lunes, 27 de abril de 2009
PRONUNCIAMIENTO :
LA DILACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA ES UN ELEMENTO QUE MANTIENE EN ESTADO DE INDEFENSIÓN A LA SOCIEDAD COAHUILENSE
El Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C. ve con suma preocupación la lentitud con la que las autoridades del municipio de Torreón han tratado el caso de Jesús Torres Fraire, Director del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardo A.C.
Jesús Torres Fraire sufrió abuso de autoridad por parte de policías municipales de Torreón el pasado 26 de marzo. Alrededor de las 9:00 p.m. a la altura del Diagonal las Fuentes a espaldas de “Ley Saulo” fue interceptado por una patrulla con dos agentes de Seguridad Pública Municipal. Con el pretexto de revisar el carro, argumentando que podía traer alguna droga, el coche fue revisado completamente así como los documentos del vehículo. En el interior se encontraba una computadora portátil marca Thompson la cual contiene información confidencial del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A.C.
Posteriormente y sin fundamento los policías le obligaron, de forma violenta y portando armas largas, a cerrar el carro y dejar en el asiento trasero la computadora, para subirlo a la patrulla “paseándolo” por varias cuadras. Finalmente fue abandonado en una calle solitaria de una colonia desconocida, indicándole los mismos policías que caminara en sentido contrario de donde habían dejado el vehículo. Regresó a recoger su carro y se dio cuenta de que rompieron un vidrio de la parte trasera del lado derecho y la computadora había sido robada.
Desde el viernes 27 de marzo los miembros del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, la Parroquia de San Judas en la ciudad de Torreón, así como la Red “Todos los Derechos para Todas y Todos”, han emprendido acciones concretas para exigir a las autoridades que sancionen conforme a derecho a los policías que incurrieron en delito.
El jueves 2 de abril Jesús Torres Fraire, José Castillo sj y miembros de las CEBs en Torreón fueron recibidos por el Alcalde José Ángel Pérez Hernández, quien expresó que estaba muy interesado en lo sucedido y le pidió al Director de Seguridad Pública, Karlo Castillo Gracia para que se hiciera cargo del caso.
El viernes 3 de abril el Director de Seguridad Pública del Municipio de Torreón, Karlo Castillo Gracia, acudió a las oficinas del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi. En dicha reunión participaron también miembros de la comunidad parroquial y representantes de la sociedad civil de la zona lagunera. Jesús Torres Fraile relata en un escrito lo que sucedió en la reunión: “Le pedimos acciones concretas al Director... y nos ofreció todo el apoyo, dio instrucciones precisas para detectar las patrullas que según la fecha, hora y el lugar donde ocurrieron los hechos... en 5 minutos teníamos el croquis con tres patrullas y los nombres de los agentes que en ese momento se encontraban en el perímetro señalado. se imprimieron las fotos y rápido se identificaron a los policías... el mismo Director nos entrego las fotos para el tramite ante Asuntos Internos del Municipio... hoy entregamos las fotos y croquis al responsable de Asuntos internos (el trabajo que el tenía que hacer) ahora nos toca insistir para que Asuntos Internos le de seguimiento lo más pronto posible...” Hasta la fecha que es emitido este pronunciamiento, 26 de abril, no se ha sancionado a los policías ni se ha notificado al Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A.C. de la ruta que ha seguido las investigaciones del caso, cuyo expediente es: 192/2009
Es importante anotar que el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A.C. ha interpuesto en los últimos siete meses tres denuncias por robo: dos por allanamiento de sus oficinas: LIRD3-7748/2008 (interpuesta el 9 de octubre de 2008) y L1-RN11-474/2008 (27 de octubre de 2008); y 192/2009 (27 de marzo de 2009) por lo ocurrido a Jesús Torres Fraile con los agentes de Seguridad Pública Municipal.
La denunciado por el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A.C. pone en evidencia que la dilación en la sanción a los agentes de policía que incurren en delitos abona el terreno de la impunidad y del estado de inseguridad e indefensión que sufre hoy en día la población del municipio de Torreón.
Las autoridades estatales y federales han declarado que están atendiendo los asuntos graves del narcotráfico y la delincuencia organizada; queremos subrayar y recordarles que la cadena de gravedad de la delincuencia inicia en los eslabones del abuso de autoridad y de la impunidad.
El hecho de que agentes de Seguridad Pública Municipal, aprovechando la investidura de su autoridad, obliguen a un ciudadano que abandone su vehiculo y lo introduzcan en una patrulla sin razón alguna, después lo dejen abandonado en un lugar desconocido, ya es una acción que violenta sus derechos humanos, y se agrava con la sospecha fundada que la detención fue para robar las pertenencias que se encontraban en su vehículo.
El Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C. exhorta:
• Al Alcalde de Torreón, José Ángel Pérez Hernández, que actúe oportunamente para sancionar a los funcionarios públicos bajo su mandato que incurran en delitos, de lo contrario su omisión vulnera el estado de derecho y mantiene abierta la puerta al crimen organizado para introducirse en las estructuras de gobierno.
• Al Director de Seguridad Pública del Municipio de Torreón, Karlo Castillo Gracia, presente sin dilación y sancione conforme a derecho a los agentes de Seguridad Pública Municipal que hayan incurrido en robo con abuso de autoridad a Jesús Torres Fraile.
• A la ciudadanía, a seguir organizándose para presionar a las autoridades de cualquier nivel de gobierno para que cumplan con sus obligaciones y así lograr que sea una política de Estado la seguridad pública desde la perspectiva de los derechos humanos.
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C.
26 de abril de 2009
Saltillo, Coahuila, México
miércoles, 22 de abril de 2009
Premio de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo a Pedro Pantoja
El Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, se une al merecido reconocimiento que se le hará al Padre Pedro Pantoja Arreola, el día 25 de abril, en donde se hará merecedor del Premio Nacional de Derechos Humanos “Don Sergio Méndez Arceo”.
El padre Pantoja, ha realizado una ardua labor a favor de los migrantes y ha emprendido una lucha incansable por la defensa de los derechos humanos de grupos vulnerables, así mismo, es el Coordinador Diocesano de Pastoral Social de la Diócesis de Saltillo y pertenece al Consejo del Centro de Derechos Humanos, desde que éste se fundó, participando como asesor, hecho que nos motiva a continuar luchando por la justicia y paz.
Inició muy joven su labor con los migrantes, en Coahuila trabajó en la región carbonífera; posteriormente en Ciudad Acuña en donde fundó Emaus, Casa de Emigrante. En Saltillo, fundó Belén, Posada del Emigrante y de ahí surgió Frontera con Justicia A.C., en donde, con el esfuerzo y tenacidad del Padre Pedro y un equipo de colaboradores, día a día reciben, atienden y acompañan a los emigrantes que transitan por el Estado.
El equipo del Centro de Derechos Humanos, envía una felicitación al Padre Pedro Pantoja, por su trayectoria a favor de la defensa y promoción de los Derechos Humanos.
Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”
Saltillo, Coahuila. A 16 de abril de 2009.
