¿También la izquierda?

Publicamos en apoyo a Sanjuana Martínez.

Guadalupe Loaeza
9 Dic. 08

Era prácticamente imposible entrar. El salón más grande de la FIL, el "Enrique González Martínez", estaba lleno a reventar. Según los organizadores había más de mil 200 personas, la mayoría eran jóvenes, estudiantes de periodismo. No era para menos, las participantes de la mesa "Transformando la Sociedad a través del periodismo" eran nada menos que Carmen Aristegui, Lydia Cacho y Sanjuana Martínez, el moderador sería Rogelio Campos, columnista de Mural. En el momento en que entró este trío de periodistas súper aguerrido, todos comenzaron a gritar entre aplausos y ovaciones: ¡¡¡No están solas!!! La primera que tomó la palabra fue la autora de Prueba de fe. La red de cardenales y obispos en la pederastia clerical (Editorial Planeta). 

Empezó hablando de la autorregulación de los periodistas en los medios. Todos la escuchábamos con atención. "Existe un código no escrito para que los medios no hablen de otros medios, especialmente cuando se trata de los abusos laborales contra los periodistas. Cuando la empresa que censura es Televisa, es fácil indignarse y que el periodista reciba todos los apoyos de sus colegas, pero... ¿qué pasa cuando eres censurada por una revista de izquierda como Proceso?". En esos momentos mis ojos se abrieron por la perplejidad de las palabras de mi colega. Pensé que había escuchado mal, a tal punto que le pregunté a Enrique, mi marido, si en efecto Sanjuana había mencionado la revista tan prestigiada, me dijo que sí. Después traté de recordar este hecho de censura. En efecto, de repente me acordé que hacía dos años y medio entrevisté a Sanjuana para el Canal 40 en cuyo programa me había platicado que el director del semanario la había despedido, pero escuchemos lo que nos decía la reportera: "Mientras yo cubría la información del Vaticano sobre Juan Pablo II y la persecución contra los teólogos de la liberación no hubo problema, pero cuando empecé a escribir de la jerarquía católica mexicana llegó la censura en torno a mis trabajos de investigación sobre pederastia clerical que involucraba al cardenal Norberto Rivera. Me llamaba la atención que mi material se quedara en el cajón de la mesa de redacción. Primero una semana, después, dos, tres; luego un mes, hasta ¡cuatro! Cuando fui a México, porque en ese entonces yo vivía en Estados Unidos y le pregunté a Salvador Corro, jefe de información, qué pasaba, me dijo: 'No se publica tu reportaje porque parece que traemos una campaña contra la Iglesia'". 

El público escuchaba a Sanjuana totalmente atónito. Por mi parte, no daba crédito que la revista supuestamente más emblemática en lo que se refiere a la libertad de expresión cometiera esos actos de censura. Se hubiera dicho que Sanjuana se estaba refiriendo a otro medio, pero no a mi revista, semanario que leo religiosamente, semana tras semana, desde hace más de 30 años. Me dije que esa denuncia hubiera resultado perfecta para dicha publicación, pero que evidentemente no la podían cubrir puesto que iría contra ellos mismos, lo cual sería absurdo. Pero lo peor vino después, cuando Sanjuana explicó lo siguiente: "No hay duda que con el tiempo me fui convirtiendo en un elemento incómodo, porque no aceptaba la censura como respuesta. Me despidieron hace dos años y medio sin pagarme la liquidación que marca la ley federal del trabajo. ¿Qué hace una periodista frente al abuso de una revista tan poderosa como Proceso si ningún medio o periodista se atreve a cuestionar este abuso y otros más que ha cometido contra sus trabajadores?". No acababa de terminar de hablar Sanjuana, cuando ya todo el mundo la estaba ovacionando. Hay que decir que entre el público se encontraba un grupo de braseros reivindicando la devolución de sus ahorros que el Estado mexicano no les ha devuelto desde hace más de 40 años. En el ambiente se respiraba un aire de indignación, pero también de espíritu contestatario.

"Ésta es la primera vez que Sanjuana, una de las mejores reporteras mexicanas que tenemos en nuestro país, hace públicamente la denuncia de lo que le pasó en Proceso", dijo Carmen Aristegui. "Para mí es difícil abordarlo, porque es como si tuviera dos amores, pero hay que hablar sobre este tema especialmente porque entre el público se encuentra Vicente Leñero, el vicepresidente del Consejo de Proceso". Se escuchan aplausos, y Carmen continúa: "Mentarle la madre a Televisa es fácil, pero mentársela a Proceso no es fácil, por su historia, sus nombres como don Julio Scherer, y su contribución al periodismo libre y crítico. Pero esto que le hicieron a Sanjuana, Proceso tiene que responder por qué la corrieron y por qué no le dieron lo que le corresponde". Se escuchan aplausos y más aplausos. Por mi parte, yo agradecía, mentalmente, a Raúl Padilla por la creación de la FIL, la catedral de la cultura y el ámbito donde los jóvenes mexicanos pueden escuchar mesas de debate como la que sostenían estas tres maravillosas periodistas. ¡Cómo las admiré al verlas tan comprometidas, tan brillantes, tan congruentes, tan vitales y tan valientes! Me dije que ahora podía dormir tranquila. "Allí están. Si me pasara algo, sé que puedo contar con ellas, con cada una de las tres. Sé que ellas me van a salvar y van a denunciar mi caso". Así me decía, con una sonrisa en los labios, mientras las veía a lo lejos y corroboraba, cuánto las quería y las admiraba su público agradecido por su honestidad y congruencia a estas tres mujeres que habían padecido la censura en diferentes circunstancias.

La que también estuvo estupenda fue Lydia Cacho. Al verla tan sonriente, recordé lo que la revista El País había escrito acerca de ella en el reportaje de la lista de los 100 hombres y mujeres iberoamericanos del 2008, en el cual dicen que su sonrisa es "un cabo de auxilio, porque es clara y honesta". Ella habló sobre la misoginia, debilidad que conoce como la palma de su mano. Dijo: "¿Qué pasa si un director de un medio llama para manipular el proceso contra ese medio iniciado contra una periodista injustamente despedida?" Si Lydia Cacho se preguntó lo anterior es porque sabe que Sanjuana lleva dos años y medio luchando en la Junta de Conciliación y Arbitraje del DF sin haber tenido la primera audiencia. "No somos víctimas profesionales, estamos aquí para hacer nuestro trabajo. Pero si alguien decide despedir a una periodista por su trabajo hay que pagarle su liquidación".

En suma, el caso de Sanjuana es una forma de exhibir cómo el abuso contra una periodista se convierte en un atentado a la libertad de expresión.

Correo electrónico: gloaeza@yahoo.com

COAHUILA EN PRIMER PLANO. ONCE TV

México, D.F., 8 de diciembre de 2008.

Versión Estenográfica de los comentarios y opiniones vertidos por Sergio Aguayo Quezada, María Amparo Casar, Leonardo Curzio Gutiérrez y Francisco Paoli Bolio; durante la transmisión del programa denominado Primer Plano, de XE IPN TV Canal Once de Televisión.

LEONARDO CURZIO GUTIéRREZ: Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Primer Plano, qué bueno que nos acompaña este lunes.

Vamos a tratar de entrada el tema, una propuesta que ha hecho el Congreso de Coahuila, a instancias del gobernador de esa entidad, de reformar la Constitución y contemplar la posibilidad de que para los secuestros que terminen en homicidio de las víctimas o alguno otro causal, pueda contemplarse efectivamente la pena de muerte.

Por supuesto que esto se da en medio de una discusión muy amplia sobre cuáles son los mecanismos apropiados para luchar contra la oleada criminal que azota al país.

Debo decir que personalmente me parece una salida de tono completa de la lógica de la deliberación pausada, con criterios científicos, con experiencia internacional; que nos permitiera ir acumulando conocimiento para enfrentar un problema de, digamos, orden tan grave como el que tenemos.

Diría además que hace poco tiempo, todavía seguramente nuestra audiencia tiene fresca la memoria, los legisladores reformaron la Constitución para abolir la pena de muerte. Algunos de los partidos, el PRI, por ejemplo, que ahora la propone, ciertamente es el PRI de Coahuila, en el PRI nacional hay otras lecturas. En ese momento decía que era un gran paso.

También algunos legisladores del Verde, que ahora están haciendo campaña ni más ni menos que para promover la pena de muerte. En ese momento les parecía fantástico el asunto.Agregaría dos puntos más, si me lo permiten, tiene que ver con una propuesta que hizo el Presidente, hace poco tiempo, de poner cadena perpetua para los secuestradores.

En ese momento el Revolucionario Institucional sacó a relucir que había evidencia, cosa con la que coincido, de que el endurecimiento de las penas no necesariamente te lleva a una reducción de los delitos, que hay una, digamos, amplio margen de impunidad en este país, margen de las penas que se contemplen, el asunto es que se den las penas a quienes cometen esos delitos.

