Horizonte ciudadano
Rosa Esther Beltrán
No es ficción
La noticia ya dio la vuelta al mundo. En Coahuila hay más de mil 600 desaparecidos. La tercera semana de octubre leí por vez primera una declaración de Rubén Moreira en la que aseguró que el número de desaparecidos en Coahuila era mucho más alto que el que tenía en su registro la organización civil FUUNDEC, entonces me pareció una exageración, algo muy difícil de investigar y de probar.
No obstante, el fin se semana pasado el dato se confirmó ante el Alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, al que el Ejecutivo estatal solicitó la asesoría de la ONU para las acciones que la administración estatal realiza en la búsqueda de los desaparecidos.
La de las desapariciones forzadas es una más de las grandes tragedias que padece Coahuila, cientos de familias que desconocen la suerte corrida por su ser querido, esperan, en muchos casos durante años, noticias que quizá nunca lleguen; no saben si volverá algún día, por lo que no pueden llorarle y resignarse a la pérdida. Su angustia se ve a menudo agravada por las privaciones materiales cuando la persona desaparecida era el sustento de la familia, no pueden obtener pensiones ni otras ayudas si no hay un certificado de defunción.
El sufrimiento, la incertidumbre y el miedo de las familias afectadas son siempre tremendos y esto afecta todos los aspectos de sus vidas. ¿Sería posible que el Estado de la entidad esté involucrado en estos delitos? Es pregunta. Quizá el Ejecutivo podría comenzar por ahí.
¿Por qué cuando Humberto Moreira se entrevistó por primera vez con FUUNDEC, después de al menos 2 años de solicitud de audiencia, les dijo que desconocía el asunto, que no tenía información? Eso no es creíble, porque un gobernador no puede ignorar casos tan graves. Además, se comprometió a trabajar para localizar a los desaparecidos, así como a encontrarse con FUUNDEC de nuevo para evaluar el trabajo realizado, lo cual no sucedió.
La voz de fray Raúl Vera revela hechos muy graves: “Es algo necesario, pero el gobernador Rubén Moreira tiene que contar con todas las instancias que no están haciendo nada, y nosotros damos testimonio de ello”. Don Raúl expresó, “esperamos que las cosas cambien, pero somos conscientes de que el Gobernador se enfrentará a una corrupción estructural que es evidente”.
El plan ofrecido por Rubén Moreira para la búsqueda de desaparecidos contempla: Acciones en conjunto con los diferentes órdenes de gobierno, con la CNDH y con las familias de desaparecidos. La creación de una Subprocuraduría Especializada. La realización de un censo que refleje el número de personas desparecidas en el estado. Una página de Internet para consultas y aportar información. Organizar recorridos por centros médicos, albergues, guarderías, así como la búsqueda de fosas clandestinas. Colocación de pósters con las fotografías de desaparecidos. Pero no hay mención alguna de atención a víctimas.
Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos fue enfático en la necesidad de que las autoridades se comprometan en impulsar una legislación que tipifique la desaparición forzada a fin de contar con elementos para atacar legalmente el problema y reveló que ese fue el compromiso de Rubén Moreira. Veremos y diremos, porque si algo ha hecho bien el poder Judicial local ha sido instalarse en el dejar hacer, dejar pasar.
Según la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, por éstas se entinde el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.
El artículo 5° de dicha Convención establece que, la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable y entraña las consecuencias previstas por ese derecho.
Con mucha razón, los miembros de FUUDEC exigen menos burocracia y más eficiencia, resultados positivos para las víctimas.
Y además, opino que los ciudadanos coahuilenses debemos estar atentos para oponernos, con todos los recursos a nuestro alcance a que Humberto Moreira, Fernando Donato de las Fuentes y Jorge Torres López, sean postulados por el priato, mediante postulación plurinominal a cualquier cargo de elección popular que les dé fuero, lo cual ya anunció con cinismo Salvador Hernández Vélez. No más ofensas a los ciudadnos.