Premio Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo al padre Pedro Pantoja, director de Belén, Posada del Migrante de la Diócesis de Saltillo, Coahuila.
Que “volteen la cara hacia los migrantes y que fijen la mirada histórica en esta caravana de gente que reclama un derecho” es lo que significa para el padre Pedro Pantoja Arreola, director de Belén, Posada del Migrante en la Diócesis de Saltillo, Coahuila, recibir el premio Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo.
El sacerdote comparte que las víctimas de esta situación son quienes lo impulsaron a aceptar el reconocimiento y “que el premio ayude a que tengan personalidad legal, eso es lo más importante”, por eso, a nombre de ellas, lo recibirá el próximo 25 de abril en Cuernavaca, Morelos.
“Es necesario frenar los abusos, las persecuciones y las muertes”, dice el padre, originario de San Pedro del Gallo, Durango, un pueblo al que describe “de mucha pobreza”, por lo que, aún siendo pequeño, sus padres emigraron a Torreón, Coahuila para trabajar en los campos algodoneros.
Tiempo después su familia se instaló en Parras de la Fuente, Coahuila, de donde afirma, “los jesuitas me pescaron” y aunque finalmente no pertenece a esta congregación, recibió la formación para ser sacerdote en el Seminario de esa orden que estaba en Montezuma en Nuevo México, Estados Unidos.
Es a este migrante y defensor de los migrantes a quien se entregará dicho premio con el fin de “reconocer, estimular y apoyar a las organizaciones, grupos y personas que se hayan destacado por su valor en la defensa y promoción de la cultura de respeto a los derechos humanos en nuestro país”.
El premio fue fundado a raíz de un decreto que emitió don Sergio Méndez Arceo, entonces obispo titular de Cuernavaca, Morelos, el 17 de abril de 1981, en contra de los “involucrados en la aborrecible práctica de la tortura”.
“Este decreto quiere ser ante todo una enérgica afirmación de la dignidad del hombre y de los derechos humanos. Es un llamado a la conciencia cristiana y una contribución a la paz pública en un estado de derecho como lo es México”, dice uno de los párrafos del escrito.
Agrega: (la tortura)…”constituye una violación y traición a la confianza depositada por el pueblo en sus autoridades, se hace en la clandestinidad y con visos de legitimidad, a pesar de que su práctica está condenada en la ley de los derechos humanos.
La primera entrega fue en 1993 y la recibió don Samuel García Ruiz, en ese entonces obispo titular de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas.
Ahora, en la 17ava entrega, será el padre Pantoja quien reciba el premio que consiste, además del reconocimiento, en un apoyo económico que “dice mucho para nosotros porque estamos tan pobres, que cualquier subsidio nos alivia”.
El padre Pedro recibió el ministerio del Orden Sacerdotal en 1972, cuando tenía 28 años de edad. Su inspiración para desarrollar una pastoral hacia los pobres fueron los documentos de “Medellín”, elaborados en Colombia en 1968; también el testimonio de algunos obispos que participaron en esa experiencia latinoamericana, así como las experiencias en el campo laboral que ha vivido a lo largo de su sacerdocio.
Entre ellas trabajar como migrante en Estados Unidos para “conocer el valle de la muerte y experimentar la situación, lo que fue sumamente crucial para reorientar a fondo un sacerdocio con una intencionalidad social muy fuerte”.
Posteriormente estar en el campo obrero en Saltillo, Coahuila, en donde fue testigo del momento histórico de la huelga de los trabajadores de Cinsa Cifunsa hace 35 años.
“Fue un paradigma esa lucha porque no se había presentado en este territorio y menos en esta diócesis tan tranquila un acontecimiento de tanta trascendencia y que causó una condenación del grupo empresarial de todo el Norte de México. Para muchos fue un pecado social sentar a los patrones en el banquillo de los acusados, eran intocables”, cuenta el sacerdote.
Agrega: “Ahí descubrí de lo que es capaz un pueblo pobre cuando aporta elementos tan creativos”.
Otra de las experiencias que marcó la vida de este sacerdote fue el trabajo que realizó en Tlanepantla, Estado de México. Ahí, como un asalariado más en la empresa metalúrgica “comprendí que no es un mito la explotación del obrero, es una realidad y no sólo rutinaria, sino permanente; al obrero no le queda otra mas que sufrir o reaccionar violentamente contra esto”.
Después de un año y medio de permanecer en esta empresa, tuvo la oportunidad de ir a estudiar a Ecuador por dos años, experiencia que le ayudó a tener mejores elementos pastorales.
En 1988-89, Monclova, Coahuila sufrió un decaimiento industrial y laboral cuando la empresa paraestatal Altos Hornos de México fue re-privatizada, por lo que toda la región carbonífera sufrió mucho daño al incluir el recorte de personal de miles de trabajadores, lo que alteró el sistema de vida en esa zona.
“Hubo despidos, marchas, protestas y también una experiencia muy fuerte en derechos humanos laborales…fue el término de una generación de obreros a los que se les utilizó sin ningún futuro…el obrero fue manipulado, fue víctima de un atractivo de reconvención y de recompensas económicas”, informa el padre.
Fueron seis años de una crisis muy fuerte y ahí comenzó el hundimiento de la región carbonífera y de Monclova, asegura el sacerdote.
Ante esta situación, el padre hizo una solicitud a la diócesis para trabajar con los mineros en la zona de Barroterán por ser un territorio “degradado” en todos los aspectos, tanto económico como social.
“La región carbonífera es una historia de explosiones. Desde 1969, año en que ocurrió una, la cual fue el principio de una crisis, han muerto cientos de mineros”, dice el padre.
Agrega que los llamados “pocitos” son territorios desde una hectárea hasta cientos que pertenecen a empresas privadas para extraer el carbón; es aquí donde los mineros reciben un salario mínimo y trabajan en condiciones infrahumanas.
Casas para migrantes
Recuerda que fue en ese tiempo cuando se inició el éxodo de muchos de ellos hacia la frontera, en este caso hacia Acuña y Piedras Negras.
“La gente huyó a la frontera, entonces, habría qué seguir a esa gente y fue cuando, en 1996, dejé la región carbonífera para estar en Ciudad Acuña”, explica el padre.
Fue allá donde fundó la Casa Emaús, Paso del Migrante y el proyecto Frontera y Dignidad. A partir de ahí inició vínculos con personas que trabajan con los migrantes, entre ellos los religiosos scalabrinianos.
En Ciudad Acuña estuvo por más de cinco años, sin embargo, la crueldad que muchos centroamericanos vivían en la capital del estado, hizo que el padre Pantoja regresara a Saltillo.
“En el 2001 iniciamos Belén, Posada del Migrante y el proyecto Frontera con Justicia porque se empezaron a dar violaciones, desapariciones, escándalos de represión por parte de la policía”, dice.
El proceso que se inició en este campo, acompañado de otros grupos dedicados a la causa, hizo que se viviera una “verdadera experiencia que revolucionó la comprensión de la migración”. Fue así que la migración se convirtió en un hecho histórico social.