Y terminaría diciendo que hoy encuestas que se publican en prensa nacional, concretamente en

El Universal, demuestran que el 70 por ciento de los compatriotas están de acuerdo con la pena de muerte, el cuerpo social está enojado.Llama la atención que incluso aquellos quienes profesan una religión están completamente de acuerdo con la pena de muerte, a pesar de que el Cardenal Primado de esta ciudad, de este país, llamó a todos los católicos a pensar si ése era el camino.En fin, pongo esos elementos para discutir el tema.

SERGIO AGUAYO QUEZADA: Yo no sé si Humberto Moreira le gusten los toros o no, pero ciertamente utilizó la muleta de una manera magistral porque es una forma extraordinaria para evadir su responsabilidad en el aumento de los secuestros, las ejecuciones en su estado, en Coahuila, porque parte del problema que está surgiendo, no sólo en Coahuila, es un aumento en la criminalidad.

Yo al menos tengo reportes o comentarios de habitantes de Torreón, Saltillo y Monclova de que el crimen organizado está cobrando plaza a comerciantes formales, informales, a negocios bien establecidos.

Y el gobernador en lugar de cumplir con su responsabilidad de garantizar la seguridad a sus habitantes, saca la muleta y le avienta el problema al Congreso de la Unión, porque lo que está haciendo es enviando el problema al Congreso de la Unión y diciendo: ustedes reformen la Constitución que acaban de corregir e instauren la pena de muerte.

Y sólo como anécdota, otros dos gobernadores priístas que no se distinguen por su capacidad para imponer el imperio de la ley en sus estados, se han sumado o han expresado su beneplácito, el de Tamaulipas que es un estado sin ley, sin estado, no hay un estado de derecho, y la gobernadora de Yucatán, que también ha expresado su beneplácito.

FRANCISCO PAOLIO BOLIO: A mí me gustaría tocar dos puntos. Uno jurídico y uno político, en relación con esta propuesta de la pena de muerte.En el jurídico hay antecedentes muy viejos, el Marqués de Becaria escribió, hace muchos años, en el siglo XVIII, 1700 y pico, un libro que se llamó “De los delitos y las penas ya habían sido estudiados diversos delitos su efecto. Si eran capaces de cohibir la comisión de esos delitos, de reducirla.

Y se llegó a la conclusión de que la pena de muerte, que se aplicaba sólo a ciertos delitos desde entonces, no era capaz de cumplir con los objetivos, con algunos de los objetivos que tienen las penas, desde el punto de vista jurídico, que es un factor docente de transmitir a la población una pena muy grave que los asuste y que no cometan estos delitos. No ha ocurrido, quienes están inclinados aparentemente a cometer ese tipo de delitos, no hay nada que los asuste. Y la pena de muerte no es.

Y jurídicamente también hay un asunto que es muy grave, que es la irreversibilidad de la pena de muerte. La pena de muerte si se llega a probar que él no cometió ese delito y ya fue condenado a pena de muerte y ejecutada la pena, pues ya no hay manera de regresarse.En la otra hay manera aunque sea de decirle: una disculpa, tenía usted cadena perpetua pero ya apareció el verdadero.

La cuestión jurídica es muy clara que no cumple las metas que se busca con las penalidades la pena de muerte para reducir los delitos, para bajar su frecuencia, etcétera.Y la cuestión política es muy clara. Hasta la iglesia católica, el Episcopado ha declarado que se trata de un oportunismo político. Yo he escuchado a muchos decir que es en función de estas encuestas en donde efectivamente, como bien dices, el pueblo está irritado porque se han cometido muchos delitos y en lugar de aplicarse a la solución de la impunidad, etcétera, a la eficacia de la administración de la justicia, se está pidiendo la pena de muerte.

Que los castren, que los maten, cosas que son recordatorias de la venganza privada que quieren hacer pública y que quieren resolver un problema catártico porque no lo pueden resolver, no se puede resolver de otra manera.

Entonces políticamente se está aprovechando para las elecciones del 2009, con todo este bagaje, esta corriente que dice: hay que aplicar la pena de muerte para ganar votos. Y esto es lo que es muy incorrecto, a mi juicio.

MARíA AMPARO CASAR: A los dos argumentos que mencionan ustedes, uno que es la ineficacia aprobada de una medida de esta naturaleza y después la irreversibilidad, habría que agregar también el argumento, uno de los derechos humanos, no vamos a hacer un, echar reversa civilizatoria en el sentido de decir, porque vamos a tener que recordar a aquel ex gobernador que dijo: que los derechos humanos son para los humanos, no son para las ratas.

Y decir que no se puede basar un código civil o un código penal en la idea de venganza o en la idea del ojo por ojo, diente por diente. Finalmente creo que la única virtud que tiene la pena de muerte es la popularidad que tiene entre la gente y por eso la están, hay que decirlo abiertamente, por eso la están sometiendo, digamos, o la están adoptando el PRI y el Verde, con una lógica absolutamente electoral.

Si pensamos que entre el 70 y el 80 por ciento de las personas en México están a favor de la pena de muerte, podemos pensar que a unos partidos que están proponiendo retomar la pena de muerte, que no los olvidemos, como lo dijo Sergio, que fueron una iniciativa de los propios priístas y a los verdes, uno se preguntaría: pues no dieron una lucha brutal para que en el caso de las corridas de otros, voy a seguir, tú que mencionaste a los toros, para que se indulte a los toros.

Bueno, a los secuestradores o a los narcotraficantes no se les va a indultar, se pide el indulto para el toro pero no se pide el indulto para un delincuente. Es una lógica electoral por parte del Parido Verde y del partido, del Revolucionario Institucional, y no se vale, ahí sí jugar con los sentimientos muy razonables de la población, sentimientos de ira.

Y creo que toco un punto importantísimo. ¿Se debe de someter a consultas, a la opinión pública una política o un principio como el de la pena de muerte? Me parece que no. Y por ahí se está queriendo dar la discusión.Si la ciudadanía está pidiendo, 80 por ciento de la ciudad está pidiendo pena de muerte, entonces nosotros representantes de la nación adoptémosla y démosle a la ciudadanía lo que nos están pidiendo.Ahí sí aguas.

LEONARDO CURZIO GUTIéRREZ: Yo creo que si le dieran a la ciudadanía todo lo que pide, y se le comentaba al Presidente del Congreso de Coahuila, las encuestas también dicen que los diputados tienen poca consideración.Automáticamente tendrían que emitir una ley que los autodestruyera para estar en consonancia con esas mayorías…

SERGIO AGUAYO QUEZADA: Paredón a los diputados.

LEONARDO CURZIO GUTIéRREZ: No, digo, que se autorizo. A mí se me hace un argumento simplista y tonto.Pero déjenme subrayar un punto. Yo creo que íbamos razonablemente encaminados de agosto a la fecha entre fines y medios para atender un problema gravísimo para este país. Que había que coordinar más, que depurar policías. O sea, creo que íbamos en el camino correcto.

Y lo que se ha planteado desde Coahuila es un disparate, distractor, como si estás teniendo una conversación seria y de pronto alguien sale con una patochada y dice: A ver, esto es no sé qué; córtate la cabeza si te duele. Digo, de ese tamaño me parece el disparate en un país que estaba, insisto, organizando de una manera razonable cómo debían trabajar los tres niveles de gobierno y los tres poderes del Estado para enfrentar un asunto delicadísimo.

MARíA AMPARO CASAR: Es un disparate.

LEONARDO CURZIO GUTIéRREZ: Yo creo que aunque sea muy popular el asunto, porque le pegó en el corazoncito a un sector, hay que decirlo con toda claridad: Esto es una manipulación y es una tontería.

SERGIO AGUAYO QUEZADA: Pero es la consecuencia inevitable de la ineficacia de los partidos políticos y del los gobiernos. Si no están respondiendo a las necesidades de la población ahí vienen los demagogos y los simuladores, porque eso es lo que son. En un sentido o en otro Humberto Moreira y el Partido Verde Ecologista, están simulando.

FRANCISCO PAOLIO BOLIO: El único partido que sostiene la pena de muerte en el mundo.

SERGIO AGUAYO QUEZADA: Es el único, Partido Verde.¦

MARíA AMPARO CASAR: Siendo ecologista.

SERGIO AGUAYO QUEZADA: Siendo ecologista está a favor de la pena de muerte. Pero ésa es la simulación llevada al extremo.Y frente a ellos, por qué no impulsar una ley para quitarles el registro a los simuladores o revocar el mandato a quienes no cumplan. Es decir, obligarlos a que renuncien.

