Por este medio nos permitimos presentar a la opinión pública lo siguiente: Es un hecho que a últimas fechas se ha agudizado la crisis económica, social y política de México.
El desempeño económico del país ha estado marcado por el estancamiento o la desaceleración de las principales variables, traduciéndose en crecimientos muy reducidos del Producto Interno Bruto, lo que a su vez ha impactado negativamente la generación de empleos formales, el mercado interno, los sueldos y los salarios de empleados y trabajadores, y en general las condiciones de vida de amplias capas de la población.
En el ámbito social las cosas no han sido mejores, como queda demostrado por la persistencia de los índices de pobreza y de marginación social en donde vive por lo menos el 45% de los mexicanos, por la exclusión social que siguen padeciendo los indígenas, por la intolerancia de que son víctimas las minorías, y por la irrupción de fenómenos como el crimen organizado y la inseguridad pública.
A lo anterior habría que agregar el desempeño más que deficiente de la clase política, que a todas luces ha mostrado su inoperancia para darle rumbo al destino del país, enfrascada como está en luchas intestinas entre grupos, partidos y poderes republicanos, de tal suerte que han dejado de representar los intereses más caros del pueblo. Por su lado los poderes fàcticos siguen moviéndose en torno a sus intereses económicos inmediatos sin importarles los intereses de los mexicanos.
A nivel de nuestra entidad las cosas no son mejores por la presencia de un poder ejecutivo todopoderoso, por el desarrollo de un proyecto transexenal de dominio político, por las divisiones internas que afectan a la oposición, o por un oposicionismo intrascendente de estos grupos que no hace mella.
Frente a las fallas evidentes de los mecanismos formales y tradicionales de representación política, y de la crisis descrita, los grupos organizados de la sociedad civil tenemos el deber moral de construir esquemas de aglutinamiento para expandir nuestros radios de acción, para abrir espacios de interlocución con los gobernantes y con la sociedad toda, y en definitiva para hacer oír las voces de quienes frecuentemente son callados.
Es en este contexto, que un grupo de organizaciones sociales y políticas del sureste del estado nos dimos a la tarea de constituir el Consejo Ciudadano Permanente (Cocipe), el cual tiene el siguiente objetivo central:
- “Impulsar, a través de las organizaciones representadas, todas las acciones que promuevan lo que ha dado en llamarse el empoderamiento de la sociedad civil, concepto que demanda, como condición sine qua non, el impulso de su participación organizada”.
Se trata de que la sociedad se organice en torno a sus demandas y necesidades más sentidas, pero también de que la toma de decisiones sobre el diseño y ejecución de las políticas públicas no se realice sin su concurso o, expresado de otra manera, de que se transite desde la democracia meramente representativa a la democracia participativa, a la democracia social, generando las condiciones para ese efecto.
Los principios éticos que le darán sustento al desempeño del Consejo Ciudadano Permanente son los siguientes:
- Para todos los efectos a que haya lugar, siempre se tendrá al ser humano como un fin en sí mismo, y nunca como medio.
- Los medios para la acción deberán justificar en todo momento los fines perseguidos, tanto ética como moralmente.
- Es en los hechos donde tendrá que demostrarse una congruencia inquebrantable entre el decir y el hacer de quienes formen parte de esta instancia de organización.
- Sus miembros deberán conducirse con muestras evidentes de honestidad, honradez y respeto.
Las acciones que el Cocipe emprenda se inscribirán en los ejes temáticos siguientes:
1) Derechos humanos,
2) Soberanía nacional, y
3) Cambios estructurales para el desarrollo sustentable.
El Cocipe se define como una instancia de representación no formal ( en el sentido de que no representa a las organizaciones, sino que las organizaciones están representadas en él), de carácter democrático (para la toma de decisiones y para la interactuaciòn de quienes lo conforman), plural (como abanico de posiciones políticas inscritas en el amplio espectro de las corrientes progresistas), apartidista (que no apolítico), flexible (que prescinde de estructuras de gobierno y administración burocráticas y escleróticas), propositivo (para trascender el plano de la reactividad), crítico y autocrìtico, además de incluyente.
