Horizonte ciudadano
Rosa Esther Beltrán Enríquez
El rostro más doloroso
Esta semana destacó por la realización de las actividades emprendidas por Belén, Posada del Migrante en la campaña: Por una migración sin violencia, en el marco del programa anual, “Conversaciones con la sociedad”. Lo evidente es que los fenómenos migratorios, por donde se los vea, están impregnados de violencia.
Una de las vertientes que fue develada en todo su dramatismo es el referente a las deportaciones, en las que son los niños y las mujeres los que padecen las consecuencias más terribles.
Casi se eleva a 700 mil el número de niños que son separados de sus padres, infantes para los que el futuro de su vida será la incertidumbre, vivirán sin su familia, probablemente sin estudio y perderán sus derechos a vivir una infancia segura y feliz.
Una de las invitadas fue Gretchen Kuhner que es abogada y especialista en políticas de migración e integrante del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) que además es investigadora sobre los temas de migración y género de forma integral, ella habló sobre el tema de las deportaciones y sus consecuencias para las mujeres y los niños.
Señaló Kuhner que en 2011 hubo 5 mil 100 niños que estuvieron en custodia del Estado a consecuencia de la detención o deportación de sus padres; este es un fenómeno que va en aumento aunque no es posible establecer con precisión si los deportados son madres o padres por lo que ese es uno de los aspectos que trabaja el Imumi con las dependencias gubernamentales para que haya cambios en las formas de registrar esa información, lo cual es importante para poder ofrecer apoyo eficiente a los padres y familias que son separados de sus niños que se quedan en los Estados Unidos, apoyando para que estén allá, con algún familiar o bien que se regresen a este país.
No existe una política pública por parte del Estado mexicano para la reunificación de las familias de los deportados, de manera que al menos 150 mil niños al año –de los que no se sabe cuántos son mexicanos- quedan a merced de la inseguridad.
Lo menos que cabe esperar de la Secretaría de Relaciones Exteriores sería que generara programas y asignara presupuestos encaminados a coordinar acciones para la asesoría legal y apoyos sociales para las familias deportadas que decidan establecerse en México, pues independientemente de las políticas migratorias de ambos países, las familias continuarán viviendo de forma transnacional.
En contrario, el gobierno de Obama emitió en agosto pasado la disposición administrativa, “Protección de los Derechos de Madres y Padres Inmigrantes” (Parental Interests Directive), con la cual se pretende proteger los derechos de comunicación y participación de las madres y padres migrantes, por encima de su estatus migratorio.
La Parental Interests Directive define reglas para que madres, padres y tutores, después de ser deportados, puedan solicitar un permiso temporal para participar físicamente en las audiencias relacionadas con la perdida de la patria potestad de sus hijas e hijos; y establece la figura de un Coordinador de Derechos Parentales y Puntos Focales en las oficinas del Immigration and Customs Enforcement para apoyar con la implementación de esta disposición.
Quedó claro que dramas como la separación de niños y niñas de sus madres se han multiplicado en los últimos años en muchos lugares de Estados Unidos y numerosos infantes son puestos en orfanatorios y luego dados en adopción a familias americanas, aunque sus padres existan y no quieran entregarlos.
El trabajo participativo que mostraron los expositores de la campaña, ”Por una migración sin violencia” demuestra que la vinculación entre mujeres, grupos comunitarios y organizaciones civiles es un medio eficaz para compartir información y experiencias; es también un camino efectivo hacia el fortalecimiento de procesos que contribuyan a que las mujeres en comunidades transnacionales se reconozcan como un grupo político con problemáticas comunes y con demandas específicas.
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