Propaganda política, derroche sin límites
Rosa Esther Beltrán Enríquez
Por fin algunos medios de comunicación abordan sin tapujos
el dispendio que se permite el gobierno de Enrique Peña Nieto y los gobiernos
estatales para publicitar su imagen.
Amparados en un marco normativo que facilita la opacidad y
los excesos, los gobiernos federal y estatales destinan cerca de 12 mil
millones de pesos anuales a publicidad, así lo muestra el informe divulgado por
el Centro de Investigación y Análisis, Fundar en el que se advierte sobre la
“censura oficial indirecta”, mecanismo que consiste en presionar para influir
en la cobertura de noticias y modular el panorama mediático o las líneas
editoriales de los medios, a través de una asignación sesgada y opaca de la
publicidad gubernamental (Reforma 6-1-15).
En la investigación se analiza el gasto que ejerció el
Ejecutivo federal en su primer año (2013) y según el estudio la administración
federal centralizada y paraestatal gastó 4 mil 195 millones de pesos en publicidad.
Las secretarías de Turismo, Hacienda y Energía fueron las que más gastaron. En
2014 el gasto se elevó a mil 908 millones de pesos en el mismo lapso.
El dinero público que “invierten” tanto el Gobierno Federal
como los estatales en publicidad, no tiene ninguna indicación clara de que el
gasto sea eficaz o llegue a los grupos a los que está destinado, subraya el
informe de Fundar. “La distribución del gasto en publicidad oficial privilegia
a la televisión, que concentra 33 por ciento del gasto, lo que equivale a
mil 392 millones de pesos. En segundo lugar se encuentra la prensa escrita, con
el 18 por ciento, que equivale a 736 millones de pesos, y en tercer lugar la
radio con el 14 por ciento, equivalente a 584 millones de pesos”, mientras
internet mantuvo un estatus marginal, agrega el informe. En el mismo sentido,
se estima que diariamente el Gobierno Federal gasta 6.3 millones de pesos en
promocionarse.
Lo que se advierte con claridad es la discrecionalidad con
la que los gobiernos gastan nuestros impuestos, lo que usted les entrega de su
salario, pero lo que ellos necesitan es promover su imagen, comprar
complacencia, por eso lo he dicho en repetidas ocasiones, la complacencia
mediática es corrupción.
Tras la discrecionalidad y la falta de regulación de miles
de millones de pesos de dinero público que se usa como premio o castigo está
una censura sutil, prácticas que limitan al periodismo en cuanto a la libertad
de expresión y también el derecho a la información de la ciudadanía.
Como bien lo dice Darío Ramírez, director de la organización
Artículo 19, “es evidente el total despilfarro y el despojo que significa el
gasto de ese dinero”.
La política de comunicación de Peña Nieto y su nuevo PRI es
rapaz, semejante a la de Rubén Moreira; el control mediático de los gobiernos
priístas hasta ahora ha sido drástico mediante la cooptación, el control y la
intimidación sobre todo a los disidentes.
El gobierno de Peña Nieto detiene o suelta pagos a
medios, premios o castigos según la información convenga o no a sus intereses,
así se aplica la censura oficial indirecta.
La corrupción mediática es un hecho agobiante promovido por
Peña Nieto y los gobiernos estatales, ellos necesitan de esa política de
comunicación para sofocar y controlar la crítica y ocultar la corrupción que
les ayuda a mantenerse en el poder.
Hace algunos meses, la organización Fundar envió una carta
al Senado de la República para que antes de que se aprobara la Reforma Política
se incluyera un artículo transitorio para que se expidiera una Ley General
sobre propaganda gubernamental que regulara el artículo 134 de la Constitución
a fin de que la publicidad oficial tuviera un uso regulado y limitado, pero la
demanda no fue atendida, nada pasó, y nuestros impuestos se dilapidan en un
barril sin fondo de propaganda oficial.
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