Por cierto, Humberto Moreira es el más reciente desaparecido.
rosaesther80@gmail.com
miércoles, 18 de enero de 2012
martes, 10 de enero de 2012
2012, año ciudadano
Horizonte ciudadano
Rosa Esther Beltrán Enríquez
2012, Año ciudadano
Es obvio que el acontecimiento más destacado, el más importante de este año es la elección presidencial, el de las 500 curules de la Cámara de Diputados federales y los 128 escaños del senado de la República así como de seis Gobernadores y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal también cambiarán.
En el padrón electoral están inscritos 84 millones 220 mil 534 ciudadanos mexicanos de éstos, el 48.35 por ciento son hombres y el 51. 65 mujeres. En Coahuila, hasta el 30 de diciembre el padrón electoral, constaba de 2 millones, ciento cinco mil, 977 ciudadanos, de los que el 49.17 por ciento eran hombres y el 50.83, mujeres.
Algo que parece tan simple como el que los ciudadanos puedan entrar a una mampara para emitir su voto en secreto y en libertad, requiere de una infraestructura espectacular, enorme.
Para la elección de este año se tiene considerado instalar 147 mil 905 casillas básicas, contiguas y extraordinarias, se imprimirán 83 millones 877 mil 408 boletas electorales, para Presidente de la República y el mismo número para senadores y diputados federales, así como 300 mil actas de la jornada electoral. Estos datos nos dan una idea de cuál es la situación y el reto que tiene el ante sí el IFE, en cuanto a ciudadanos a los que solicitará su colaboración.
Para esta elección se espera que el IFE convoque a cerca de ocho millones de ciudadanos para que integren las mesas directivas de casillas. Es precisamente la organización de las elecciones federales la primera razón de ser del IFE, y es esta labor profesional, la que ha sido reconocida dentro y fuera del país por elecciones anteriores. Es claro que la estructura local y distrital del IFE es una pieza clave para el éxito de los comicios.
Éstas son sólo algunas de las actividades más importantes que el IFE organiza en las que se involucran directamente cientos de miles de ciudadanos; pero habría que agregar a los observadores electorales, ciudadanos nacionales y extranjeros que se ocupan de vigilar que el proceso electoral se apegue a la ley.
Pero parece que entre algunos estratos de ciudadanos se incrementa la convicción de que es preciso estar atentos a las plataformas políticas de los candidatos, que tenemos que pensar en el voto en serio, porque si de algo estamos seguros es que la clase política, “nos tiene hasta la madre”, dijo Javier Sicilia. Estamos hartos de la falta de visión de los políticos, de su corrupción y corporativismo, de su ineficacia para logar disminuir la desigualdad y la pobreza, hartos de la partidocracia que nos mantiene atorados sin poder avanzar en la democratización de la democracia.
Pero por otro lado, estamos ciertos de que los gobernadores, harán todo lo que esté en sus manos para comprar e inducir el voto a través de las políticas sociales; aquí mediante la Tarjeta de Beneficios, de la que se responsabiliza Martha Laura Carranza. ¿Cuántos cientos de millones de pesos canalizarán para esta operación para la que los ciudadanos de escasos recursos ya están preparados, esperando que les lleguen los beneficios? Y dispuestos también a dar su voto al partido que mejor satisfaga sus necesidades.
Es importante que vayamos haciendo un mapa sobre los asuntos y las preguntas que nos urge que los candidatos nos respondan; que nos digan si les parece justo que los hospitales públicos estén saturados de enfermos y en total desabasto de medicamentos y equipo, si es justo que esos enfermos tengan que esperar años para tener acceso a la curación por la que ya pagaron.
Que nos digan en dónde se encarna para ellos la injusticia y qué soluciones proponen, qué cambiarían si ellos llegan al poder. La injusticia nos ahoga, está alojada en la economía, en el poder judicial, en los ministerios públicos, en la irresponsabilidad que cobija los congresos locales y el Congreso de la Unión; que nos digan, cómo combatirán la corrupción que ellos promueven.
La elección es de los ciudadanos, nosotros la pagamos, así que es tiempo de promover un gran debate sobre las injusticias que van carcomiendo día a día el tejido social de este país.
La soberanía reside en el pueblo, dice nuestra Constitución, pero el pueblo no puede reclamarla si no está organizado y consciente de sus derechos, entramos a un tiempo de reflexión para la participación ciudadana que es la única vía para contribuir al desarrollo y la justicia que anhelamos.