¿Por qué quieren inmolar, por qué quieren desaparecer al migrante, por qué lo desconocen como un fenómeno humano y que tiene todos los derechos de caminar? Eran las preguntas a reflexionar.
“Así se hizo todo un proceso de cómo incidir en la sociedad, en la Iglesia, en la cultura, en la universidad, en las políticas públicas para abrir la brecha y tener una comprensión profunda interdisciplinaria; logramos abrir los espacios de tal manera que se dio la vinculación con experiencia y organismos nacionales e internacionales”, dice el padre.
Reconoce: “He sido sujeto de esta práctica social, pero al mismo tiempo he sido beneficiario para ejercer un sacerdocio que realmente sirva al pueblo de Dios, especialmente a los marginados”.
Finalmente sólo pide que sean ellos los protagonistas de este reconocimiento.
“Los migrantes piden que volteen la cara, que miren hacia esta comunidad que simplemente reclaman una supervivencia. Por eso digo que el premio es un reconocimiento a las víctimas”, afirma.
El padre Pantoja, ha realizado una ardua labor a favor de los migrantes y ha emprendido una lucha incansable por la defensa de los derechos humanos de grupos vulnerables, así mismo, es el Coordinador Diocesano de Pastoral Social de la Diócesis de Saltillo y pertenece al Consejo del Centro de Derechos Humanos, desde que éste se fundó, participando como asesor, hecho que nos motiva a continuar luchando por la justicia y paz.
Inició muy joven su labor con los migrantes, en Coahuila trabajó en la región carbonífera; posteriormente en Ciudad Acuña en donde fundó Emaus, Casa de Emigrante. En Saltillo, fundó Belén, Posada del Emigrante y de ahí surgió Frontera con Justicia A.C., en donde, con el esfuerzo y tenacidad del Padre Pedro y un equipo de colaboradores, día a día reciben, atienden y acompañan a los emigrantes que transitan por el Estado.
El equipo del Centro de Derechos Humanos, envía una felicitación al Padre Pedro Pantoja, por su trayectoria a favor de la defensa y promoción de los Derechos Humanos.
Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”
Saltillo, Coahuila. A 16 de abril de 2009.
Migrante con los migrantes
Premio Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo al padre Pedro Pantoja, director de Belén, Posada del Migrante de la Diócesis de Saltillo, Coahuila.
Que “volteen la cara hacia los migrantes y que fijen la mirada histórica en esta caravana de gente que reclama un derecho” es lo que significa para el padre Pedro Pantoja Arreola, director de Belén, Posada del Migrante en la Diócesis de Saltillo, Coahuila, recibir el premio Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo.
El sacerdote comparte que las víctimas de esta situación son quienes lo impulsaron a aceptar el reconocimiento y “que el premio ayude a que tengan personalidad legal, eso es lo más importante”, por eso, a nombre de ellas, lo recibirá el próximo 25 de abril en Cuernavaca, Morelos.
“Es necesario frenar los abusos, las persecuciones y las muertes”, dice el padre, originario de San Pedro del Gallo, Durango, un pueblo al que describe “de mucha pobreza”, por lo que, aún siendo pequeño, sus padres emigraron a Torreón, Coahuila para trabajar en los campos algodoneros.
Tiempo después su familia se instaló en Parras de la Fuente, Coahuila, de donde afirma, “los jesuitas me pescaron” y aunque finalmente no pertenece a esta congregación, recibió la formación para ser sacerdote en el Seminario de esa orden que estaba en Montezuma en Nuevo México, Estados Unidos.
Premio por valor
Es a este migrante y defensor de los migrantes a quien se entregará dicho premio con el fin de “reconocer, estimular y apoyar a las organizaciones, grupos y personas que se hayan destacado por su valor en la defensa y promoción de la cultura de respeto a los derechos humanos en nuestro país”.
El premio fue fundado a raíz de un decreto que emitió don Sergio Méndez Arceo, entonces obispo titular de Cuernavaca, Morelos, el 17 de abril de 1981, en contra de los “involucrados en la aborrecible práctica de la tortura”.
“Este decreto quiere ser ante todo una enérgica afirmación de la dignidad del hombre y de los derechos humanos. Es un llamado a la conciencia cristiana y una contribución a la paz pública en un estado de derecho como lo es México”, dice uno de los párrafos del escrito.
Agrega: (la tortura)…”constituye una violación y traición a la confianza depositada por el pueblo en sus autoridades, se hace en la clandestinidad y con visos de legitimidad, a pesar de que su práctica está condenada en la ley de los derechos humanos.
La primera entrega fue en 1993 y la recibió don Samuel García Ruiz, en ese entonces obispo titular de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas.
Ahora, en la 17ava entrega, será el padre Pantoja quien reciba el premio que consiste, además del reconocimiento, en un apoyo económico que “dice mucho para nosotros porque estamos tan pobres, que cualquier subsidio nos alivia”.
Un hombre de lucha social
El padre Pedro recibió el ministerio del Orden Sacerdotal en 1972, cuando tenía 28 años de edad. Su inspiración para desarrollar una pastoral hacia los pobres fueron los documentos de “Medellín”, elaborados en Colombia en 1968; también el testimonio de algunos obispos que participaron en esa experiencia latinoamericana, así como las experiencias en el campo laboral que ha vivido a lo largo de su sacerdocio.
Entre ellas trabajar como migrante en Estados Unidos para “conocer el valle de la muerte y experimentar la situación, lo que fue sumamente crucial para reorientar a fondo un sacerdocio con una intencionalidad social muy fuerte”.
Posteriormente estar en el campo obrero en Saltillo, Coahuila, en donde fue testigo del momento histórico de la huelga de los trabajadores de Cinsa Cifunsa hace 35 años.
“Fue un paradigma esa lucha porque no se había presentado en este territorio y menos en esta diócesis tan tranquila un acontecimiento de tanta trascendencia y que causó una condenación del grupo empresarial de todo el Norte de México. Para muchos fue un pecado social sentar a los patrones en el banquillo de los acusados, eran intocables”, cuenta el sacerdote.
Agrega: “Ahí descubrí de lo que es capaz un pueblo pobre cuando aporta elementos tan creativos”.
Otra de las experiencias que marcó la vida de este sacerdote fue el trabajo que realizó en Tlanepantla, Estado de México. Ahí, como un asalariado más en la empresa metalúrgica “comprendí que no es un mito la explotación del obrero, es una realidad y no sólo rutinaria, sino permanente; al obrero no le queda otra mas que sufrir o reaccionar violentamente contra esto”.
Después de un año y medio de permanecer en esta empresa, tuvo la oportunidad de ir a estudiar a Ecuador por dos años, experiencia que le ayudó a tener mejores elementos pastorales.
En 1988-89, Monclova, Coahuila sufrió un decaimiento industrial y laboral cuando la empresa paraestatal Altos Hornos de México fue re-privatizada, por lo que toda la región carbonífera sufrió mucho daño al incluir el recorte de personal de miles de trabajadores, lo que alteró el sistema de vida en esa zona.
