miércoles, 18 de marzo de 2009

Criminalización de la Expresión Ciudadana en N.L.

Monterey, N.L. a 17 de marzo de 2009

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRESENTE.-

En los últimos años, se han suscitado en el Estado hechos que además de haber enlutado hogares nuevoleoneses, avergüenzan a nuestra comunidad.

Durante ese tiempo, tanto el Legislativo, como el Ejecutivo del Estado, permanecieron pasivos y culparon a la delincuencia de los Estados vecinos, de usar al nuestro como una suerte de fosa común.

El esfuerzo por desestimar la gravedad de la situación que ya se vivía, fue más grande que el que se hizo por combatir a la delincuencia que terminó por corroer de tal manera a Nuevo León, que puso en entredicho la capacidad del Estado para mantener el orden y alcanzó el grado de “movimiento” con el bloqueo de avenidas principales de la ciudad de Monterrey, ante la complaciente mirada de las fuerzas de seguridad.

Con los procesos electorales en puerta, este, otrora Honorable Congreso, ha dado trámite expedito a una propuesta autoritaria, que además de atentar contra la libre manifestación de las ideas, consagrada en el texto constitucional y reconocida por todos los organismos de derechos humanos, pretende ocultar el fondo de los bloqueos y la incapacidad del actual gobierno ante el crimen organizado.

Por su parte, el Ejecutivo Estatal intenta trasladar su responsabilidad de salvaguarda de la seguridad pública, a los ciudadanos, mientras mantiene la discrecionalidad de las autoridades, para acallar las legítimas manifestaciones del pueblo de Nuevo León.

La reforma al Código Penal recién aprobada, que criminaliza las protestas, forma parte de este corte autoritario que alcanza para acallar a los ciudadanos pacíficos, pero que nada hace para cumplir con el encargo de velar por la seguridad de todos los nuevoleoneses.

El hecho de que dicha iniciativa haya sido presentada por quien fue el responsable de la seguridad en el estado y nada hizo mientras duró su encargo, hace sospechosa la celeridad de su aprobación, toda vez que hoy dicho personaje es el candidato del actual gobernador.

Las sospechas crecen cuando desde su cómplice silencio, el candidato de Felipe Calderón avala la propuesta, lo que nos convence de que son ciertos los rumores acerca de que “arreglos cupulares” habrán de sustituir la voluntad ciudadana.

Es de vital importancia que los Diputados y Diputadas reconsideren su actitud, deroguen las citadas reformas y en aras de salvaguardar el Estado de Derecho, repongan el proceso de la ley que proscribe la libre manifestación de las ideas y en su lugar exhorten al Ejecutivo Estatal a que rinda cuentas sobre su responsabilidad y se comprometa a tomar las medidas de seguridad que sean necesarias para lograr la tranquilidad de las familias de Nuevo León.

Así mismo, debe rendir cuentas por el tiempo que ocupó el cargo, quien fue responsable de la Seguridad y la Política Interna de la Entidad en los últimos dos años, pues su labor a todas luces deficiente, no puede quedar ni impune, ni en el olvido.

Estamos ciertos de que los actos vandálicos y la inseguridad que vivimos reclama la pronta actuación de las autoridades, pero dichas actuaciones deben ser sin menoscabo de la ya de por si mermada seguridad ciudadana, ni mucho menos, con restricciones que atenten contra los derechos consagrados en el texto constitucional.

Hoy más que nunca es la inteligencia la que debe prevalecer. No son las declaraciones lo que detendrá al crimen organizado, mucho menos un endurecimiento del marco punitivo vigente, por el contrario, es el combate a la impunidad, la limpia de los organismos que se suponen de seguridad y una actuación firme pero respetuosa, de las libertades de quienes nada tenemos que ver con el crimen y la delincuencia.

Las declaraciones estridentes en nada contribuyen para mitigar el estado de zozobra que vivimos en Nuevo León, mucho menos lo hace la aprobación una reforma a la ley que terminará por proscribir hasta las manifestaciones de los ciudadanos por la paz y la seguridad.

Llamamos a los integrantes de la LXXI Legislatura del Estado de Nuevo León, a que enderecen el rumbo y realicen las tareas a las que está llamada a cumplir una verdadera representación popular.

