Eduardo Huchim
Decididos a fagocitarse el prestigio que le queda al Instituto Federal Electoral, sus consejeros van de traspié en traspié. Un día sobreseen el procedimiento para sancionar a dos televisoras y días después acuerdan adjudicarse un insultante incremento en sus percepciones, sólo para simular después, ante las iracundas reacciones populares y políticas, una confusa marcha atrás, pues el aumento quedó vigente y "no caben reconsideraciones sobre su validez legal", según lo expresó literalmente Leonardo Valdés Zurita, presidente del IFE.
Como bien lo explicó Guadalupe Irízar en Reforma (28/02/09), la forma que los consejeros hallaron para adjudicarse el incremento fue la adición de dos prestaciones contenidas en los incisos d) y e) del punto 5.2.1.5 del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de Mando para el Ejercicio Fiscal 2009 del IFE, publicado el pasado viernes 27 de febrero en el Diario Oficial de la Federación. Tales incisos dicen textualmente:
d) Prestaciones nominales es la cantidad cuatrimestral que se otorga al consejero presidente y a los consejeros electorales, por la complejidad, diversidad y pluralidad que conllevan las funciones que tienen encomendadas. Dicha cantidad consistirá en el 12% de las percepciones ordinarias brutas anuales.
e) Asignaciones adicionales es la cantidad cuatrimestral que se otorga al consejero presidente y a los consejeros electorales, por la responsabilidad y riesgo en el desarrollo de sus funciones. Dicha cantidad será equivalente al 8.5% de las percepciones ordinarias brutas anuales.
Independientemente de que resulta absurdo pagar prestaciones adicionales por la "pluralidad" y el "riesgo" que conllevan las funciones de los consejeros, lo más importante es que las cantidades involucradas elevaban a cerca de 330 mil pesos sus percepciones mensuales.
Teniendo en cuenta la certeza que por disposición constitucional debe regir la conducta del IFE, es claro que, si en verdad los consejeros están dispuestos a no recibir tales prestaciones, el acuerdo de la Junta General Ejecutiva publicado el viernes pasado debe ser derogado y sustituido por otro que no contenga los mencionados incisos ni otros similares. De otro modo se dará margen a la suspicacia, a la percepción de trampa e inclusive a la acción legal de alguno de los consejeros, so pretexto de que los salarios son irrenunciables.
Pese a la insensibilidad y torpeza política implícitas en el aumento, debe tenerse presente que la pretensión de los consejeros es legal. El pretendido aumento deriva de lo que la Constitución dispone en su artículo 41: "La retribución que perciban será igual a la prevista para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación". Una interpretación literal de esta disposición constitucional (reproducida en el Cofipe pero cambiando el término "igual" por "similar"), da la razón a los consejeros, pues lo que intentaron hacer fue homologar sus salarios con los ministros, si bien hay quienes estiman que la homologación debe hacerse sólo con el sueldo base y la "compensación garantizada o de apoyo" de los ministros, como prácticamente se hacía antes del escándalo.
En este sentido, la responsabilidad por la excesiva retribución a los consejeros del IFE no es tanto de éstos cuanto de los legisladores que determinaron la homologación y que, en el caso de los diputados, han aprobado presupuestos injustificadamente altos. Son esos mismos diputados que mantienen congelada la minuta de una reforma constitucional conocida inexactamente como "ley de salarios máximos", la cual fue aprobada por el Senado a propuesta del senador Pablo Gómez.
Quienes también están homologados con los ministros de la Corte, aunque carecen del cobijo constitucional expreso para ello, son los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya percepción es de 343 mil pesos mensuales netos, si bien este enorme monto -al que se agregan excesivas prestaciones adicionales- no causa escándalo como el del IFE, por la menor exposición pública de los magistrados y porque la homologación data de años ha. Con escándalo o sin él, la inmoralidad implícita en percepciones de esa dimensión es inocultable y quienes pueden ponerle freno, además de los legisladores, son los ministros de la Corte, si tuvieran los arrestos para hacerlo.
Omnia
El Instituto Electoral del Distrito Federal ha tomado por costumbre "comisionar" en sus oficinas centrales a coordinadores distritales que representan problemas de diversa índole en sus sedes. Son los casos de Francisco Millán, Martín Betanzos y Jaime Poy Reza. Este último afronta una denuncia penal que el senador Manlio Fabio Beltrones presentó en su contra, por usar una carta de recomendación apócrifa para sustentar su solicitud de ocupar una dirección ejecutiva en el IFE, hecha a Valdés Zurita. La denuncia ya fue ratificada e incluso se hicieron estudios técnicos-periciales para probar la falsedad de la supuesta firma del legislador.
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