“Hubo despidos, marchas, protestas y también una experiencia muy fuerte en derechos humanos laborales…fue el término de una generación de obreros a los que se les utilizó sin ningún futuro…el obrero fue manipulado, fue víctima de un atractivo de reconvención y de recompensas económicas”, informa el padre.
Fueron seis años de una crisis muy fuerte y ahí comenzó el hundimiento de la región carbonífera y de Monclova, asegura el sacerdote.
Ante esta situación, el padre hizo una solicitud a la diócesis para trabajar con los mineros en la zona de Barroterán por ser un territorio “degradado” en todos los aspectos, tanto económico como social.
“La región carbonífera es una historia de explosiones. Desde 1969, año en que ocurrió una, la cual fue el principio de una crisis, han muerto cientos de mineros”, dice el padre.
Agrega que los llamados “pocitos” son territorios desde una hectárea hasta cientos que pertenecen a empresas privadas para extraer el carbón; es aquí donde los mineros reciben un salario mínimo y trabajan en condiciones infrahumanas.
Casas para migrantes
Recuerda que fue en ese tiempo cuando se inició el éxodo de muchos de ellos hacia la frontera, en este caso hacia Acuña y Piedras Negras.
“La gente huyó a la frontera, entonces, habría qué seguir a esa gente y fue cuando, en 1996, dejé la región carbonífera para estar en Ciudad Acuña”, explica el padre.
Fue allá donde fundó la Casa Emaús, Paso del Migrante y el proyecto Frontera y Dignidad. A partir de ahí inició vínculos con personas que trabajan con los migrantes, entre ellos los religiosos scalabrinianos.
En Ciudad Acuña estuvo por más de cinco años, sin embargo, la crueldad que muchos centroamericanos vivían en la capital del estado, hizo que el padre Pantoja regresara a Saltillo.
“En el 2001 iniciamos Belén, Posada del Migrante y el proyecto Frontera con Justicia porque se empezaron a dar violaciones, desapariciones, escándalos de represión por parte de la policía”, dice.
El proceso que se inició en este campo, acompañado de otros grupos dedicados a la causa, hizo que se viviera una “verdadera experiencia que revolucionó la comprensión de la migración”. Fue así que la migración se convirtió en un hecho histórico social.
¿Por qué quieren inmolar, por qué quieren desaparecer al migrante, por qué lo desconocen como un fenómeno humano y que tiene todos los derechos de caminar? Eran las preguntas a reflexionar.
“Así se hizo todo un proceso de cómo incidir en la sociedad, en la Iglesia, en la cultura, en la universidad, en las políticas públicas para abrir la brecha y tener una comprensión profunda interdisciplinaria; logramos abrir los espacios de tal manera que se dio la vinculación con experiencia y organismos nacionales e internacionales”, dice el padre.
Reconoce: “He sido sujeto de esta práctica social, pero al mismo tiempo he sido beneficiario para ejercer un sacerdocio que realmente sirva al pueblo de Dios, especialmente a los marginados”.
Finalmente sólo pide que sean ellos los protagonistas de este reconocimiento.
“Los migrantes piden que volteen la cara, que miren hacia esta comunidad que simplemente reclaman una supervivencia. Por eso digo que el premio es un reconocimiento a las víctimas”, afirma.
"El secreto de la paz está en el respeto de los derechos humanos"
Juan Pablo II
Juan Pablo II
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Hidalgo sur 166
Saltillo, Coahuila. México
844-.412-37-84 ext 137
derechoshumanos@diocesisdesaltillo.org.mx
domingo, 12 de abril de 2009
Espacios públicos
El encierro del espacio público
JAVIER SICILIA
El neoliberalismo no gusta de los pobres. Sufre por su existencia y quisiera desaparecerlos incorporándolos al mercado y sus consumos. Sin embargo, lejos de ello, los persigue y miserabiliza día con día. Su afán por enseñarles los goces y las maneras de hacer del desarrollo los ha despojado de su sabiduría ancestral, de sus tierras, de sus lugares, de sus formas de vivir y de fabricar, para lanzarlos a periferias inhóspitas cuyo rostro es el desempleo.
Los pobres, sin embargo, aprenden a sobrevivir ahí. Su inventiva es inmensa. Aun en las planchas asfaltadas de las ciudades ocupan los espacios públicos, venden mercancías, fabrican viviendas y diablitos, se levantan en movilizaciones sociales, escapan a la mano de hierro de un mercado que quiere someterlos a una esclavitud modernizada.
Los centros de las ciudades son un hermoso microcosmos de esa creatividad. Ahí confluyen los pobres para vender sus mercancías, levantar un puesto de tacos, traer sus artesanías o, si la ciudad y su conurbación, como en el DF, los ha despojado de la subsistencia de la producción alimentaria, levantan puestos de fayuca, de piratería; en síntesis, reciclan y ofertan lo que el Mercado reglamenta para enriquecer a unos cuantos. Nada, para ellos, es un dique a su sobrevivencia. De ahí que frente a la crisis que el espejismo del desarrollo ha generado, el país siga su marcha. Mientras los ricos tiemblan y las clases medias, que creyeron en el sueño, se empobrecen, los pobres se reinventan para escapar de la miseria.
Al Estado no le gusta. Protector del Mercado y ciego a la potencia creativa de los pobres, continúa persiguiéndolos. Si no puede darles lo que les prometió, tampoco quiere que habiten lo que aún les corresponde: los espacios públicos. Semejante a lo que en Inglaterra fue el cercado de los campos, el Estado mexicano intenta someterlos a la reglamentación en la que no podrían sobrevivir y, si escapan a ella, echarlos, arrinconarlos en guetos; borrarlos de la mirada de los otros, de los que están en regla o quieren pasearse por el espacio público sin ser interpelados por su fealdad.
Esta realidad se hace día con día más evidente entre los gobiernos administrados por el PAN. En Cuernavaca, traspatio y putero de la burguesía del DF, así como un microcosmos de lo que sucede en el país, la remodelación del centro histórico ha desembocado en una persecución de los pobres. El decorado de sus fachadas y el cierre de sus calles para generar un espacio peatonal coinciden con la persecución del llamado ambulantaje y de los indios que llegan ahí a vender sus artesanías.
Para los neoliberales del panismo, la reconquista del espacio público, del que han logrado echar a los coches, significa también, curiosa paradoja, la destrucción de la vida pública. Ahí, entre un decorado de fachadas –por dentro muchos de los espacios públicos, como el del Centro Cultural Universitario, donde los hijos de los pobres se forman en artes, están a punto de desmoronarse– y de calles que simulan el pasado, sólo hay lugar para el comercio regulado y los peatones. Los pobres ya no tienen cabida en él. El centro, ese sitio único y abierto, en el que los pobres tejen redes comerciales, ese lugar impregnado de relaciones concretas y vivientes, se está convirtiendo en una zona de turismo controlado.