A t e n t a m e n t e.-

Comisión de Resistencia Civil Pacífica en Nuevo León.

miércoles, 11 de marzo de 2009

L a visita

Rosa Esther Beltrán Enríquez

Publicado en Vanguardia, 10-3-09

La semana pasada estuvieron en Saltillo dos representantes de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navy Pilari (Vanguardia, 6-3-09).
Esa Oficina se estableció en nuestro país en el 2002, cuando el Estado mexicano y la Organización de las Naciones Unidas firmaron un acuerdo de cooperación para la instrumentación de programas que incidan en el fortalecimiento del Estado y de la sociedad civil en su capacidad de promoción, difusión, protección y garantía de los derechos humanos.
El propósito de la visita de los representantes de la Alta Comisionada era elaborar un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en la entidad y en 6 estados más del país, el que consideran puede ofrecer una radiografía nacional sobre este delicado asunto.
Nira Cárdenas y Alan García (su homonimia no tiene ninguna relación con el presidente peruano), entrevistaron durante dos días a distintos representantes de instituciones gubernamentales, de la prensa local, organismos autónomos y organizaciones civiles, defensores de los derechos humanos de Torreón, Parras, Monclova y Saltillo.
Alan García manifestó que hasta su sede central en Ginebra han llegado denuncias sobre casos de Coahuila: “tenemos una base de datos donde se han recibido una serie de denuncias”…Indicó que el informe que presentarán comprenderá la situación de los defensores de los derechos humanos de los migrantes, de las mujeres, de los indígenas y de los medios de comunicación.
Por otra parte, conviene señalar que, el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, presentó el mes pasado un informe en el que respondió al llamado urgente de estos agentes que en México y en Coahuila enfrentan una situación de desconocimiento y represión, no existe aquí un reconocimiento como actores de utilidad pública en un estado de derecho, ni protección para su seguridad por parte de las autoridades estatales ni aún de la sociedad.
Para sustentar la anterior afirmación basta recordar que el Centro, Juan Gerardi de Torreón fue asaltado 2 veces, que se presentaron sendas denuncias y no ha pasado nada, igualmente, en el Centro Diocesano para los Derechos Humanos de Saltillo se perpetró un ataque a una secretaria y registro de la documentación, igual se presentó la denuncia correspondiente y a un año 3 meses no hay resultados, las campañas de desprestigio contra algunos defensores de los derechos humanos son constantes e impunes, la denostación y los incidentes aparentemente fortuitos, como la vigilancia velada y las amenazas e insultos, son habituales, y la impunidad se enseñorea en Coahuila.
Los distinguidos visitantes de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU conocieron el contexto en el que se vive el tema estratégico de los derechos humanos en Coahuila, se llevaron una radiografía bastante clara que muestra la inexistencia de espacios para el diálogo y la intención
velada de criminalizar la protesta social y la libertad de expresión que son derechos inalienables.

lunes, 9 de marzo de 2009

¡¡¡Todas, una, todas únicas!!!

Publicado en, 10 MINUTOS
5-3-09
Rosa Esther Beltrán Enríquez
En el marco del, “Día Internacional de la Mujer”, que se conmemoró el domingo 8 de marzo, el mundo vibra ya con la voz y las actividades de millones de mujeres organizadas que se presentan como la fuerza del futuro.
En 1857, 129 mujeres costureras de Nueva York, realizaron un paro laboral en su fábrica para exigir la igualdad en sus salarios con los varones y que la jornada de trabajo se redujera a 10 horas, derecho a sindicalizarse, capacitación laboral y la exigencia de que la ley prohibiera el trabajo infantil, en respuesta a sus peticiones los patrones cerraron las puestas de la fábrica y la incendiaron, por lo que todas las trabajadoras perecieron carbonizadas.

Esta conmemoración permite tomar nuevos bríos para enfrentar los retos que se tienen, ya que la violencia contra las mujeres más habitual es la violación de sus derechos humanos y México no es la excepción.
La violencia contra las mujeres no es un asunto entre particulares, es un problema público frente al cual el Estado mexicano tiene obligaciones particulares, a las que se ha comprometido y al día de hoy distan mucho de verse cumplidas, por lo que el reto está en la mesa.
En Coahuila, en dos años fueron asesinadas violentamente 32 mujeres y muchos de estos casos no están resueltos jurídicamente, de donde se desprende una cauda de impunidad que ofende.
En menos de 3 semanas fueron secuestradas al menos 3 jovencita en la entidad, una de ellas es estudiante de la UAdeC que por fortuna ya está en su hogar, pero Aurora Irene Martínez Reyes sigue desaparecida.
Es cierto que en 35 años México ha avanzado, se han presentado cambios positivos como: Niveles educativos más altos;, niveles de salud más elevados y mayor esperanza de vida; más tiempo disponible para actividades distintas a las domésticas, entre ellas la incorporación al mercado laboral; ruptura del aislamiento y mayor contacto con la información y otras visiones del mundo; participación en organizaciones, mayor autonomía, mayor visibilidad y atención social a la violencia doméstica, así como un mayor número de programas para atender la equidad de género y políticas públicas para las mujeres a fin superar los rezagos.
En contraste, hay retrocesos muy negativos, como el deterioro de la calidad de los servicios de salud y de la educación pública. Mayores tensiones a causa del empobrecimiento; mayor volatilidad de las relaciones de pareja, aumento de enfermedades de transmisión sexual, discriminación salarial. Limitaciones para su participación en la toma de decisiones en el sector público y privado y aumento en las desigualdades territoriales, urbano- rurales y entre clases sociales.
La desigualdad, característica de la sociedad mexicana se expresa en las mujeres. Por eso esta es una lucha de largo aliento que en estas jornadas del Día Internacional de la Mujer, visibilizamos.



jueves, 5 de marzo de 2009

Inauguración de la Casa Tiyahui

Invitación

Este próximo sábado 7 de Marzo
te invitamos a celebrar la inaguración de la

Casa Tiyahui
(todos vamos en Náhuatl)

a las 8pm.


