Publicado en Vanguardia, 10-3-09
La semana pasada estuvieron en Saltillo dos representantes de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navy Pilari (Vanguardia, 6-3-09).
Esa Oficina se estableció en nuestro país en el 2002, cuando el Estado mexicano y la Organización de las Naciones Unidas firmaron un acuerdo de cooperación para la instrumentación de programas que incidan en el fortalecimiento del Estado y de la sociedad civil en su capacidad de promoción, difusión, protección y garantía de los derechos humanos.
El propósito de la visita de los representantes de la Alta Comisionada era elaborar un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en la entidad y en 6 estados más del país, el que consideran puede ofrecer una radiografía nacional sobre este delicado asunto.
Nira Cárdenas y Alan García (su homonimia no tiene ninguna relación con el presidente peruano), entrevistaron durante dos días a distintos representantes de instituciones gubernamentales, de la prensa local, organismos autónomos y organizaciones civiles, defensores de los derechos humanos de Torreón, Parras, Monclova y Saltillo.
Alan García manifestó que hasta su sede central en Ginebra han llegado denuncias sobre casos de Coahuila: “tenemos una base de datos donde se han recibido una serie de denuncias”…Indicó que el informe que presentarán comprenderá la situación de los defensores de los derechos humanos de los migrantes, de las mujeres, de los indígenas y de los medios de comunicación.
Por otra parte, conviene señalar que, el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, presentó el mes pasado un informe en el que respondió al llamado urgente de estos agentes que en México y en Coahuila enfrentan una situación de desconocimiento y represión, no existe aquí un reconocimiento como actores de utilidad pública en un estado de derecho, ni protección para su seguridad por parte de las autoridades estatales ni aún de la sociedad.
Para sustentar la anterior afirmación basta recordar que el Centro, Juan Gerardi de Torreón fue asaltado 2 veces, que se presentaron sendas denuncias y no ha pasado nada, igualmente, en el Centro Diocesano para los Derechos Humanos de Saltillo se perpetró un ataque a una secretaria y registro de la documentación, igual se presentó la denuncia correspondiente y a un año 3 meses no hay resultados, las campañas de desprestigio contra algunos defensores de los derechos humanos son constantes e impunes, la denostación y los incidentes aparentemente fortuitos, como la vigilancia velada y las amenazas e insultos, son habituales, y la impunidad se enseñorea en Coahuila.
Los distinguidos visitantes de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU conocieron el contexto en el que se vive el tema estratégico de los derechos humanos en Coahuila, se llevaron una radiografía bastante clara que muestra la inexistencia de espacios para el diálogo y la intención
velada de criminalizar la protesta social y la libertad de expresión que son derechos inalienables.
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