Desde la promulgación del acuerdo número 4498, en el que el Cabildo de Cuernavaca acordó que “se regularía el comercio en el primer cuadro de la ciudad”, el hostigamiento y despojo de las mujeres y niñas indígenas de Morelos, Guerrero y el Estado de México que llegan ahí a vender sus artesanías se ha incrementado de manera atroz. Policías e inspectores de licencias y reglamentos se han dado a la tarea de maltratar física y verbalmente a esas mujeres a quienes les quitan sus mercancías sin darles actas de retención. El propio secretario de Desarrollo del Ayuntamiento declaró públicamente algo que muestra la estrechez de nuestros gobernantes: no se puede permitir el comercio de las mujeres indígenas porque “afean el paisaje”.
El mundo con el que sueñan nuestros neoliberales es el de un pueblo Potemkin y no uno real y concreto hecho de pobres creativos y solidarios. A los pobres que no pueden controlar ni mucho menos enchufar al desarrollo, les cierran día con día las salidas. Creen que borrándolos del paisaje, encerrándolos fuera del espacio público, desaparecen. No se dan cuenta de que, al hacerlo, la pobreza que quieren borrar se convierte en miseria, que entre más riqueza quieren ostentar más destruyen las relaciones de mutualidad que son naturales entre los pobres históricos y la base de sus redes de subsistencia.
Cuando el Titanic se hundía, el capitán Smith mandó encerrar a los pobres de la tercera clase porque sólo había botes para salvar a mil de los 2 mil 201 pasajeros. Cuando el Carpathia llegó a recoger a los sobrevivientes sólo halló a 705. Si Smith no los hubiera encerrado, quizá con las cuerdas, las latas, los bidones de agua y un sinnúmero de cosas que para los ricos eran sólo objetos inútiles, muchos de esos pobres habrían sobrevivido. El mundo del desarrollo que ha entrado en crisis y que quiere encerrar a los pobres se parece a un enorme Titanic que no aprendió la lección.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco y de la APPO, y hacer que Ulises Ruiz salga de Oaxaca.
Nota completa en la revista Proceso
Los pobres, sin embargo, aprenden a sobrevivir ahí. Su inventiva es inmensa. Aun en las planchas asfaltadas de las ciudades ocupan los espacios públicos, venden mercancías, fabrican viviendas y diablitos, se levantan en movilizaciones sociales, escapan a la mano de hierro de un mercado que quiere someterlos a una esclavitud modernizada.
Los centros de las ciudades son un hermoso microcosmos de esa creatividad. Ahí confluyen los pobres para vender sus mercancías, levantar un puesto de tacos, traer sus artesanías o, si la ciudad y su conurbación, como en el DF, los ha despojado de la subsistencia de la producción alimentaria, levantan puestos de fayuca, de piratería; en síntesis, reciclan y ofertan lo que el Mercado reglamenta para enriquecer a unos cuantos. Nada, para ellos, es un dique a su sobrevivencia. De ahí que frente a la crisis que el espejismo del desarrollo ha generado, el país siga su marcha. Mientras los ricos tiemblan y las clases medias, que creyeron en el sueño, se empobrecen, los pobres se reinventan para escapar de la miseria.
Al Estado no le gusta. Protector del Mercado y ciego a la potencia creativa de los pobres, continúa persiguiéndolos. Si no puede darles lo que les prometió, tampoco quiere que habiten lo que aún les corresponde: los espacios públicos. Semejante a lo que en Inglaterra fue el cercado de los campos, el Estado mexicano intenta someterlos a la reglamentación en la que no podrían sobrevivir y, si escapan a ella, echarlos, arrinconarlos en guetos; borrarlos de la mirada de los otros, de los que están en regla o quieren pasearse por el espacio público sin ser interpelados por su fealdad.
Esta realidad se hace día con día más evidente entre los gobiernos administrados por el PAN. En Cuernavaca, traspatio y putero de la burguesía del DF, así como un microcosmos de lo que sucede en el país, la remodelación del centro histórico ha desembocado en una persecución de los pobres. El decorado de sus fachadas y el cierre de sus calles para generar un espacio peatonal coinciden con la persecución del llamado ambulantaje y de los indios que llegan ahí a vender sus artesanías.
Para los neoliberales del panismo, la reconquista del espacio público, del que han logrado echar a los coches, significa también, curiosa paradoja, la destrucción de la vida pública. Ahí, entre un decorado de fachadas –por dentro muchos de los espacios públicos, como el del Centro Cultural Universitario, donde los hijos de los pobres se forman en artes, están a punto de desmoronarse– y de calles que simulan el pasado, sólo hay lugar para el comercio regulado y los peatones. Los pobres ya no tienen cabida en él. El centro, ese sitio único y abierto, en el que los pobres tejen redes comerciales, ese lugar impregnado de relaciones concretas y vivientes, se está convirtiendo en una zona de turismo controlado.
Desde la promulgación del acuerdo número 4498, en el que el Cabildo de Cuernavaca acordó que “se regularía el comercio en el primer cuadro de la ciudad”, el hostigamiento y despojo de las mujeres y niñas indígenas de Morelos, Guerrero y el Estado de México que llegan ahí a vender sus artesanías se ha incrementado de manera atroz. Policías e inspectores de licencias y reglamentos se han dado a la tarea de maltratar física y verbalmente a esas mujeres a quienes les quitan sus mercancías sin darles actas de retención. El propio secretario de Desarrollo del Ayuntamiento declaró públicamente algo que muestra la estrechez de nuestros gobernantes: no se puede permitir el comercio de las mujeres indígenas porque “afean el paisaje”.
El mundo con el que sueñan nuestros neoliberales es el de un pueblo Potemkin y no uno real y concreto hecho de pobres creativos y solidarios. A los pobres que no pueden controlar ni mucho menos enchufar al desarrollo, les cierran día con día las salidas. Creen que borrándolos del paisaje, encerrándolos fuera del espacio público, desaparecen. No se dan cuenta de que, al hacerlo, la pobreza que quieren borrar se convierte en miseria, que entre más riqueza quieren ostentar más destruyen las relaciones de mutualidad que son naturales entre los pobres históricos y la base de sus redes de subsistencia.
Cuando el Titanic se hundía, el capitán Smith mandó encerrar a los pobres de la tercera clase porque sólo había botes para salvar a mil de los 2 mil 201 pasajeros. Cuando el Carpathia llegó a recoger a los sobrevivientes sólo halló a 705. Si Smith no los hubiera encerrado, quizá con las cuerdas, las latas, los bidones de agua y un sinnúmero de cosas que para los ricos eran sólo objetos inútiles, muchos de esos pobres habrían sobrevivido. El mundo del desarrollo que ha entrado en crisis y que quiere encerrar a los pobres se parece a un enorme Titanic que no aprendió la lección.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco y de la APPO, y hacer que Ulises Ruiz salga de Oaxaca.
