Monterey, N.L. a 17 de marzo de 2009
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PRESENTE.-
En los últimos años, se han suscitado en el Estado hechos que además de haber enlutado hogares nuevoleoneses, avergüenzan a nuestra comunidad.
Durante ese tiempo, tanto el Legislativo, como el Ejecutivo del Estado, permanecieron pasivos y culparon a la delincuencia de los Estados vecinos, de usar al nuestro como una suerte de fosa común.
El esfuerzo por desestimar la gravedad de la situación que ya se vivía, fue más grande que el que se hizo por combatir a la delincuencia que terminó por corroer de tal manera a Nuevo León, que puso en entredicho la capacidad del Estado para mantener el orden y alcanzó el grado de “movimiento” con el bloqueo de avenidas principales de la ciudad de Monterrey, ante la complaciente mirada de las fuerzas de seguridad.
Con los procesos electorales en puerta, este, otrora Honorable Congreso, ha dado trámite expedito a una propuesta autoritaria, que además de atentar contra la libre manifestación de las ideas, consagrada en el texto constitucional y reconocida por todos los organismos de derechos humanos, pretende ocultar el fondo de los bloqueos y la incapacidad del actual gobierno ante el crimen organizado.
Por su parte, el Ejecutivo Estatal intenta trasladar su responsabilidad de salvaguarda de la seguridad pública, a los ciudadanos, mientras mantiene la discrecionalidad de las autoridades, para acallar las legítimas manifestaciones del pueblo de Nuevo León.
La reforma al Código Penal recién aprobada, que criminaliza las protestas, forma parte de este corte autoritario que alcanza para acallar a los ciudadanos pacíficos, pero que nada hace para cumplir con el encargo de velar por la seguridad de todos los nuevoleoneses.
El hecho de que dicha iniciativa haya sido presentada por quien fue el responsable de la seguridad en el estado y nada hizo mientras duró su encargo, hace sospechosa la celeridad de su aprobación, toda vez que hoy dicho personaje es el candidato del actual gobernador.
Las sospechas crecen cuando desde su cómplice silencio, el candidato de Felipe Calderón avala la propuesta, lo que nos convence de que son ciertos los rumores acerca de que “arreglos cupulares” habrán de sustituir la voluntad ciudadana.
Es de vital importancia que los Diputados y Diputadas reconsideren su actitud, deroguen las citadas reformas y en aras de salvaguardar el Estado de Derecho, repongan el proceso de la ley que proscribe la libre manifestación de las ideas y en su lugar exhorten al Ejecutivo Estatal a que rinda cuentas sobre su responsabilidad y se comprometa a tomar las medidas de seguridad que sean necesarias para lograr la tranquilidad de las familias de Nuevo León.
Así mismo, debe rendir cuentas por el tiempo que ocupó el cargo, quien fue responsable de la Seguridad y la Política Interna de la Entidad en los últimos dos años, pues su labor a todas luces deficiente, no puede quedar ni impune, ni en el olvido.
Estamos ciertos de que los actos vandálicos y la inseguridad que vivimos reclama la pronta actuación de las autoridades, pero dichas actuaciones deben ser sin menoscabo de la ya de por si mermada seguridad ciudadana, ni mucho menos, con restricciones que atenten contra los derechos consagrados en el texto constitucional.
Hoy más que nunca es la inteligencia la que debe prevalecer. No son las declaraciones lo que detendrá al crimen organizado, mucho menos un endurecimiento del marco punitivo vigente, por el contrario, es el combate a la impunidad, la limpia de los organismos que se suponen de seguridad y una actuación firme pero respetuosa, de las libertades de quienes nada tenemos que ver con el crimen y la delincuencia.
Las declaraciones estridentes en nada contribuyen para mitigar el estado de zozobra que vivimos en Nuevo León, mucho menos lo hace la aprobación una reforma a la ley que terminará por proscribir hasta las manifestaciones de los ciudadanos por la paz y la seguridad.
Llamamos a los integrantes de la LXXI Legislatura del Estado de Nuevo León, a que enderecen el rumbo y realicen las tareas a las que está llamada a cumplir una verdadera representación popular.
A t e n t a m e n t e.-