FRANCISCO PAOLIO BOLIO: Hay otra cuestión que se me pasó decir, y que es que México ha firmado un tratado internacional que prohíbe la pena de muerte.Y este es un tratado que ha sido ratificado por el Senado, por tanto tiene la misma vigencia que la Constitución, y contra esto se están yendo también.Y esto es muy serio, porque se puede pasar por encima de cualquier cosa.En 2005 se canceló la pena de muerte en la Constitución; entre otras cosas, por virtud de este tratado, porque lo que se señalaba en los artículos 14 y 22¦

LEONARDO CURZIO GUTIéRREZ: ¿Y qué tal aplaudieron priístas y verdes? En esa época decían que eran el colmo de la coherencia.

FRANCISCO PAOLIO BOLIO: Sí, pero lo que se quitó fue una disposición constitucional que decía que de acuerdo con las legislaturas de los estados se podía legislar la pena de muerte en los distintos estados, y que sólo subsistía la del, bueno. Y sólo subsistía a nivel federal el Código de Justicia Militar.Todo esto fue cancelado con el tratado y con la reforma en 2005, o sea, hace dos años y medio.

MARíA AMPARO CASAR: Hace dos años.

FRANCISCO PAOLIO BOLIO: Y ahora resulta que ya está

LEONARDO CURZIO GUTIéRREZ: Y estamos a 60 años.

FRANCISCO PAOLIO BOLIO: Cuando fue aprobado por unanimidad.

MARíA AMPARO CASAR: Tú estás hablando eso, en efecto, si la Constitución prohíbe o proscribe la pena de muerte, ahí vemos otra vez el populismo que se está haciendo, es inviable jurídicamente que pase esa reforma en el Congreso de Coahuila, porque no se apega a lo que dice la Constitución, pero no importa porque mediáticamente ya colocaron esto y entonces la gente dice: el gobernador de Coahuila sí tiene los pantalones para meter la pena de muerte.Es realmente, bueno, pues ése es el valor de nuestros gobernadores, de nuestra clase política.

SERGIO AGUAYO QUEZADA: Y regreso inevitablemente a un tema que tocamos la semana pasada.Y pese a esta falta de substancia en lograr en Coahuila que impere la ley, que se lleve justicia, tiene un alto nivel de popularidad. Es decir, aquí también hay que tomar en cuenta que la población ante la desesperación en la que se encuentra. Y es comprensible, no están respondiendo ni el gobierno federal ni los estatales ni los municipales, ni panistas, priístas, perredistas, ninguno a la exigencia de más seguridad, de mayor atención a las necesidades de las mayorías y, por tanto, se van con el lenguaje florido, lanzado por medios de comunicación proclives a dejarse seducir por las caricias de los poderosos, a difundir ese mensaje populista de un gobernador de Coahuila, que no me extrañaría, se está preparando para lanzarse a ser candidato a Presidente de la República en el 2012.

FRANCISCO PAOLIO BOLIO: Mira, ya lo destapaste.

LEONARDO CURZIO GUTIéRREZ: Pero estamos celebrando los 60 años de la Declaración de los Derechos del humanos y bien se vería este país dando esas regresiones brutales.La verdad es que a mí me preocupa mucho la falta de seriedad en la propuesta, yo esperaba que el PRI realmente hubiera hecho la lectura crítica que debió haber hecho todos estos tiempos como oposición, decir: oiga, si esa es la manera en que usted va a contribuir a resolver los asuntos de este país. La verdad es que es un PRI que no ha entendido bien hacia dónde vamos.Yo me conformaría con que el gobernador de Tamaulipas rindiera cuenta de cómo está su estado. Es un estado que está intervenido por la Federación porque no lo gobiernan. Y que a los delincuentes extraordinariamente peligrosos les aplicaran las penas que hoy están vigentes.Si los tienen enchiquerados en una cárcel y además su sed de sangre es tal, entonces ya podríamos discutirlo seriamente. Pero de momento me conformaría con que los agarren y los pongan donde deben estar, y luego ya planteen si tienen ese apetito de sangre tan fuerte, si lo quieren matar o no.Si no es un distractor vulgar.

MARíA AMPARO CASAR: Pero tú decías seriamente. Yo no he escuchado en las entrevistas que ha dado o en lo que ha reportado la prensa, ni un solo argumento más allá de insuflar los ánimos, de realmente un discurso que a lo que te lleva es decir: sí, castíguenlos y mátenlos a todos.No ha habido un argumento, no ha podido contrarrestar este argumento que viene, no lo sabía, Paoli, desde el siglo XVIII, pero lo hemos leído a lo largo de todo el siglo XX, diciendo no baja un apis en la criminalidad.Y no ha sido capaz de enfrentar éste y el resto de los argumentos que hemos resumido, digamos, en esta mesa.Así que discusión no veo ninguna.

Quiebra el diario PALABRA de Coahuila

Publicado en PROCESO

ARTURO RODRíGUEZ GARCíA
SALTILLO, Coah., 2 de diciembre (apro).-

El periódico Palabra, propiedad de Grupo Reforma, distribuyó este martes su último ejemplar, luego de 11 años de circular. El cierre del diario dejó sin empleo a cerca de 200 trabajadores.A través de un editorial publicado en la primera plana con el título "El precio de la libertad", el matutino dio a conocer el cierre definitivo: explicó que la solución de sus problemas económicos implicaba comprometer su línea editorial."

Durante todos estos años, Grupo Reforma desplegó en Saltillo un periodismo libre, sin ataduras, sin tapujos, honesto, objetivo y ajeno a los intereses de los grupos de poder."Para mantener incólume nuestra filosofía periodística, buscamos la autosuficiencia económica con sólo dos fuentes de ingreso: La venta del ejemplar diario y la venta de anuncios. La autosuficiencia nunca llegó", expuso.

Sin dar nombres, en su editorial, la dirección del diario aseguró que no cedió a las presiones de quienes pretendieron influir en su línea editorial. Según el texto, el encarecimiento del precio del papel periódico, así como la crisis del sector automotriz, que es la principal fuente de empleo en la región, obligaron a tomar la medida de cerrar el diario.

Desde el 20 de noviembre de 1997, Palabra se ocupó del quehacer saltillense, bajo la conducción de David Brondo García, quien había sido director del periódico El Sol del Norte, hasta su cierre en 1995.Desde su fundación, Palabra plagó su página editorial de distintos actores sociales y políticos que tradicionalmente no tenían cabida en los medios de comunicación, así como los académicos Rosa Esther Beltrán, Alejandro Dávila Flores y Esther Quintana Salinas.

A lo largo de sus 11 años, Palabra desató varias polémicas por sus reportajes e investigaciones de temas locales, entre los que destaca la revelación, en el año 2000, de un negocio inmobiliario que pretendía vender a la ciudad un predio inadecuado para construir una planta tratadora de aguas residuales que hasta hoy no se ha podido concretar.

En 2001, reveló el conflicto de intereses entre miembros del Cabildo y los propietarios de una empresa de limpieza a la que se le concesionaría el servicio de recolección.

En 2007, Palabra publicó a ocho columnas "Estrena Ochoa rectoría... y título", un reportaje en el que dio a conocer que el actual rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Mario Alberto Ochoa, concluyó su licenciatura en una academia comercial de la Ciudad de México, días antes de asumir la rectoría.

En los últimos tres años de gobierno, Palabra había mantenido una línea crítica al gobierno de Humberto Moreira Valdés.

Con el cierre de Palabra, en esta ciudad mantienen operaciones los periódicos Vanguardia, El Diario de Coahuila, El Heraldo de Saltillo y El Zócalo, así como tres más dedicados a temas policíacos.

Contracorriente

Publicado en Espacio 4, No. 342


Rosa Esther Beltrán Enríquez


Mientras el mundo clama y se organiza para lograr la abolición de la pena de muerte, en Coahuila el gobernador Moreira pretende presentarse como un adalid de la justicia impulsando una iniciativa para que la LVII Legislatura local la aprobara, como ya lo hizo y la enviara al Congreso de Unión a fin de que se implante la pena de muerte para secuestradores que asesinen a sus víctimas.

A partir del pasado día treinta de noviembre, 957 ciudades de todo el mundo, quieren hacer sentir su propia voz en defensa de la vida y de la dignidad humana que son bienes que no se pueden sacrificar", sostuvo el alcalde de Roma; afirma este edil que, "El significado de la pena de muerte no consiste más que en la venganza, que se quite la vida a un ser humano, con eso no se contempla la necesaria reeducación de quien ha sido condenado", concluye.


La pena de muerte se aplica en países occidentales como Estados Unidos, no así en el continente europeo, donde las legislaciones de la mayoría de países, no la aprueban.


Según informes de Amnistía Internacional (AI), la tendencia actual es una importante reducción de los Estados en donde la pena de muerte tiene vigencia. La jornada contra la pena de muerte conmemora que un 30 de noviembre de 1786, el Gran Ducado de la Toscana abolió este castigo. La organización AI, defensora emblemática de los derechos humanos sostiene que, algunos estados pretenden recuperar la pena de muerte, sobre todo allí donde hay mucha violencia.
Hay momentos de gran tensión social en los que es más fácil que se planteen estas demandas, pero la pena de muerte no resuelve nada. No se ha demostrado ni que resulte disuasoria ni que evite más crímenes.