El Cocipe se integra con uno o dos representantes de las organizaciones participantes. Sus decisiones no tienen carácter vinculatorio para las organizaciones, aunque se evaluará el desempeño en el cumplimiento de los compromisos libremente asumidos para hacer las recomendaciones que vengan al caso.
Hecha la presentación, y dada la trascendencia del asunto, queremos manifestar nuestra postura sobre el tema del petróleo.
El diagnóstico oficial concluyó lo que ya sabíamos: Que PEMEX está en crisis. Pero, ¿quiénes son los responsables? Ni más ni menos que los gobiernos federales y los administradores de la paraestatal, porque no hay crisis que se produzca en el vacío o que sea provocada por nada ni por nadie.
Del 2000 a la fecha PEMEX ha captado recursos por el orden de los 370 mil millones de dólares a 400 mil millones de dólares, lo que representa el 45% del PIB actual. Por lo tanto, ¿Quién duda de que la empresa sea altamente rentable y lucrativa? Pero con todo se nos ha dicho que está en quiebra, aunque habría que decir que en realidad se ha instrumentado una política deliberada para llevarla a la quiebra, y para después justificar lo injustificable: la recurrencia al capital privado.
De los 700 mil millones de pesos de recursos fiscales excedentes generados en la administración anterior (la mayoría de ellos provenientes del petróleo), el 50% fue invertido en gasto corriente, básicamente para ampliar la burocracia federal, en lugar de haberlo hecho en la capitalización de PEMEX.
El 40% del presupuesto de la federación proviene de los impuestos que paga PEMEX. Los partidarios de la privatización dicen que se requiere de capital adicional para invertir en el petróleo, porque no se puede echar mano del dinero que la paraestatal entrega al gobierno federal, pues al hacerlo, habría menos dinero para educación, salud, vivienda, salarios de la burocracia, etc. En realidad lo que quieren hacer es asustarnos con el petate del muerto, porque si hubiera austeridad republicana, si se combatiera la corrupción endémica, y si Hacienda le cobrara a los grandes corporativos los impuestos que por ley deberían pagar, en lugar de verse exentados, de seguro se liberarían muchos recursos para invertir en la exploración y la explotación del crudo, y en la construcción de refinerías para la producción de los derivados del petróleo.
Los que están a favor de la privatización dicen que la propuesta de Calderón no es privatizadora, porque en estricto sentido sólo se puede hablar de privatización cuando se enajenan los activos de una empresa, y que como en el caso del petróleo el principal activo es precisamente este recurso no renovable, entonces no aplica el calificativo.
La falacia anterior queda evidenciada cuando se demuestra que el activo por sí mismo no es propiamente un activo, si no se traduce en renta, y la propuesta calderonista sí va por la línea de compartir la renta con los particulares, vía la inversión privada en refinerías, oleoductos, transporte, almacenamiento y distribución a través de los contratos de servicios múltiples, e incluso los particulares podrán ser propietarios de las instalaciones en las que inviertan, atentando contra el principio de soberanía nacional establecido en el artículo 27 constitucional.
Nosotros nos pronunciamos en contra de cualquier forma de privatización de PEMEX, y lo hacemos no por un mero prurito ideológico, sino porque estamos claros de que existen bases y elementos técnicos suficientes que avalan la posibilidad de realizar inversiones públicas en toda la cadena productiva de la paraestatal, sin que se tenga que recurrir al capital privado.
Si de reforma se trata, entonces que se le dote a PEMEX de autonomía de gestión y que se reforme su régimen fiscal, a fin de que fluyan los dineros a la inversión productiva, todo en el ámbito del texto constitucional, además de atacar a fondo el fenómeno de la corrupción que merma las arcas de la empresa.
Por último, también nos pronunciamos a favor de que se dé un amplio debate nacional durante el tiempo que sea necesario, en el cual participen todos los actores sociales y políticos que deseen hacerlo.
Atentamente:
Saltillo Coahuila. A 24 de abril de 2008
CONSEJO CIUDADANO PERMANENTE
Organizaciones que lo suscriben:
Alianza Cívica, AUAS, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, CEP-Parras, Cé-Tierra, Frontera Con Justicia A. C., Huakori, Red Oasis, Redes Ciudadanas y Sartre
