Horizonte ciudadano

Rosa Esther Beltrán Enríquez

Patrones de impunidad

De nuevo esta semana México es impugnado internacionalmente por sus omisiones en cuanto al resguardo de los derechos humanos de sus ciudadanos de los que es garante, y Coahuila aparece en la lista de las entidades cuyas autoridades permanecen impávidas ante la creciente anarquía legal.

La organización civil Human Rights Watch (HRW) cuestionó en su informe anual el aumento de los abusos cometidos por el Ejército mexicano durante los operativos de seguridad pública y la responsabilidad del Gobierno en la violación a los derechos humanos de los migrantes.

En el reporte de la organización internacional advierte que civiles, defensores de derechos humanos e indocumentados son atacados deliberadamente por grupos delictivos y miembros de las fuerzas de seguridad bajo el desamparo de las autoridades federales.

HRW sostiene que, "Los militares mexicanos continúan cometiendo serios abusos en operaciones de seguridad pública, como ejecuciones, torturas y violaciones sexuales y aquellos responsables virtualmente nunca rinden cuentas”.

La organización ilustra los abusos cometidos por las fuerzas castrenses con el caso de Martín y Bryan Almanza, de 9 y 5 años de edad, quienes fueron asesinados en abril de 2010 cuando el automóvil en el que se trasladaban fue alcanzado por disparos al pasar un retén en Tamaulipas.

El Ejército alegó que se trató de un enfrentamiento armado entre soldados y delincuentes. Sin embargo, una investigación posterior de la CNDH reveló que los militares habían manipulado la evidencia encontrada en el lugar de los hechos y que los responsables de estas muertes eran soldados.

Según el informe anual de HRW desde 2007, la CNDH ha reportado 65 casos de abusos cometidos por las Fuerzas Armadas y, durante el primer semestre de 2010 recibió más de mil 100 quejas adicionales de violaciones a las garantías individuales.

También, ese organismo establece que los indocumentados que cruzan por territorio mexicano para llegar a Estados Unidos no sólo están desprotegidos por parte de las autoridades, sino que en ocasiones son éstas las que violan sus derechos y reporta que desde el año 2007, un total de 350 funcionarios, casi el 15 por ciento del personal, han sido despedido por presuntos vínculos con el crimen organizado y delitos como la trata de personas.

HRW indica que los gobiernos tratan con guantes de seda a los abusadores, aceptando las racionalizaciones y excusas de sus funcionarios permisivos o represivos sustituyendo la presión para promover el respeto a los derechos humanos con métodos más suaves como el “diálogo” privado y la “cooperación”, en lugar de manifestarse con firmeza contra los líderes abusivos muchos gobiernos adoptan políticas que no generan presión para el cambio.

El informe también se refiere a la pasividad y omisión de las autoridades frente a las agresiones contra los medios de comunicación y periodistas que han realizado investigaciones vinculadas con el narcotráfico o han asumido una actitud crítica frente a las fuerzas de seguridad y las autoridades y menciona específicamente a los de Coahuila y Sinaloa, entre otros, que han sido atacados y perseguidos; entre 2007 y octubre de 2010, fueron asesinados 35 periodistas y otros 8 se encuentran desaparecidos y se presume que no estarían con vida, pese a que los riesgos se incrementan, agrega HRW, las autoridades no han investigado ni juzgado adecuadamente a los responsables ni han brindado medidas de protección a periodistas que están expuestos a graves riesgos, y esto ha propiciado un clima de impunidad y autocensura.

El informe refiere que las autoridades mexicanas incumplen sistemáticamente su obligación de brindar protección adecuada a los defensores de derechos humanos.

HRW sostiene que el derecho mexicano no ofrece una protección adecuada a las mujeres y niñas contra la violencia doméstica y el abuso sexual. El 90 por ciento de las mujeres que han sufrido violaciones de derechos humanos no denuncian estos hechos a las autoridades, y quienes los denuncian generalmente se enfrentan a una actitud de sospecha, apatía y menosprecio. Esta falta de denuncia frustra la promoción de las reformas legales necesarias y perpetúa la impunidad de la violencia contra mujeres y niñas. Acabamos de presenciar la burla de Peña Nieto y los priístas ante el incremento de feminicidios en el Estado de México.

Aquí están las evidencias. Tenemos gobiernos ciegos y sordos ante los reclamos de los derechos humanos de los ciudadanos y Coahuila va al frente en algunas de estas denuncias.