Hay que rechazarla, porque es una violación al derecho a la vida de una forma brutal. Además, cuando se ejecuta nunca se puede estar seguro de que la persona no sea inocente y la sanción es irreversible, pero también, con un sistema de justicia como el mexicano en el que todo se puede comprar, corrompido hasta el tuétano se enviaría al patíbulo a los más pobres e indefensos.


Según las estadísticas en el 2007 se registraron 1.250 ejecuciones en el mundo; se estima que la situación más grave en cuanto a ejecuciones se presenta en China en donde se cree que en ese año pudieron presentarse 5000, aunque no hay precisión en los datos.


El gobierno de Moreira se autodenomina, “de la Gente”, pero está impulsando la aprobación de una ley que lesiona gravemente el derecho humano más elemental de las personas, el derecho a la vida, que es inviolable por lo que la pena de muerte es injustificable en cualquier caso, si la pretensión de Moreira progresara significaría una regresión histórica injustificable.


El gobernador Moreira seguramente se encuentra muy satisfecho por estar en la cresta de la ola mediática, ha logrado lo que es su mero mole estar en boca de todos, a él sí le quedaría el dicho aquel de “ cállate ya, chachalaca”, pues tal parece que habla por hablar, sin más, sin medir las consecuencias de sus acciones, pero lo peor es que el Congreso local le haga segunda, que se subordinen los diputados de Coahuila para aprobar lo que les mande, eso es indigno, es muy lamentable esa sumisión que confirma el mote de “rebaño”.

Parece que los legisladores coahuilense de la mayoría (PRI) no saben que la abolición de la pena capital ha sido un símbolo civilizatorio para el mundo, una prueba de modernidad ilustrada, apoyada en la convicción profunda de que la dignidad humana es un derecho fundante de las democracias.

Según las declaraciones del preclaro gobernador, los principios que lo inspiran se basan en el “ojo por ojo”; parece que su objetivo es acercarse rápido a la cultura Talibán: ahorcar y lapidar mujeres, cercenar cuerpos, él lo ha dicho, las formas de ejecución no importan, puede ser el cadalso, la inyección letal, la ahorca, de ahí se infiere el tamaño de la ignorancia de lo que se está proponiendo.


¿Recuerda usted, lectora, lector cuando en septiembre de 2007, Moreira se opuso a la reforma electoral federal que prohibía la difusión en los medios de la imagen y la voz de los funcionarios públicos y cómo estuvo en los medios nacionales y cómo los diputados priístas locales siguieron la línea y también se opusieron a la reforma y no la aprobaron de manera que Coahuila fue el único estado que se opuso a esa reforma? ¿Recuerda cuando en el aniversario del caso de Pasta de Conchos, como apareció a nivel nacional a denunciar, según él, con indignación, que Fox lo quiso extorsionar y todo el mundo preguntó por qué no lo dijo cuando sucedió el accidente?


Ir contra corriente, como en este caso de la restitución de la pena de muerte le ha rendido buenos resultados al profesor Moreira, porque a río revuelto, ganancia de pescadores. El populismo y la demagogia inflaman los ánimos, nublan la razón, propician la simulación y el engaño, es muy lamentable que se aproveche la indignación, la indefensión y el horror de la gente para lucrar políticamente con un asunto que involucra la vida de seres humanos.


Es muy grave echarle leña al fuego, exacerbar el miedo que la guerra contra el crimen organizado incrementa sin pausa en la gente que sólo padece las consecuencias de los malos gobiernos que pudieron haber actuado a tiempo para evitar que las situaciones llegaran hasta donde se encuentran ahora, ellos, los gobiernos son los directamente responsables de lo que estamos viviendo, ¿por qué hemos de pagar los ciudadanos, cuántos políticos merecerían la inyección letal por sus omisiones?

Se entiende, es comprensible que los han sido secuestrados y sus familias apoyen sin condiciones la iniciativa, apoyo que finalmente se sustenta en el deseo consciente o no de venganza.
Invocar la Biblia para argumentar a favor de la iniciativa de la pena de muerte, es insostenible porque se descontextualiza el problema, se habla desde otro tiempo, desde otra sociedad que ya nada tiene que ver con la actual, además, Dios es un Dios de vivos, no de muertos.
Poner sobre la mesa de discusiones la restitución de la pena de muerte no es un mérito, es una infamia populista indignante de la que muchos están logrando ganancias importantes por apoyarla.

Los que apoyan la iniciativa, deliberadamente pasan por alto que nuestro país ha suscrito diversos acuerdos internacionales de derechos humanos en los que la abolición de la pena de muerte es vigente y se sostiene en dos principios fundamentales el de progresividad y el de no regresividad.

Baste recordar, que el Estado mexicano, en 2005 reformó los artículos constitucionales 14 y 22 para abolir la pena de muerte y con ello se dio un paso que no tiene vuelta atrás; además esa reforma avaló la falta de disuasión de la pena capital hacia los actos delictivos, así como la ausencia de un sistema judicial efectivo y confiable.

El espíritu justiciero del profe es una zanahoria electorera, un señuelo engañabobos. Insisto que se juzgue y aplique la inyección letal a los políticos y jueces corruptos, a los rapaces que se enriquecen con los presupuestos públicos, a los políticos omisos que no cumplen con sus juramentos de servir a la sociedad, a los que compran votos para llegar al poder, a ver si se atreven a restituir la pena capital. Seamos serias y serios, señoras y señores.


rosaesther80@yahoo.com

ENVÍO DE CARTAS

Insistimos en el envío de cartas en apoyo a la Acción Urgente siguiente. 

Sólo es necesario mandar un texto a las autoridades correspondientes que se mencionan en el texto, expresando las acciones que son recomendadas ahí mismo.

AU/dic/2008

8 de diciembre del 2008

México: Iniciativa promovida por el Congreso del Estado de Coahuila busca modificar la Constitución Política de dicho país para restablecer la pena de muerte y eliminar a violadores y secuestradores.

El Congreso de Coahuila presentará una propuesta al Congreso de la Unión a fin de que éste dictamine si procede la modificación de los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de restaurar en el país la pena de muerte y que ésta pueda aplicarse a los secuestradores que asesinen a sus plagiados. Esta iniciativa se pondrá a consideración del Congreso de la Unión y posteriormente en cada uno de los Congresos de los Estados del país. 

La aplicación de la pena capital en México, significa una regresión histórica y un colapso moral del Estado mexicano y de la propia sociedad, ya que atenta contra el derecho fundamental de todo ser humano: la vida. 

En México, las herramientas y mecanismos de impartición de justicia, son corruptas e inciertas; el grado de impunidad que se ve en prisiones y centros de readaptación, son deshonestas; la práctica de fabricación de culpables, es común. Los mecanismos de procuración y administración de justicia defectuosos, incluyendo el funcionamiento de los ministerios públicos y sus órganos auxiliares como la policía judicial, así como la ineficiencia de las políticas públicas de seguridad, ponen en evidencia que con esta medida las autoridades se beneficiarían, perjudicando a ciudadanos inocentes, pues los errores judiciales, no podrán enmendarse.

Para evitar que se cometan los delitos no es tan importante la severidad de la sanción, sino la certeza de que se aplicarán correctamente. La pena capital no ataca las causas estructurales, sociales, económicas e institucionales de la delincuencia. No evitará extorsiones, levantones, secuestros, robos, fraudes, ni el terror que los frecuentes asesinatos nos causan.

El reinstaurar la pena de muerte en México tendría una repercusión importante a nivel nacional e internacional, que se reflejaría en sus relaciones políticas y económicas. Incluso significaría un retroceso en materia jurídica nacional y un peligro para la democracia que se desea lograr y las dictaduras que se desean eliminar.

En 1981 México firmó la Convención Americana de Derechos Humanos conocida como Pacto de San José y también se adhirió a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte y al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos para los que firmó su adhesión en el 2007. Sobre ello la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que los tratados internacionales forman parte de la Ley Suprema de toda la Unión, mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Poder Judicial de la Federación, determina que estos se ubican por encima de las leyes federales.

ACCIÓN RECOMENDADA. Favor de enviar cartas de adhesión en español o su lengua natal.

• Expresando la urgencia de detener el progreso de la iniciativa; olvidar el instinto de venganza y desahogo, y recuperar la razón, seguridad, cohesión de grupo y colaboración;
  
• Llamando a utilizar los presupuestos estatales y federales, a restablecer y fortalecer el sistema de justicia, para ofrecer seguridad a la población nacional;
  
• Urgiendo a construir un Estado de Derecho, según los protocolos internacionales que busquen el respeto a toda persona y a la sociedad;
  
• Llamando a respetar el derecho fundamental a la vida que tiene toda persona y que es primordial, inviolable e inalienable, por mayor que sea el nivel de degradación alcanzado.