Rosa Esther Beltrán Enríquez
2012, Año ciudadano
Es obvio que el acontecimiento más destacado, el más importante de este año es la elección presidencial, el de las 500 curules de la Cámara de Diputados federales y los 128 escaños del senado de la República así como de seis Gobernadores y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal también cambiarán.
En el padrón electoral están inscritos 84 millones 220 mil 534 ciudadanos mexicanos de éstos, el 48.35 por ciento son hombres y el 51. 65 mujeres. En Coahuila, hasta el 30 de diciembre el padrón electoral, constaba de 2 millones, ciento cinco mil, 977 ciudadanos, de los que el 49.17 por ciento eran hombres y el 50.83, mujeres.
Algo que parece tan simple como el que los ciudadanos puedan entrar a una mampara para emitir su voto en secreto y en libertad, requiere de una infraestructura espectacular, enorme.
Para la elección de este año se tiene considerado instalar 147 mil 905 casillas básicas, contiguas y extraordinarias, se imprimirán 83 millones 877 mil 408 boletas electorales, para Presidente de la República y el mismo número para senadores y diputados federales, así como 300 mil actas de la jornada electoral. Estos datos nos dan una idea de cuál es la situación y el reto que tiene el ante sí el IFE, en cuanto a ciudadanos a los que solicitará su colaboración.
Para esta elección se espera que el IFE convoque a cerca de ocho millones de ciudadanos para que integren las mesas directivas de casillas. Es precisamente la organización de las elecciones federales la primera razón de ser del IFE, y es esta labor profesional, la que ha sido reconocida dentro y fuera del país por elecciones anteriores. Es claro que la estructura local y distrital del IFE es una pieza clave para el éxito de los comicios.
Éstas son sólo algunas de las actividades más importantes que el IFE organiza en las que se involucran directamente cientos de miles de ciudadanos; pero habría que agregar a los observadores electorales, ciudadanos nacionales y extranjeros que se ocupan de vigilar que el proceso electoral se apegue a la ley.
Pero parece que entre algunos estratos de ciudadanos se incrementa la convicción de que es preciso estar atentos a las plataformas políticas de los candidatos, que tenemos que pensar en el voto en serio, porque si de algo estamos seguros es que la clase política, “nos tiene hasta la madre”, dijo Javier Sicilia. Estamos hartos de la falta de visión de los políticos, de su corrupción y corporativismo, de su ineficacia para logar disminuir la desigualdad y la pobreza, hartos de la partidocracia que nos mantiene atorados sin poder avanzar en la democratización de la democracia.
Pero por otro lado, estamos ciertos de que los gobernadores, harán todo lo que esté en sus manos para comprar e inducir el voto a través de las políticas sociales; aquí mediante la Tarjeta de Beneficios, de la que se responsabiliza Martha Laura Carranza. ¿Cuántos cientos de millones de pesos canalizarán para esta operación para la que los ciudadanos de escasos recursos ya están preparados, esperando que les lleguen los beneficios? Y dispuestos también a dar su voto al partido que mejor satisfaga sus necesidades.
Es importante que vayamos haciendo un mapa sobre los asuntos y las preguntas que nos urge que los candidatos nos respondan; que nos digan si les parece justo que los hospitales públicos estén saturados de enfermos y en total desabasto de medicamentos y equipo, si es justo que esos enfermos tengan que esperar años para tener acceso a la curación por la que ya pagaron.
Que nos digan en dónde se encarna para ellos la injusticia y qué soluciones proponen, qué cambiarían si ellos llegan al poder. La injusticia nos ahoga, está alojada en la economía, en el poder judicial, en los ministerios públicos, en la irresponsabilidad que cobija los congresos locales y el Congreso de la Unión; que nos digan, cómo combatirán la corrupción que ellos promueven.
La elección es de los ciudadanos, nosotros la pagamos, así que es tiempo de promover un gran debate sobre las injusticias que van carcomiendo día a día el tejido social de este país.
La soberanía reside en el pueblo, dice nuestra Constitución, pero el pueblo no puede reclamarla si no está organizado y consciente de sus derechos, entramos a un tiempo de reflexión para la participación ciudadana que es la única vía para contribuir al desarrollo y la justicia que anhelamos.
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