Nota completa en la revista Proceso
martes, 7 de abril de 2009
El Consejo Ciudadano Permanente - COCIPE -
INTEGRA COCIPE ORGANISMOS CIVILES
Busca despertar la CONCIENCIA CIUDADANA
Considera es imprescindible la participación comunitaria en la vida pública
12C Zócalo Saltillo Sábado 28 de marzo de 2009 Entrevista
Leopoldo Ramos
Zócalo | Saltillo
Organizaciones que integran el Consejo Ciudadano Permanente:
» Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo
» Alianza Cívica
» Cé-Tierra
» Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”
» CEP-Parras
» Cruzada por la Legalidad
» Frontera con Justicia
» Huakori
» Radio Imagina Saltillo
» Redes Ciudadanas Independientes
» Red Oasis
» SARTRE
Busca despertar la CONCIENCIA CIUDADANA
Considera es imprescindible la participación comunitaria en la vida pública
12C Zócalo Saltillo Sábado 28 de marzo de 2009 Entrevista
Leopoldo Ramos
Zócalo | Saltillo
Generar conciencia social y conseguir que la ciudadanía se involucre en acciones que tiendan a resolver los problemas de su entorno, son tareas complicadas si se consideran la cerrazón, apatía y el desinterés cada vez más manifiestos en la sociedad.
Así lo entiende Juan Carlos Loyola-Licea, catedrático del Instituto Tecnológico de Saltillo, quien junto a otros saltillenses pretende convencer a los ciudadanos sobre la importancia de que participen en la vida pública de la comunidad.
A su juicio, más allá del Gobierno y de los partidos políticos, los ciudadanos tienen el poder de corregir asuntos elementales y complicados que les afectan, como la pavimentación de una calle, la nivelación de una banqueta y la seguridad de sus hijos.
El problema, señala en entrevista, es que la gente está cada vez más ensimismada y apática para defender, incluso, sus derechos más elementales.
Loyola y otros académicos, profesionistas e investigadores, fundaron hace dos años el Consejo Ciudadano Permanente (Cocipe), asociación civil que concentra a organismos no gubernamentales que pugnan por temas que van desde la defensa de los derechos humanos y laborales, hasta el desarrollo sustentable y el cuidado de los recursos naturales de la región.
Su lucha la desarrollan desde diferentes trincheras: las aulas de instituciones de enseñanza superior, con vecinos y familiares, a través del debate y de charlas y conferencias que han dictado expertos en temas ecológicos, de migración y política, por citar algunos.
“Este proyecto pretende un trabajo de construcción de ciudadanía, que el ciudadano tome su papel, que comprenda cuáles son sus derechos, qué prerrogativas tiene como ciudadano, pero que también actúe”, sintetiza.
“Es evidente que la gente es apática, pero también la gente cada vez participa más para defender su espacio inmediato, sus banquetas, los árboles de su calle, para protestar por los altos cobros del agua”.
Señala que, ante esto, “gran parte del trabajo que realizamos es en la colonia, con nuestros propios vecinos”, a quienes pretenden concientizar sobre la importancia de organizarse y convertirse en ayuda para las autoridades.
“Tenemos una estructura muy flexible, horizontal. No es un grupo de autoayuda, más bien de autocrítica y de reflexión. Empezamos creando redes de amigos, familiares y estudiantes y pretendemos dar un análisis alternativo, es decir, ver cómo podríamos tener un mundo distinto, políticos distintos, cómo podríamos tener una economía y decisiones del gobierno con mejor sustento”, explica.
Sus gastos principales corresponden a la atención de invitados foráneos que acuden a Saltillo a ofrecer conferencias, los cuales son financiados por los mismos integrantes de la organización.
Reconoce que aun cuando el organismo es apartidista, incluye asociaciones vinculadas con personajes de la vida política nacional, como las Redes Ciudadanas que impulsa Andrés Manuel López Obrador.
“Ellos son lopezobradoristas declarados” y señala que si bien su tarea militante la realizan al margen del Cocipe, coinciden en la necesidad de convertirse “en contrapeso del poder de los políticos y rescatar cuestiones fundamentales para el país y los ciudadanos, como la soberanía, porque creemos que está en riesgo, los derechos humanos y la sustentabilidad”.
El entrevistado reconoce que una de las principales motivaciones que tuvieron para organizarse en este frente fue la actuación sistemática emprendida por el Gobierno federal panista para desarticular cualquier indicio de organización ciudadana y lamenta que Felipe Calderón Hinojosa pretenda criminalizar a las voces contrarias a la derecha política mexicana.
“El gobierno de Calderón ha metido en la misma olla a la disidencia política con el crimen organizado, ha dicho que el crimen organizado está basándose en las calles y hay un riesgo, porque cuando se cierran los canales democráticos, cuando no se da opción, no habrá otras posibilidades que salir a las calles, no hay otra forma cuando las instituciones no responden (…) algo ha pasado en México que han desmovilizado a la gente y eso no le hace bien a nadie, ni al propio Gobierno”, considera.
Recuerda que una de las principales acciones emprendidas por el Cocipe estuvo relacionada con el proceso electoral para diputados locales que se realizó en Coahuila el año pasado. Explica que, a juicio de la organización, ningún partido político representaba opciones claras para solucionar problemas básicos de los coahuilenses y cuenta que a través de diferentes foros llamaron a los ciudadanos a acudir a las urnas y anular el voto.
Asegura que la medida fue tan exitosa, que la cantidad de votos anulados significó prácticamente el mismo número de sufragios alcanzados por uno de los principales partidos políticos nacionales, el de la Revolución Democrática (PRD)
“Le pedimos a la gente que fuera a votar, porque a través de las elecciones podemos cambiar este país, pero en Coahuila no vimos viabilidad en los partidos políticos, no creíamos que los partidos políticos estuvieran representando a la sociedad y entonces llamamos a votar, pero a anular el voto, y se lograron anular cerca de 24 mil votos, tantos como la izquierda más representativa, que es el PRD, obtuvo en Coahuila”, menciona.
Contrapeso Gubernamental
Loyola se alarma por la crisis de valores vigente en los partidos políticos, situación que pulveriza la posibilidad de que a través de éstos se generen contrapesos reales e importantes para el gobierno en turno.
“En el caso de Coahuila, el gobernador Humberto Moreira ha avanzado en materia de obra pública, ha convencido con su trabajo, pero aun así es necesaria una oposición que señale y diga en qué se está equivocando el gobierno, pero la oposición no está señalando nada ni indicando el derrotero hacia donde debemos ir”, indica.
En un repaso por la situación actual de los partidos políticos, el catedrático cita que “el PRD, al menos localmente, no está representando una alternativa para la gente, son grupos pequeños que están parasitando y nos están costando mucho dinero. Me da la impresión de que en la izquierda electoral más típica, que es el PRD, lo que buscan es dinero y la alternancia en el poder”.
Señala que “el Partido Verde es un negocio, no representa la defensa de los recursos naturales, sino los propios intereses económicos de sus dirigentes y es lamentable que no haya partidos políticos que hagan una verdadera oposición” y dice que “el Partido Acción Nacional no parece estar trabajando para equilibrar las cosas y para convertirse en un contrapeso del poder que tiene el PRI”.
A su juicio, ante la falta de credibilidad que tienen los partidos políticos, la opción de los ciudadanos está en la organización comunitaria, pues señala que “las ciudades que avanzan lo hacen cuando los ciudadanos participan, pueden ser personas que se reúnen para realizar
un trabajo artesanal, para el cuidado de los animales, con labores de asistencia, cuando se organizan para asistir a las escuelas en el tráfico y de eso se trata, queremos que la gente salga y se organice”.