Envíos de cartas a:

C. LIC. FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Residencia Oficial de “Los Pinos”, Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec, México, Distrito Federal, C.P. 11850 México
Fax. (52 55) 50 93 53 21
felipe.calderon@presidencia.gob.mx

DIP. CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Avenida Congreso de la Unión # 66, Colonia El Parque
Delegación. Venustiano Carranza, México, Distrito Federal, C.P. 15969 México
Tel. (52 55) 56 28 13 00 Ext. 1474 ó 01 800 122 62 72
cesar.duarte@congreso.gob.mx

SEN. GUSTAVO ENRIQUE MADERO MUÑOZ
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión
Xicoténcatl # 9, Centro Histórico, México, Distrito Federal, C.P. 06010 México
Tel. (52 55) 51 30 22 00
gustavo.madero@congreso.gob.mx

C. PROFR. HUMBERTO MOREIRA VALDÉS
Gobernador del Estado de Coahuila
Palacio de Gobierno 1er. Piso
Juárez y Zaragoza s/n. Zona Centro, Saltillo, Coahuila, C.P. 25000 México
Tel. (52 844) 4 11 85 00, 4 11 85 88, 4 11 86 34
hmoreira@coahuila.gob.mx o s.particular@coahuila.gob.mx

Copias a:
SILVIA CANTO CELIS
Directora
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C.
Hidalgo sur #166 Zona Centro, Saltillo, Coahuila, C.P. 25000 México

Tel. (52 844) 4 12 37 17, 4 12 37 84, 4 12 37 94 Ext. 137
derechoshumanos@diocesisdesaltillo.org.mx

Favor de hacer los envíos de manera urgente. Para envíos posteriores al 6 de junio de 2009, favor de comunicarse a las oficinas de este centro.

DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Dic. 10-08

¿Qué son los derechos humanos?

Los derechos humanos son atributos o cualidades inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.
Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos.

Universales e inalienables

El principio de la universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Este principio, tal como se destacara inicialmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, por ejemplo, se dispuso que todos los Estados tenían el deber, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Todos los Estados han ratificado al menos uno, y el 80 por ciento de ellos cuatro o más, de los principales tratados de derechos humanos, reflejando así el consentimiento de los Estados para establecer obligaciones jurídicas que se comprometen a cumplir, y confiriéndole al concepto de la universalidad una expresión concreta. Algunas normas fundamentales de derechos humanos gozan de protección universal en virtud del derecho internacional consuetudinario a través de todas las fronteras y civilizaciones.

Los derechos humanos son inalienables. No deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito.

Interdependientes e indivisibles

Todos los derechos humanos, sean éstos los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; o los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación, todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás.

Iguales y no discriminatorios

La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

El principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos y las libertades, y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías tales como sexo, raza, color, y así sucesivamente. El principio de la no discriminación se complementa con el principio de igualdad, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

Derechos y obligaciones

Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos . La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. En el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos respetar los derechos humanos de los demás.

60 años de derechos

Publicado en EL NORTE

Sergio Elías Gutiérrez9
Dic. 08

La humanidad debería estar mañana de fiesta. Se conmemoran 60 años de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Esta declaración fue elaborada entre 1946 y 1948 por una comisión presidida por la señora Eleanor Roosevelt; entre sus integrantes estuvo el celebre jurista francés René Cassin.

En la Segunda Guerra Mundial se dieron las mayores violaciones de los derechos humanos que haya conocido la humanidad. Millones de niños, mujeres y adultos mayores que no participaban en la guerra murieron en ella. Afortunadamente, no se ha vivido otra situación igual, aunque en muchos países los objetivos de la Declaración son una asignatura pendiente.

La Declaración de 30 artículos es uno de los documentos internacionales de mayor relevancia. En su preámbulo señala que "es un ideal común a realizar por todos los pueblos y todas la naciones a fin de que los individuos y todos los órganos de la sociedad tengan a esta Declaración constantemente en el espíritu, y se esfuercen por la enseñanza y la educación y por desarrollar el respeto de estos derechos y libertades, y asegurar por medio de medidas progresivas de orden nacional e internacional el reconocimiento y la aplicación universal y efectiva en los estados miembros".

A partir de ésta se desarrolló una cultura de promoción y respeto por los derechos humanos en casi todo el mundo. Como consecuencia, de 1948 a la fecha se han expedido o signado 12 convenciones o tratados, ya sea de manera regional, en Europa, Asia, o la más cercana a nosotros: la Carta de la Organización de los Estados Americanos.Otros se han firmado para reforzar derechos de determinado grupo social, por ejemplo, los que buscan proteger a los niños, niñas y adolescentes; a las mujeres; a los indígenas; o a los trabajadores, por citar los más relevantes.

Muchos han influido en nuestro marco normativo interno, al incorporar estos derechos a la Constitución, o vía la Suprema Corte de Justicia que, en sentencias recientes, ha reconocido que se pueden invocar los tratados internacionales en defensa de los derechos.

Por reformas a la Constitución del País, particularmente en el artículo 4, se reconocieron derechos a grupos determinados de personas; se reforzó la prohibición de dar trato desigual en la ley a las mujeres frente a hombres; se especificó que los niños tienen derecho a gozar de una alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Se estableció que ante la imposibilidad de los padres para preservar estos derechos, "el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos".

¿Cuántos de nuestros gobernadores o alcaldes saben que hay una ley para los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y que ésta les impone la obligación de atenderlos ante la imposibilidad, por cualquier causa, de que los padres puedan proveerles lo mínimo a sus hijos?Pasar de la consagración de los derechos a la realización de sus postulados es un asunto de la mayor jerarquía política. En los últimos años hemos vivido una expansión declarativa de los derechos humanos, pero desgraciadamente esto no coincide con la realidad.

Millones de niños viven sin alimento suficiente, los indígenas fueron reconocidos como grupo preferente de atención en sus derechos y siguen siendo los más pobres entre los pobres; las mujeres viven y mueren víctimas de la violencia por el sólo hecho de serlo.

Las autoridades refuerzan el poder del Estado para combatir la inseguridad. Lo mismo debería suceder con los derechos de los desprotegidos por la sociedad.

Vivimos con la ilusión de tener el juicio de amparo para proteger las garantías penales de los ciudadanos, pero no existe remedio efectivo contra el abandono de infantes, la discriminación o la exclusión de los beneficios sociales. Tenemos, desgraciadamente, muchos derechos sin garantía.

A propósito del tema, alumnos y profesores de la Facultad Libre de Derecho (FLD) y de la EGAP del Tec de Monterrey, al margen de celebraciones oficiales, recordarán mañana los 60 años de la búsqueda de la dignidad humana a través del derecho. La cita es a las 16:00 horas en la sede de la FLD allá por Morones Prieto al poniente.

Pena de muerte: inmoralidad y falso debate

EDITORIAL DE LA JORNADA

Dic. 9- 08

En días recientes, tras la aprobación, en el Poder Legislativo de Coahuila, de una iniciativa presentada por el gobernador Humberto Moreira para solicitar al Congreso de la Unión la realización de reformas constitucionales que permitan la restauración de la pena de muerte en el país, diversas voces del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como los presidentes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, César Duarte, y de la Junta de Coordinación Política del Senado, Manlio Fabio Beltrones; la dirigencia nacional que encabeza Beatriz Paredes, y los mandatarios de Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Nuevo León y Yucatán, han manifestado su apoyo para que la propuesta sea sometida a un “debate nacional” y a una consulta ciudadana, “como se hizo con la reforma energética”, con el argumento de que la medida goza de “popularidad” en la opinión pública.

Similar postura propagandística mantiene el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), franquicia electoral que en muy poco se parece a las verdaderas organizaciones ecologistas y ambientalistas del resto del mundo, que se ha caracterizado por la opacidad y la antidemocracia en su vida interna y ha medrado con su registro para obtener posiciones de poder y recursos económicos cuantiosos.

La idea de someter a discusión el restablecimiento de la pena capital en el país no sólo resulta discordante con los tiempos actuales, cuando hay una tendencia mundial a eliminar por completo ese castigo, sino que es contraria a avances civilizatorios irrenunciables e indiscutibles que no pueden ni deben ser objeto de debate, con independencia de la popularidad que tengan: nadie, en su sano juicio, demandaría que se pusieran a discusión temas como el restablecimiento de la esclavitud, la vuelta del país a la condición de colonia o la supresión del principio de separación entre la Iglesia y el Estado, por mencionar algunos.

En el caso de la pena de muerte, cabe reiterar que se trata de una medida bárbara, inhumana e irreparable por definición, que atenta contra las consideraciones humanitarias más elementales –empezando por el derecho a la vida– y que, dada la falibilidad de los mecanismos de impartición de justicia, supone el riesgo de ser aplicada a personas inocentes, sobre todo en países como el nuestro, donde persisten la corrupción de los aparatos judiciales, la impunidad, el manejo faccioso de las leyes y su empleo como instrumento de represión y persecución política.

