Desaparecidos en Coahuila

Horizonte ciudadano


Rosa Esther Beltrán

No es ficción

La noticia ya dio la vuelta al mundo. En Coahuila hay más de mil 600 desaparecidos. La tercera semana de octubre leí por vez primera una declaración de Rubén Moreira en la que aseguró que el número de desaparecidos en Coahuila era mucho más alto que el que tenía en su registro la organización civil FUUNDEC, entonces me pareció una exageración, algo muy difícil de investigar y de probar.

No obstante, el fin se semana pasado el dato se confirmó ante el Alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, al que el Ejecutivo estatal solicitó la asesoría de la ONU para las acciones que la administración estatal realiza en la búsqueda de los desaparecidos.

La de las desapariciones forzadas es una más de las grandes tragedias que padece Coahuila, cientos de familias que desconocen la suerte corrida por su ser querido, esperan, en muchos casos durante años, noticias que quizá nunca lleguen; no saben si volverá algún día, por lo que no pueden llorarle y resignarse a la pérdida. Su angustia se ve a menudo agravada por las privaciones materiales cuando la persona desaparecida era el sustento de la familia, no pueden obtener pensiones ni otras ayudas si no hay un certificado de defunción.

El sufrimiento, la incertidumbre y el miedo de las familias afectadas son siempre tremendos y esto afecta todos los aspectos de sus vidas. ¿Sería posible que el Estado de la entidad esté involucrado en estos delitos? Es pregunta. Quizá el Ejecutivo podría comenzar por ahí.



¿Por qué cuando Humberto Moreira se entrevistó por primera vez con FUUNDEC, después de al menos 2 años de solicitud de audiencia, les dijo que desconocía el asunto, que no tenía información? Eso no es creíble, porque un gobernador no puede ignorar casos tan graves. Además, se comprometió a trabajar para localizar a los desaparecidos, así como a encontrarse con FUUNDEC de nuevo para evaluar el trabajo realizado, lo cual no sucedió.

La voz de fray Raúl Vera revela hechos muy graves: “Es algo necesario, pero el gobernador Rubén Moreira tiene que contar con todas las instancias que no están haciendo nada, y nosotros damos testimonio de ello”. Don Raúl expresó, “esperamos que las cosas cambien, pero somos conscientes de que el Gobernador se enfrentará a una corrupción estructural que es evidente”.

El plan ofrecido por Rubén Moreira para la búsqueda de desaparecidos contempla: Acciones en conjunto con los diferentes órdenes de gobierno, con la CNDH y con las familias de desaparecidos. La creación de una Subprocuraduría Especializada. La realización de un censo que refleje el número de personas desparecidas en el estado. Una página de Internet para consultas y aportar información. Organizar recorridos por centros médicos, albergues, guarderías, así como la búsqueda de fosas clandestinas. Colocación de pósters con las fotografías de desaparecidos. Pero no hay mención alguna de atención a víctimas.



Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos fue enfático en la necesidad de que las autoridades se comprometan en impulsar una legislación que tipifique la desaparición forzada a fin de contar con elementos para atacar legalmente el problema y reveló que ese fue el compromiso de Rubén Moreira. Veremos y diremos, porque si algo ha hecho bien el poder Judicial local ha sido instalarse en el dejar hacer, dejar pasar.

Según la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, por éstas se entinde el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

El artículo 5° de dicha Convención establece que, la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable y entraña las consecuencias previstas por ese derecho.

Con mucha razón, los miembros de FUUDEC exigen menos burocracia y más eficiencia, resultados positivos para las víctimas.

Y además, opino que los ciudadanos coahuilenses debemos estar atentos para oponernos, con todos los recursos a nuestro alcance a que Humberto Moreira, Fernando Donato de las Fuentes y Jorge Torres López, sean postulados por el priato, mediante postulación plurinominal a cualquier cargo de elección popular que les dé fuero, lo cual ya anunció con cinismo Salvador Hernández Vélez. No más ofensas a los ciudadnos.

Por cierto, Humberto Moreira es el más reciente desaparecido.

rosaesther80@gmail.com