Añade: “Si tuviéramos más clubes rotarios, de leones, como se llamen, si tuviéramos más organizaciones como la nuestra que trabajen por la defensa de los derechos humanos, de los recursos naturales, por la defensa de la soberanía, sería una sociedad más rica, pero si el gobernante en turno hace algo mal y no hay quien se lo diga, quien le señale, entonces puede equivocarse y hacer daño sin que haya advertido el riesgo.
“De alguna forma ha ocurrido que ni siquiera queremos conocer a nuestro vecino, saludarlo, no queremos comprometernos, si se nos pide un apoyo no queremos estar ahí, queremos estar en la comodidad de nuestro sofá viendo lo que pasa por la televisión. Requerimos cambiar esto, los jóvenes necesitan salir a reconstruir nuestro país”.
Destaca que “en Saltillo tenemos una cultura donde las cosas se dicen bajito, o a espaldas y no se habla de frente” y advierte que esta situación “pone en riesgo a nuestra sociedad de un colapso”.
Así lo entiende Juan Carlos Loyola-Licea, catedrático del Instituto Tecnológico de Saltillo, quien junto a otros saltillenses pretende convencer a los ciudadanos sobre la importancia de que participen en la vida pública de la comunidad.
A su juicio, más allá del Gobierno y de los partidos políticos, los ciudadanos tienen el poder de corregir asuntos elementales y complicados que les afectan, como la pavimentación de una calle, la nivelación de una banqueta y la seguridad de sus hijos.
El problema, señala en entrevista, es que la gente está cada vez más ensimismada y apática para defender, incluso, sus derechos más elementales.
Loyola y otros académicos, profesionistas e investigadores, fundaron hace dos años el Consejo Ciudadano Permanente (Cocipe), asociación civil que concentra a organismos no gubernamentales que pugnan por temas que van desde la defensa de los derechos humanos y laborales, hasta el desarrollo sustentable y el cuidado de los recursos naturales de la región.
Su lucha la desarrollan desde diferentes trincheras: las aulas de instituciones de enseñanza superior, con vecinos y familiares, a través del debate y de charlas y conferencias que han dictado expertos en temas ecológicos, de migración y política, por citar algunos.
“Este proyecto pretende un trabajo de construcción de ciudadanía, que el ciudadano tome su papel, que comprenda cuáles son sus derechos, qué prerrogativas tiene como ciudadano, pero que también actúe”, sintetiza.
“Es evidente que la gente es apática, pero también la gente cada vez participa más para defender su espacio inmediato, sus banquetas, los árboles de su calle, para protestar por los altos cobros del agua”.
Señala que, ante esto, “gran parte del trabajo que realizamos es en la colonia, con nuestros propios vecinos”, a quienes pretenden concientizar sobre la importancia de organizarse y convertirse en ayuda para las autoridades.
“Tenemos una estructura muy flexible, horizontal. No es un grupo de autoayuda, más bien de autocrítica y de reflexión. Empezamos creando redes de amigos, familiares y estudiantes y pretendemos dar un análisis alternativo, es decir, ver cómo podríamos tener un mundo distinto, políticos distintos, cómo podríamos tener una economía y decisiones del gobierno con mejor sustento”, explica.
Sus gastos principales corresponden a la atención de invitados foráneos que acuden a Saltillo a ofrecer conferencias, los cuales son financiados por los mismos integrantes de la organización.
Reconoce que aun cuando el organismo es apartidista, incluye asociaciones vinculadas con personajes de la vida política nacional, como las Redes Ciudadanas que impulsa Andrés Manuel López Obrador.
“Ellos son lopezobradoristas declarados” y señala que si bien su tarea militante la realizan al margen del Cocipe, coinciden en la necesidad de convertirse “en contrapeso del poder de los políticos y rescatar cuestiones fundamentales para el país y los ciudadanos, como la soberanía, porque creemos que está en riesgo, los derechos humanos y la sustentabilidad”.
El entrevistado reconoce que una de las principales motivaciones que tuvieron para organizarse en este frente fue la actuación sistemática emprendida por el Gobierno federal panista para desarticular cualquier indicio de organización ciudadana y lamenta que Felipe Calderón Hinojosa pretenda criminalizar a las voces contrarias a la derecha política mexicana.
“El gobierno de Calderón ha metido en la misma olla a la disidencia política con el crimen organizado, ha dicho que el crimen organizado está basándose en las calles y hay un riesgo, porque cuando se cierran los canales democráticos, cuando no se da opción, no habrá otras posibilidades que salir a las calles, no hay otra forma cuando las instituciones no responden (…) algo ha pasado en México que han desmovilizado a la gente y eso no le hace bien a nadie, ni al propio Gobierno”, considera.
Recuerda que una de las principales acciones emprendidas por el Cocipe estuvo relacionada con el proceso electoral para diputados locales que se realizó en Coahuila el año pasado. Explica que, a juicio de la organización, ningún partido político representaba opciones claras para solucionar problemas básicos de los coahuilenses y cuenta que a través de diferentes foros llamaron a los ciudadanos a acudir a las urnas y anular el voto.
Asegura que la medida fue tan exitosa, que la cantidad de votos anulados significó prácticamente el mismo número de sufragios alcanzados por uno de los principales partidos políticos nacionales, el de la Revolución Democrática (PRD)
“Le pedimos a la gente que fuera a votar, porque a través de las elecciones podemos cambiar este país, pero en Coahuila no vimos viabilidad en los partidos políticos, no creíamos que los partidos políticos estuvieran representando a la sociedad y entonces llamamos a votar, pero a anular el voto, y se lograron anular cerca de 24 mil votos, tantos como la izquierda más representativa, que es el PRD, obtuvo en Coahuila”, menciona.
Contrapeso Gubernamental
Loyola se alarma por la crisis de valores vigente en los partidos políticos, situación que pulveriza la posibilidad de que a través de éstos se generen contrapesos reales e importantes para el gobierno en turno.
“En el caso de Coahuila, el gobernador Humberto Moreira ha avanzado en materia de obra pública, ha convencido con su trabajo, pero aun así es necesaria una oposición que señale y diga en qué se está equivocando el gobierno, pero la oposición no está señalando nada ni indicando el derrotero hacia donde debemos ir”, indica.
En un repaso por la situación actual de los partidos políticos, el catedrático cita que “el PRD, al menos localmente, no está representando una alternativa para la gente, son grupos pequeños que están parasitando y nos están costando mucho dinero. Me da la impresión de que en la izquierda electoral más típica, que es el PRD, lo que buscan es dinero y la alternancia en el poder”.
Señala que “el Partido Verde es un negocio, no representa la defensa de los recursos naturales, sino los propios intereses económicos de sus dirigentes y es lamentable que no haya partidos políticos que hagan una verdadera oposición” y dice que “el Partido Acción Nacional no parece estar trabajando para equilibrar las cosas y para convertirse en un contrapeso del poder que tiene el PRI”.