Por todo ello, la abolición de ese castigo constituye una conquista moral de los estados y las sociedades, que no debe ser objeto de regateos ni discusiones. Queda claro, por lo demás, que lo que motiva a los promotores de la pena de muerte no es un afán de mejorar la seguridad pública ni hacer justicia a las víctimas de la delincuencia, sino un deseo de medrar política y electoralmente con el sufrimiento de éstas y con la angustia y la zozobra que generan en la sociedad el avance de la criminalidad y la ineficacia de las políticas gubernamentales para combatirla.

Tal actitud, de suyo inmoral y demagógica, es aún más reprobable si se toma en cuenta que el debate propuesto por el tricolor contraviene, de entrada, los tratados internacionales suscritos por el país. De tal forma, el priísmo ha lanzado el ofrecimiento de restablecer la pena capital a sabiendas de que tal objetivo difícilmente podrá cumplirse, y de paso ha puesto en riesgo un amplio consenso nacional en contra de ese castigo, en el que confluyen expresiones políticas de izquierda y de derecha, ideologías diversas, iglesias, organizaciones humanitarias y amplios sectores de la población.

En suma, la postura del PRI es insostenible, irresponsable y carente de otro propósito que no sea granjearse simpatías electorales de cara a los comicios del año entrante, y por ello, debe ser rechazada por la sociedad en su conjunto.

El gober justiciero

A Moreira, el gober justiciero, los opinadores, la iglesia, los ciudadanos le están tundiendo, le están recetando una sopa de su propio chocolate. Ha estado en la cresta de la ola mediática por más de 12 días, gracias a su refulgente propuesta de la legalización de la pena de muerte. Era lo que el buscaba, los reflectores. Ha conseguido también que lo califiquen como cabernícola, dictador, fantoche, etc. etc.
Duro al mequetrefe, bailarín. Duro.

¿Cómo los vamos a matar?

Publicado en REFORMA

Jesús Silva-Herzog Márquez

8 Dic. 08

El gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, ha desatado una polémica sobre la pena de muerte. Quiere que en su estado se pueda ejecutar a ciertos delincuentes. Así se hace en Estados Unidos, cuya Constitución deja a las entidades la libertad de imponer ese castigo.

El promotor del debate se adelanta, presuroso, a marcar con claridad los contornos de la polémica. "La discusión en Coahuila no es la pena de muerte, la discusión es cómo los vamos a matar: si los vamos a fusilar, los vamos a degollar o los vamos a ahorcar, o algo light que puede ser la inyección letal".

El gobernador se deleita con las variedades de la aniquilación: fusilamiento, degüello, ahorcamiento e introduce su peculiar humor: debemos considerar también la ejecución light a través de la inyección letal. Tras el listado, el gobernador comunica su preferencia por el mexicano método del pelotón frente al fusilado. Además de ser una tradición patria, resulta ser un método económico. De acuerdo con los cálculos del gobernador es más barata una bala que una inyección de veneno mortal.Las declaraciones del gobernador Moreira son repulsivas pero no son sorprendentes.

El caldo de la desesperación prepara la sopa del populismo penal. El gobernador de Coahuila no es el único que promueve el castigo irreversible. Los oportunistas del Partido Verde han visto también este tema como el pasaporte para la elección del año que viene. Hace unos años los verdes pedían el voto para los ecologistas, no para los políticos. Ahora ofrecen la pena de muerte como solución a la crisis de inseguridad. El tucán promueve la muerte de los asesinos y violadores. ¿Qué más da la incoherencia de una formación ambientalista convocando ejecuciones? ¿Qué importancia tiene el hecho de que los dirigentes de ese negocio hayan votado muy recientemente para prohibir esa pena en la Constitución?

El lema embona con las emociones del momento y eso es lo que cuenta. Es redituable electoralmente y eso es lo único que importa.La tesis del populismo penal es sencilla: la inseguridad que padecemos proviene de una cobardía de Estado que se remedia con bravura. Para los populistas, los delincuentes tienen demasiados derechos y el Estado prohibiciones excesivas.

El poder público se encuentra maniatado y es necesario liberarlo, rehabilitarlo, para que pueda ganarle la batalla a los criminales. Habrá que revisar las garantías individuales, darle más poder a los policías, mayor margen de acción al Ministerio Público, declarar una emergencia que archive la Constitución. Si el dolor de la amenaza aumenta, los crímenes descenderán.

Cuando el Estado pierda el temor y suelte las ataduras de la sensiblería, reimpondrá el orden.Al populista repele la advertencia de lo complejo. Cuando escucha los pormenores de un problema se tapa los oídos, cuando observa la maraña de un desafío, cierra los ojos. Él ve un mundo dividido en hemisferios: los buenos contra los malos. Las cosas son simples y las soluciones lo son aún más. A fin de cuentas, la política es asunto de arrojo. Definir el curso de la acción no es problema de diagnósticos, estrategias, trazo de rumbos y anticipo de etapas: es cosa de valentía. El populista encara la economía como el intrépido que brinca las recomendaciones de una ciencia para enfrentar a los oligarcas. La economía, sostiene, es el chicle más elástico del mundo y puede adoptar la forma de su antojo. La realidad puede abolirse con el aliento de un discurso o la tinta de un decreto. El populista encara la democracia como el paladín que expresa la voluntad profunda del Pueblo. Es el brazo popular que enfrenta la perversa conspiración de élites y reglas.

El populista ataca el crimen de la misma manera: con la charlatanería de la determinación y un simplismo maniqueo. El populista penal entiende la valentía política como la capacidad para enterrar la paralizante sensiblería liberal. El voluntarismo que niega la ciencia económica y rechaza los límites constitucionales, desprecia, en el ámbito penal, los derechos. Los derechos de todos, incluyendo, por supuesto, los derechos de los malos. Ellos, los malos, carecen de derechos. En su lenguaje ardoroso son animales, basura, escoria. Los derechos humanos, decía un troglodita hace unos años, son para los humanos, no para las ratas.

En todo caso, es innegable que el populista tiene la habilidad de agregarse a la emoción pública. El populista se suma a la rabia colectiva y se convierte en su portador. Así, pretende convencernos de que una política rabiosa es la salida a nuestra intranquilidad. Se percata de la desesperación, del miedo y de la furia. Palpa la frustración y los ánimos de venganza. Ante el fracaso (o, por lo menos, la insuficiencia) de la política gubernamental, ofrece escarmientos a la altura de la atrocidad criminal.

Su propuesta no es solamente bárbara: es absurda bajo toda consideración racional. Hay un amplio acuerdo sobre la inutilidad de esa barbarie que ha sido expulsada de todos los países desarrollados menos de Estados Unidos. La pena de muerte es un mecanismo ineficaz para reducir la criminalidad. En nuestro régimen, tan inconfiable como es, resultaría una atrocidad. Una atrocidad irreparable. Pero el populista no se hace cargo de estas pruebas. Frente a las razones responde con una encuesta: muchos quieren la pena de muerte. El demagogo se disfraza de demócrata. Olvida que la democracia no puede ser la conversión del grito popular en decisión política.

http://blogjesussilvaherzogm.typepad.com/

Moreira, dictador cerril

PLAZA PÚBLICA

Miguel Ángel Granados Chapa

5 Dic. 08

El gobernador de Coahuila no controla al Poder Legislativo. Es el Poder Legislativo. Ordenó a los diputados no aprobar una reforma constitucional. Y ahora dispuso que inicien otra, en pro de la pena de muerte

Como ocurría en los años del pleno autoritarismo priista, el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, es el Poder Legislativo. No lo controla, simplemente lo asume, lo ejerce. Ordena a los diputados qué hacer. Y procede sin el mínimo respeto a los legisladores. Anuncia, como acto propio, lo que harán los presuntos representantes populares, y éstos cumplen mecánicamente la instrucción del gobernador.

Así ocurrió en septiembre del año pasado, durante la ronda de aprobación de la reforma constitucional en materia de elecciones. Sin saber bien a bien de qué se trataba, anticipó que la legislatura local, su legislatura, votaría en contra de las enmiendas que entraron en vigor hace poco más de un año, cuya médula prohíbe la propaganda política pagada en radio y televisión. Los 20 diputados priistas hicieron bueno el pronóstico del gobernador. El Congreso local de Coahuila fue el único órgano legislativo local que se opuso a la magna reforma de la Constitución en materia electoral.

En estos días, de nuevo Moreira volvió a ser legislador, a imponer a sus diputados una discutible posición, ahora ante la pena de muerte. En agosto pasado, al calor de la indignación generalizada por el secuestro y el asesinato de Fernando Martí, el peculiar gobernador coahuilense habló por primera vez del tema. Lo hizo con propósitos electorales, pues el 19 de octubre hubo elecciones para renovar la Cámara de diputados, turno en que el PRI arrasó a sus contendientes. Una vez más ganó las 20 curules de mayoría, de modo que a partir de enero, cuando rindan protesta los nuevos diputados, Moreira estará en situación de ordenarles cuanta ocurrencia lo asalte, como lo ha hecho con la legislatura que se va.

