miércoles, 19 de marzo de 2014

Horizonte ciudadano

Rosa Esther Beltrán Enríquez

La despedida del IFE

El arribo ilegal e ilegítimo de Carlos Salinas de Gortari a la Presidencia de la República en 1988, mediante el fraude electoral dejó una estela de inconformidad en la sociedad mexicana; hasta entonces las elecciones habían estado marcadas por una retahíla de trampas personalizadas en los famosos mapaches, encargados de la votación de millones de muertos, de embarazar urnas, operar el ratón loco, supervisar que el padrón electoral estuviera debidamente rasurado, ejercer presión sobre los votantes mediante amenazas de que perderían los apoyos ofrecidos por los gobiernos en los programas sociales, práctica aún vigente y modernizada.

El gobierno de Salinas se vio obligado a impulsar reformas electorales que gradualmente fueron eliminando la participación directa del gobierno en la organización de las elecciones, proceso que culminó en la fundación en 1990 del Instituto Federal Electoral, organismo público, autónomo y permanente, encargado de organizar las elecciones federales.

Uno de los objetivos fundamentales del IFE era velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, así como promover la cultura democrática y garantizar y organizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones.

Quizá alguien se pregunte porque me expreso en pasado respecto al IFE, la razón es que, a 23 años de su existencia, en plena juventud, en unos días más ese instituto llegará a su fin para ceder su lugar al Instituto Nacional Electoral (INE), lo cual, en lo personal, no puede dejar de causarme inquietud y hasta cierta nostalgia, y es que la lucha ciudadana por la creación del IFE fue larga y costó muchas vidas hasta lograr su ciudadanización completa.

La breve historia del IFE implicó su intervención como pieza clave en la transición a la democracia, la alternancia en el poder en la Presidencia de la República y la transformación del Congreso de la Unión al dar paso a la pluralidad partidista en las Cámaras de senadores y diputados, fue el fin del partido hegemónico que ahora vuelve por sus fueros.

Tras la elección presidencial de 2006, la confianza en el IFE se vio seriamente cuestionada por los partidos de la izquierda, una buena parte de la academia y la ciudadanía críticas, incluso se le objetó su incapacidad para supervisar las finanzas electorales e impedir que el dinero y no los votos, se posicionara como el elemento definitorio de los triunfos electorales; y esa historia se repitió en la elección presidencial de 2012 y ahí está el caso Monex, recientemente estudiado por una comisión de la Cámara de diputados que concluyó que en el proceso electoral de ese año el candidato del PRI Enrique Peña Nieto gastó 12 veces más del tope de campaña, de manera que, la ilegitimidad de los funcionarios públicos se va convirtiendo en costumbre y el IFE fue increpado por la oposición partidista, incluso por el PAN, como parcial.

Avanza la llegada del Instituto Nacional Electoral, el que por la presión -se dice- de los gobernadores, que no quisieron soltar los institutos electorales estatales (IEE), será una autoridad electoral híbrida; algo que –a pesar de que la ley señala plazos perentorios para el mes próximo-  no se sabe bien a bien cómo funcionará; se suprimió la autonomía de los IEE y a los tribunales electorales de los estados se los convirtió en órganos subordinados al Senado; los consejeros de los IEE serán nombrados por el Consejo General del futuro INE, así como su personal ejecutivo y técnico y los magistrados electorales locales serán nombrados por los senadores.

Pensar que estas decisiones terminarán con el control de los gobernadores sobre los consejeros locales es más que ilusorio si se toma en cuenta que son los congresos locales los que nombran a esos funcionarios y a los magistrados electorales y ¿quién manda finalmente en los congresos? Usted dirá.

El proceso de selección de los nuevos consejeros del INE está en marcha, pero los plazos legales están muy apretados y no se ve cómo los consejeros aplicarán la multitud de tareas que supone la reforma política considerada por los expertos como un tanto desordenada y que más que reforma fue considerada como una deformación electoral.



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