A su juicio, ante la falta de credibilidad que tienen los partidos políticos, la opción de los ciudadanos está en la organización comunitaria, pues señala que “las ciudades que avanzan lo hacen cuando los ciudadanos participan, pueden ser personas que se reúnen para realizar
un trabajo artesanal, para el cuidado de los animales, con labores de asistencia, cuando se organizan para asistir a las escuelas en el tráfico y de eso se trata, queremos que la gente salga y se organice”.
Añade: “Si tuviéramos más clubes rotarios, de leones, como se llamen, si tuviéramos más organizaciones como la nuestra que trabajen por la defensa de los derechos humanos, de los recursos naturales, por la defensa de la soberanía, sería una sociedad más rica, pero si el gobernante en turno hace algo mal y no hay quien se lo diga, quien le señale, entonces puede equivocarse y hacer daño sin que haya advertido el riesgo.
“De alguna forma ha ocurrido que ni siquiera queremos conocer a nuestro vecino, saludarlo, no queremos comprometernos, si se nos pide un apoyo no queremos estar ahí, queremos estar en la comodidad de nuestro sofá viendo lo que pasa por la televisión. Requerimos cambiar esto, los jóvenes necesitan salir a reconstruir nuestro país”.
Destaca que “en Saltillo tenemos una cultura donde las cosas se dicen bajito, o a espaldas y no se habla de frente” y advierte que esta situación “pone en riesgo a nuestra sociedad de un colapso”.
Organizaciones que integran el Consejo Ciudadano Permanente:
» Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo
» Alianza Cívica
» Cé-Tierra
» Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”
» CEP-Parras
» Cruzada por la Legalidad
» Frontera con Justicia
» Huakori
» Radio Imagina Saltillo
» Redes Ciudadanas Independientes
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» SARTRE
viernes, 3 de abril de 2009
Salarios presidenciales
Publicado en VANGUADIA
Abril 3 de 2009
Horizonte ciudadano
Rosa Esther Beltrán Enríquez
En los años ochenta, Heberto Castillo, entonces líder del Partido Mexicano de los Trabajadores, acuñó una frase afortunada: “Salario mínimo al presidente para que vea lo que se siente”, ahora ocurrió precisamente lo contrario, el presidente tendrá el salario máximo de todos los funcionarios públicos de cualquier nivel.
Abril 3 de 2009
Horizonte ciudadano
Rosa Esther Beltrán Enríquez
En los años ochenta, Heberto Castillo, entonces líder del Partido Mexicano de los Trabajadores, acuñó una frase afortunada: “Salario mínimo al presidente para que vea lo que se siente”, ahora ocurrió precisamente lo contrario, el presidente tendrá el salario máximo de todos los funcionarios públicos de cualquier nivel.
En las campañas electorales para la presidencia de la República del año 2000, Porfirio Muñoz Ledo, candidato a la presidencia por el ya extinto PARM, propuso establecer límites a las percepciones de funcionarios públicos y las pensiones de los altos funcionarios, mediante topes a sus salarios y a las percepciones adiciones derivadas de su cargo, con ello se evitaría la concentración de ingresos a cargo del erario público.
Igualmente, propuso homologar los sueldos de los funcionarios de las secretarías ya que se presentan disparidades importantes en las percepciones entre ellas y personal del mismo rango.
Por supuesto que nadie lo atendió, más bien se catalogó como una propuesta exótica y socializante y rápidamente quedó en el olvido. Fue hasta 7 años después que la fracción parlamentaria del PRD la puso de nuevo sobre la mesa de las discusiones del Congreso de la Unión, el Senado la aprobó en marzo del 2007, con ella se buscaba que todas las percepciones de un servidor público contaran en el total, incluso los ingresos en especie, de tal manera que se pudieran transparentar los sueldos y se supiera con precisión cuánto gana cada quien, que nadie ganara más que el Jefe del Ejecutivo, pero la reforma fue enviada a dormir el sueño de los justos a la congeladora.
El presidencialismo salarial fue resucitado en esta legislatura que está por expirar, de manera que el martes pasado la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, por 365 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, la Ley de Salarios Máximos.
Con ella se espera poner fin a los excesos salariales de los servidores públicos. La propuesta de reformas constitucionales se turnará al Senado de la República para su aprobación -por ser esta ley diferente a la que antes había aprobado la Cámara alta- y, de ser avalada, pasará a los Congresos locales, para que la aprueben la mitad más uno y al final que el Ejecutivo la publique.
Como suelen hacer los legisladores de este país, la cacareada Reforma quedó “mocha”, ya que los diputados federales de todos los partidos reconocieron limitantes en nueva ley, porque deja en manos de la siguiente legislatura la aprobación de los tabuladores salariales de todas las dependencias y poderes de la Unión, además, por derechos constitucionales, los altos rangos de los órganos autónomos así como del Poder Judicial, no verán reducidos sus sueldos. O sea, ¡mucho ruido y pocas nueces! Se quedan intactos los privilegios del Poder Judicial.
Las buenas intenciones de frenar las ambiciones se quedaron cortas. Felipe Calderón recibe un salario bruto de 277 mil 429 pesos (S. Aguayo, 1, 04, 09), ojalá al asignar los nuevos salarios no se pongan 10 pesos menos de esa cantidad como ya hicieron los consejeros del IFE con Luis Carlos Ugalde, porque de simulación estamos hasta el gorro.
Así las cosas, ¿usted les cree a los políticos mexicanos? Habrá que estar atentos, pero es probable que las próximas fracciones legislativas “se olviden” de nuevo de la flamante ley del presidencialismo salarial y la generosidad seguirá derramándose a favor de la alta burocracia cuya sed de dinero es insaciable.
Algunos ejemplos podrían ilustrar la insaciabilidad de los altos funcionarios públicos: en el municipio de Ecatepec en 2001, en el cabildo de origen panista los regidores ganaban más de 300 mil pesos y el presiente municipal se asignó 400 mil de salario, el espacio no da para agregar datos ominosos.
En Coahuila hemos sido testigos de la manga ancha que exhiben los diputados cuando se asignan los bonos de marcha, los aguinaldos, los bonos por comisiones, etc. y en la pasada legislatura se les “olvidó” regularlos, a pesar de que había sido un ofrecimiento de Humberto Moreira al llegar a la gubernatura. Así son de amnésicos.
Otro ejemplo que ilustra el derroche sin posibilidades de regulación es el de la propaganda política, Felipe Calderón ha destinado miles de millones de pesos para publicitar sus políticas públicas y localmente, ese es un hoyo negro inescrutable, mejor ahí lo dejamos, no sea que se vaya a enojar el Big Brother y entonces sí se arma, aunque él está de regocijo porque será diputado, su sueño.
Posdata
Si sale usted de vacaciones cuídese y cuide a los suyos, recuerde Saltillo le necesita saludable y feliz.
Si sale usted de vacaciones cuídese y cuide a los suyos, recuerde Saltillo le necesita saludable y feliz.
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