Precisamente en vísperas de que concluya su periodo, los diputados priistas que tan fielmente interpretan el sentir de su jefe el gobernador, aprobaron presentar una iniciativa de reforma constitucional para restablecer la pena de muerte. Como el presidente de la República, y los senadores y diputados federales en lo individual, las legislaturas estatales, como cuerpos deliberantes, gozan del derecho de iniciar leyes. Esa atribución es la que el Congreso de Coahuila está ejerciendo: el martes aprobó la iniciativa, que presentará la próxima semana a la Cámara de Diputados. Para el caso de que ese proyecto se convirtiera en texto constitucional, Moreira tiene ya esbozada la reforma a la legislación penal local que permitiría privar de la vida a los secuestradores que maten a sus víctimas.

Con anticipación carente de fundamento, y para alimentar las tendencias autoritarias en su entidad, Moreira dice que en Coahuila ya no se discute si se establece la pena de muerte sino que ahora se trata de saber cómo se aplicará. Con demagogia vulgar dice que no se ha determinado si a quienes merezcan la pena capital "los fusilamos, los degollamos, los ahorcamos o les aplicamos una medida light, la inyección letal". Con irresponsable ligereza habló de cómo realizar las eventuales ejecuciones cuando ni siquiera se ha enviado la iniciativa al Congreso federal, donde su promoción no contará con el asentimiento general.

Después de varias décadas de no practicarla, y de que había sido suprimida de todos los códigos penales, el federal y los locales, hace precisamente tres años, en diciembre de 2005, el sistema jurídico abolió la pena de muerte, mediante reformas a los artículos 14 y 22, que el legislador coahuilense (es decir, Moreira) pretende modificar de nuevo en sentido contrario. Ignorante si no sabe que tal regresión es imposible, o demagogo si a sabiendas de tal imposibilidad la impulsa, Moreira expresa los impulsos elementales de una sociedad que reclama seguridad y considera que la justicia del Estado ha de equipararse a la venganza privada y que es todavía posible aplicar la ley del talión, la del ojo por ojo y diente por diente. En su campaña en pro de la supresión de la vida, Moreira apela a sentimientos cerriles, primitivos. Encuentra contradictorio que al despenalizar el aborto "se mate a inocentes" y haya en cambio reparos para ejecutar a secuestradores asesinos: si te matan a un hijo, pregunta insolente e imperativo, ¿no querrías que mataran a quien te hizo ese daño?

Con oportunismo electoral semejante al de Moreira, el Partido Verde Ecologista de México propone en el ámbito federal el restablecimiento de la pena de muerte. No ha dado los pasos formales en esa dirección, como ya lo hizo el supremo legislador coahuilense, porque al hacerlo haría evidente su incongruencia: sus bancadas en el Senado y la Cámara en la anterior legislatura votaron por suprimirla, como lo hicieron todos los grupos parlamentarios.

Como integrante de la comunidad internacional es imposible que México vuelva atrás en el camino de respetar la vida aun de los delincuentes más peligrosos. Conforme a compromisos internacionales explícitos, un Estado que elimina la pena de muerte no puede restablecerla. La Convención Americana de Derechos Humanos, que promueve restricciones cada vez más estrechas a la pena de muerte, se basa en el principio de progresividad, es decir de impedir la reversión de objetivos logrados.

Dado que no sólo controla sino que en rigor de verdad usurpa las facultades legislativas de la Cámara local, Moreira puede ser calificado de dictador, ya que uno de los rasgos definitorios de la dictadura es la fusión en uno solo de las atribuciones de dos poderes. Es, además, un político cerril, es decir, incivilizado.

Cajón de Sastre

Desde Saltillo, una lectora que se identifica lamenta el cierre de Palabra, el diario del Grupo Reforma. Dice que llegó a preguntarse "cómo es que todavía daba la batalla teniendo todo en contra o al menos combatiendo entre factores que no estaba a su alcance controlar". Por ejemplo, "la sociedad y la prensa son 'gobiernistas'. Al cien por ciento. La sociedad depende en gran parte del gobierno para subsistir y el 99 por ciento de la prensa, igual... Saltillo está lleno de periódicos (ratoneros) que se desgañitan en (nauseabundas) alabanzas al gobernador en turno... Por estas latitudes han olvidado que los gobernantes y políticos son servidores de los ciudadanos. Palabra lo recordaba constantemente. Ahora, ¿quién va a exigir? ¿Quién va a pedir cuentas a quien está obligado a rendirlas? ¿Quién será la voz de los pocos ciudadanos disidentes?". Correo electrónico:

miguelangel@granadoschapa.com

La Pena de Muerte

ACCION URGENTE EN CONTRA DE LA PENA DE MUERTE

El Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C. ve con suma preocupación el proceso de iniciativa de ley que el Ejecutivo Estatal de Coahuila desarrolló para aprobar, en el Congreso local, y modificar en un futuro próximo en el Congreso de la Unión , lo relativo a la pena de muerte contra secuestradores. La pena de muerte está expresamente prohibida por la Constitución Mexicana , que en su artículo 22 establece: Quedan prohibidas las penas de muerte (…)

Durante el último año, los centros de derechos humanos en el estado de Coahuila hemos visto cómo se han incrementado las extorsiones, levantones y secuestros a personas de todos los estratos sociales. Sin embargo, cuando la gente acude a nuestros centros sólo lo hace en carácter de asesoría y nos pide no hacerlo publico ni denunciar dado que la vida de algún familiar está en peligro y porque sospechan que los cuerpos policíacos están involucrados.

Como sociedad civil somos concientes de que el crimen organizado está vinculado a sectores de policías y políticos que sacan ventaja del miedo y de la extorsión a la población. No en balde el Ejecutivo Federal ha implementado un plan de seguridad nacional que el 30 de noviembre cumplió 100 días.

El sistema de administración de justicia en nuestro país está vinculado en sus procedimientos al sistema de poder político o económico, que vulnera en muchos casos el Estado de Derecho. Si se aprueba una ley que reincorpore la pena de muerte en la nación el riesgo está en que el sistema de justicia, comenzando por las autoridades ministeriales, registren durante sus investigaciones equivocaciones u omisiones voluntarias o involuntarias que pongan en riesgo la vida de personas inocentes.

Es sumamente preocupante que el Ejecutivo Estatal de Coahuila tenga como plan de trabajo inhibir los secuestros con el reestablecimiento de la pena de muerte a secuestradores, pese a la prohibición constitucional y legal.

Tanto el Ejecutivo Estatal y el Congreso Local, que la noche del 2 de diciembre aprobaron la pena muerte sin que mediara reflexión ni consulta ciudadana alguna y sin tomar en cuenta la Convención Americana de Derechos Humanos conocida como Pacto de San José que México firmó el 24 de marzo de 1981, que en su artículo 3 señala No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido Tampoco tomaron en cuenta el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte (aprobado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990, en el vigésimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General ), cuya adhesión firmó México el 28 de junio de 2007. Menos aún se consideró que México firmó el 26 de septiembre de 2007 el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1989, que señala en el artìculo 1. No se ejecutará a ninguna persona sometida a la jurisdicción de un Estado Parte en el presente Protocolo. Cada uno de los Estados Partes adoptará todas las medidas necesarias para abolir la pena de muerte en su jurisdicción.

Cabe recordar que nuestra Constitución federal señala que los tratados internacionales forman parte de la ley suprema de la unión, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Poder Judicial de la Federación ha determinado que se ubican por encima de las leyes federales.

Tomando en cuenta que en Coahuila la población tiene un temor y una indignación grande que no ha podido canalizar cabalmente en el sistema de impartición de justicia y que el Ejecutivo cuenta con una gran popularidad que puede ser utilizada políticamente en detrimento de los derechos humanos en el estado y en el país, hacemos un llamado urgente a solicitar al Congreso de la Unión , al poder Ejecutivo del Estado de Coahuila y al Congreso del Estado de Coahuila:

Detener el progreso de la iniciativa de reestablecer en Coahuila y en el país la pena de muerte.
Utilizar el presupuesto estatal y federal a establecer un sistema de justicia que de a la población certeza y seguridad social.
Seguir construyendo un Estado de Derecho acorde a los tratados, convenciones y protocolos internacionales tanto en el ámbito federal como cada uno de los estados de la república.

Mucho agradecemos se sumen al trabajo de fortalecer la cultura de los derechos humanos en Coahuila y por lo tanto en Mèxico.

Silvia Canto Celis
Directora
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Coahuila, Mèxico

Sus acciones urgentes sean enviadas ya sea por fax o por email a:

DIP. CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÒN.
cesar.duarte@congreso.gob.mx
Tel. (52 55) 56 28 13 00 Ext. 1474 ó 01 800 122 62 72
Dirección: Avenida Congreso de la Unión # 66, Colonia El Parque.
Delegación. Venustiano Carranza.
C.P. 15969.
México, Distrito Federal.

