendía. El 30 de mayo de 1984, Buendía fue asesinado por la espalda al salir de su oficina en la colonia Juárez de la Ciudad de México. Durante cinco años la impunidad, comprensible después, fue el resultado único de las indagaciones ministeriales. Se tuvo sospecha temprana, sin embargo, de que José Antonio Zorrilla, que era en el momento del crimen jefe de la policía política mexicana, es decir, director federal de seguridad, tenía la responsabilidad de ese execrable delito. Cuando en junio de 1989 fue detenido y la impunidad cesó, varios subordinados suyos, Ávila Moro entre ellos, quedaron incriminados. El ex agente ahora libre alegó siempre ser inocente. Su antiguo jefe continuará en prisión todavía durante varios años.

Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com