Horizonte ciudadano
Rosa Esther Beltrán Enríquez
Duro de abordar
Los
trabajadores de la educación agrupados
en la Sección 38 del SNTE, los de la UA de C y la UAAAN ya no sienten lo duro
sino lo tupido en el trato con la dirigencia de esa Sección que se ha abrogado
el poder de decisión sobre los trabajadores de esas universidades además del de
sus agremiados naturales.
El
Servicio Médico magisterial cuenta con más de 54 mil derechohabientes que
reciben atención en las diversas instituciones médicas de esta organización
sindical y ya es un lugar común la denuncia de graves
deficiencias técnicas, médicas, administrativas y financieras en la administración
de esa instancia, además de corrupción, favoritismo, desvío de recursos, falso
precio de medicamentos, que el Consejo de Administración de ese organismo ha
permitido y solapado.
A nadie sorprende, porque es de todos conocido, que los
directivos de la Sección 38 han venido violando la ley al ir aumentando el
porcentaje de aportaciones sin mediar la intervención del Congreso para
modificar la ley que establece las
cantidades que los aportantes deben hacer.
De acuerdo a la Ley de Pensiones (Art. 18), la aportación
patronal debe ser del 2.5 por ciento y la del trabajador también el 2.5 por
ciento del sueldo, no obstante, de acuerdo a la información de directivos
sindicales (no del tocayo de Moreira), actualmente la aportación del patrón es
del 13.5 por ciento (del sueldo base, compensaciones y quinquenios de
antigüedad) y el 3 por ciento del trabajador.
Después de mucho insistir en ser recibidos por fin la semana
pasada se concretó la multi solicitada audiencia que se prolongó por casi 3
horas y en la que los profesores dejaron en claro al Ejecutivo que no iban a
suplicar, sino a exigir y defender sus derechos.
Los representantes de los trabajadores aclararon en la
audiencia, que le está prohibido al
Estado, la aplicación de leyes o de disposiciones reglamentarias o
administrativas que vayan en perjuicio
del gobernado, que vulneren y no observen los derechos superiores, pues la
norma legal debe hallarse siempre subordinada a la Constitución.
Se
reiteraron las demandas de: Respeto a las leyes de seguridad social vigentes en
el Servicio Médico de la Sección 38; servicios de calidad; suspensión del cobro
ilegal del 10 por ciento a medicamentos y a otros servicios; que el Gobierno
del Estado asuma la responsabilidad como autoridad, patrón y principal sujeto
obligado de la seguridad social de los trabajadores de la educación al servicio
del Estado; que el Gobierno del Estado finque las responsabilidades que
correspondan por ley a quienes, haciendo uso indebido de los recursos para
fines distintos a los establecidos en las leyes, han quebrantado el sistema del
servicio médico; que se entreguen los informes financieros y los resultados de
auditorías a las entidades aportantes y a los derechohabientes del Servicio
Médico, como lo establece la Ley y que el Gobierno del Estado, garantice la
pensión de los trabajadores activos, jubilados, pensionados afiliados a la
DIPETRE, toda vez que el déficit del sistema pensionario, tiene su origen en el
uso y aplicación indebida de los recursos.
Rubén
Moreira se comprometió a dar respuesta a las demandas a la mayor brevedad,
habrá que ver si cumple, porque hasta ahora ha
incumplido los compromisos
contraídos con el magisterio coahuilense durante su campaña a la gubernatura en la que ofreció a los agremiados a la
sección 38 del SNTE: fortalecer los
espacios médicos en todo el Estado; construir guarderías para apoyar a las
madres trabajadoras; fortalecer los fondos de ahorro y de pensiones de los
agremiados de esta Sección y ofrecer más espacios recreativos para los
trabajadores y sus familias, ¿repondrá los que destruyó Carlitos?.
Los
trabajadores de la educación, de
universidades y de la Sección 38 pagan por anticipado su pensión, pagan su
servicio médico y cuando requieren esos servicios, éstos son de pésima calidad
y el dinero de pensiones ya se esfumó.
Por
eso la presión ciudadana sobre las autoridades es el único antídoto contra el
dominio descarnado y antidemocrático que Moreira pretende ejercer, como si no
fueran mandatarios, es decir, quienes
deben obedecer a sus mandantes, los ciudadanos.
Los
profesores saben que hay que incrementar la presión para que Moreira cumpla y
que no eluda su responsabilidad.
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