SEN. GUSTAVO ENRIQUE MADERO MUÑOZ.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.
gustavo.madero@congreso.gob.mx
Tel. (52 55) 51 30 22 00.
Dirección: Xicoténcatl # 9, Centro Histórico.
C.P. 06010.
Cd. De México, Distrito Federal.

C. PROFR. HUMBERTO MOREIRA VALDÉS.
GOBERNADOR DEL ESTADO DE COAHUILA.
hmoreira@coahuila.gob.mx o s.particular@coahuila.gob.mx
Tel. (52 844) 4 11 85 00, 4 11 85 88, 4 11 86 34.
Palacio de Gobierno 1er. Piso.
Calle: Juárez y Zaragoza s/n.
Zona Centro, C.P. 25000.
Saltillo, Coahuila, México.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA
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Zona Centro, C.P. 25000.
Saltillo, Coahuila, México.

DIP. FRANCISCO JAVIER Z. CRUZ SÁNCHEZ.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA.
fcruz@congresocoahuila.gob.mx
Tel. (52 844) 4 10 78 10 Ext. 6721.

DIP. HORACIO JESÚS DEL BOSQUE DÁVILA.
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO “JESÚS REYES HEROLES”, P.R.I., DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA.
hdelbosque@congresocoahuila.gob.mx
Tel. (52 844) 4 10 29 20 Ext. 6610, 6614.

DIP. JOSÉ ANTONIO JACINTO PACHECO.
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO “LIC. VICENTE FOX QUESADA”, P.A.N., DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA.
jjacinto@congresocoahuila.gob.mx
Tel. (52 844) 4 14 13 81 Ext. 6718.

DIP. GÉNARO EDUARDO FUANTOS SÁNCHEZ.
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO “IGANCIO ZARAGOZA”, P.R.D., DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA.
gfuantos@congresocoahuila.gob.mx
Tel. (52 844) 4 10 77 89 Ext. 6730.



Favor de enviar copia de las acciones urgentes a derechoshumanos@diocesisdesaltillo.org.mx

Auas, A.C., presenta su posción, ante las declaraciones del alcalde de Saltillo y del gobernador del estado, de comprar acciones de Aguas de Saltillo.

Diciembre 3 del 2008

BOLETIN DE PRENSA

A raíz de las declaraciones recientes del gobernador Humberto Moreira y del alcalde de Saltillo Jorge Torres, en relación al comportamiento de la empresa Aguas de Saltillo y de la posibilidad de comprar acciones al socio minoritario y de recuperar el sistema de agua potable, deseamos expresar nuestra opinión:

1. La Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo, AUAS, A.C., es un organismo de la sociedad civil organizada, apolítica, critica, analítica y propositiva, que tiene entre otros objetivos el de contribuir a evaluar y mejorar los servicios de agua y drenaje de nuestra ciudad, a través de la observación y el seguimiento de la operación del servicio que presta Aguas de Saltillo, S.A de C.V, desde su creación en el año 2001 a la fecha.

2. Durante este proceso ciudadano de observación, hemos denunciado local, nacional e internacionalmente, lo siguiente relacionado con Aguas de Saltillo:

1. El gobierno municipal delegó su obligación de proveer el servicio de agua, a una empresa sin sensibilidad ni responsabilidad social.
2. La creación de la empresa mixta, se hizo a espaldas de la población, favoreciendo a la empresa en contra de los intereses de los usuarios.
3. Los saltillenses perdimos parte de nuestro patrimonio, al venderles el 49% del sistema de agua a la empresa extranjera.
4. Agsal ha violado en reiteradas ocasiones las leyes y normas mexicanas, el Contrato de Asociación y el contrato de Asistencia Técnica.
5. Hemos detectado diferentes irregularidades e incongruencias en los informes que pública Aguas de Saltillo, así como en documentos que hemos obtenido a través de solicitudes de información y otros, que han demostrado que existen evidencias de posibles malos manejos en las finanzas internas de la misma.
6. Agsal incremento las tarifas de agua y drenaje, entre el 32 y el 68 %, en el periodo mayo 2002/julio 2003, contraviniendo lo acordado en el Contrato de Asociación, el cual establece que se deberían aumentar de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor, que se incremento únicamente 5% en ese periodo.
7. Agsal ha incrementado los servicios por conexiones hasta 300%.
8. Ha cobrado indebidamente la reposición de medidores, con cargo al usuario.
9. Redujo los descuentos a jubilados y pensionados.
10. Ha violado desde su inicio el cumplimiento a la Norma de Salud NOM-179SSA1-1998, por lo que no ha obtenido el “Certificado de Calidad Sanitaria del Agua Potable”.
11. Ha explotado los mantos acuíferos sin prevenir las necesidades del futuro, al no realizar programas ni campañas de ahorro y cuidado del agua.
12. Ha pagado demás al socio minoritario Interagbar de México por concepto de asistencia técnica desde su inicio hasta le fecha, otorgándole el 4% en promedio en lugar del 3% acordado en el Contrato de Asistencia Técnica. Con el agravante de no haber cumplido con dos de los cuatro parámetros establecidos en el contrato como condición para hacerse acreedor al pago mencionado. Nuestra denuncia y solicitud de respuesta sobre este asunto, presentadas al alcalde el 8 de agosto y al cabildo el 18 de septiembre, próximo pasado, no han sido contestadas.
13. Ha agudizado la falta del servicio de agua y drenaje en las casas nuevas de las colonias pobres, por los altos costos de conexión,
14. Ha puesto diversas trabas para proporcionar información, y la que entrega es incompleta y tiene serias inconsistencias,
15. El plan de contingencias de la empresa es muy deficiente, poniendo en riesgo a los ciudadanos en caso de emergencias.
16. Los consejeros por parte del municipio en el Consejo de Administración de Agsal, no son representativos de la comunidad saltillense, no tiene sensibilidad social y no defienden a los usuarios.
17. Ha violado el derecho humano al agua, al realizar cortes del servicio a los usuarios morosos.

3.Durante los siete años de nuestra vigilancia hacia la empresa, hemos aportado suficiente información a las autoridades municipales, con relación al comportamiento irregular, de manera que pueda ser juzgada por sus incumplimientos.

4. Por nuestras denuncias presentadas, se han obtenido principalmente los siguientes resultados:

a. Disminución parcial de tarifas a partir de diciembre del 2004.

b. Devolución parcial de cobros injustificados, realizados entre mayo del 2002 y noviembre del 2004.

c. Fallo de la Profeco en contra de Agsal, por violaciones a la ley de este organismo. Se impuso a la empresa una multa por un millón seiscientos mil pesos. La cual no procedió por un error administrativo de la Profeco.

d. Reducción parcial en el cobro por cambios de medidores, dañados por helada.

e. Concientización de las autoridades y la ciudadanía saltillense y de otras ciudades del país sobre los derechos de los usuarios y los abusos de la empresa.

5. Coincidimos con las declaraciones del gobernador, en que son muchas las irregularidades de la empresa y es tiempo de que el Organismo Operador del Agua y Drenaje de Saltillo, vuelva a manos de los saltillenses y sea nuevamente una empresa pública.

Por lo anterior demandamos

a. Que la autoridad asuma su responsabilidad con la afirmación de la soberanía y autodeterminación de los pueblos sobre sus recursos naturales, que como en el caso del agua deben ser inalienables, como interés público supremo garantizado por el estado, con la participación ciudadana y el derecho irrenunciable al agua para todo ser humano.

b. Que se lleve a cabo una auditoria técnica y administrativa a fondo. Estamos seguros de que el resultado de ésta, aportará información suficiente para que se hagan cargos a quien resulte responsable de prácticas irregulares que han lesionado el interés público.

c. Que de encontrarse irregularidades legales y financieras, se rescinda el contrato de asociación entre Simas, Saltillo e Interagbar de México (Aguas de Barcelona) y el organismo operador vuelva a manos de los saltillenses. Los faltantes de dinero resultantes, deberán recuperarse y aplicarse en la compra de acciones en poder del socio privado, aplicando el castigo de pagar únicamente el 75% del valor en libros de las acciones correspondiente, según el artículo 12.2 del Contrato de Asociación.

d. Que las declaraciones del gobernador y del alcalde, se conviertan en hechos y no quede solamente en palabras...

6. Los saltillenses no podemos seguir tolerando la presencia de una empresa trasnacional, que violenta nuestra soberanía nacional.

ASOCIACION DE USUARIOS DEL AGUA DE SALTILLO

Libertad, Solidaridad, Equidad, Justicia, Paz

Libertad, Solidaridad Equidad, Justicia, Paz, en la Marcha Mundial de las Mujeres
Más imágenes de esta Marcha que ya cumple diez años de realizarse