La dirección es Juárez 245 entre Gral Cepeda y Bravo.


Habrá taquiza y música en vivo
la cooperación es de $50.00 por persona

Convoca: Cé-Tierra

-----------------------------

CONFERENCIA y CINE en la CASA TIYAHUI

Domingo 8 de Marzo

La Equidad de Género en México
M.C. Alma Rosa Garza del Toro
5:00 pm.

Documental: Las Muertas de Juárez
6:00 pm.

Organiza: Redes Ciudadanas Independientes

----------------------------------------------------

La Casa Tiyahui es un proyecto originado por Cé-Tierra con el apoyo de grupos como el COCIPE y es una propuesta incluyente. Para información de cómo participar en la Casa Tiyahui, ponerse en contacto con Cé-Tierra: yosoytu2012@hotmail.com.

La imagen arriba pertenece a: Otro Mundo es Posible, Revista Latinoamericana de Sostenibilidad *
(*Por esta vía solicitamos permiso de uso de la imagen; en su defecto, retiraremos inmediatamente el gráfico: COCIPE)

lunes, 2 de marzo de 2009

Trampas

Publicado en REFORMA MARZO 1-09

Eduardo Huchim

Decididos a fagocitarse el prestigio que le queda al Instituto Federal Electoral, sus consejeros van de traspié en traspié. Un día sobreseen el procedimiento para sancionar a dos televisoras y días después acuerdan adjudicarse un insultante incremento en sus percepciones, sólo para simular después, ante las iracundas reacciones populares y políticas, una confusa marcha atrás, pues el aumento quedó vigente y "no caben reconsideraciones sobre su validez legal", según lo expresó literalmente Leonardo Valdés Zurita, presidente del IFE.
Como bien lo explicó Guadalupe Irízar en Reforma (28/02/09), la forma que los consejeros hallaron para adjudicarse el incremento fue la adición de dos prestaciones contenidas en los incisos d) y e) del punto 5.2.1.5 del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de Mando para el Ejercicio Fiscal 2009 del IFE, publicado el pasado viernes 27 de febrero en el Diario Oficial de la Federación. Tales incisos dicen textualmente:
d) Prestaciones nominales es la cantidad cuatrimestral que se otorga al consejero presidente y a los consejeros electorales, por la complejidad, diversidad y pluralidad que conllevan las funciones que tienen encomendadas. Dicha cantidad consistirá en el 12% de las percepciones ordinarias brutas anuales.
e) Asignaciones adicionales es la cantidad cuatrimestral que se otorga al consejero presidente y a los consejeros electorales, por la responsabilidad y riesgo en el desarrollo de sus funciones. Dicha cantidad será equivalente al 8.5% de las percepciones ordinarias brutas anuales.
Independientemente de que resulta absurdo pagar prestaciones adicionales por la "pluralidad" y el "riesgo" que conllevan las funciones de los consejeros, lo más importante es que las cantidades involucradas elevaban a cerca de 330 mil pesos sus percepciones mensuales.
Teniendo en cuenta la certeza que por disposición constitucional debe regir la conducta del IFE, es claro que, si en verdad los consejeros están dispuestos a no recibir tales prestaciones, el acuerdo de la Junta General Ejecutiva publicado el viernes pasado debe ser derogado y sustituido por otro que no contenga los mencionados incisos ni otros similares. De otro modo se dará margen a la suspicacia, a la percepción de trampa e inclusive a la acción legal de alguno de los consejeros, so pretexto de que los salarios son irrenunciables.
Pese a la insensibilidad y torpeza política implícitas en el aumento, debe tenerse presente que la pretensión de los consejeros es legal. El pretendido aumento deriva de lo que la Constitución dispone en su artículo 41: "La retribución que perciban será igual a la prevista para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación". Una interpretación literal de esta disposición constitucional (reproducida en el Cofipe pero cambiando el término "igual" por "similar"), da la razón a los consejeros, pues lo que intentaron hacer fue homologar sus salarios con los ministros, si bien hay quienes estiman que la homologación debe hacerse sólo con el sueldo base y la "compensación garantizada o de apoyo" de los ministros, como prácticamente se hacía antes del escándalo.
En este sentido, la responsabilidad por la excesiva retribución a los consejeros del IFE no es tanto de éstos cuanto de los legisladores que determinaron la homologación y que, en el caso de los diputados, han aprobado presupuestos injustificadamente altos. Son esos mismos diputados que mantienen congelada la minuta de una reforma constitucional conocida inexactamente como "ley de salarios máximos", la cual fue aprobada por el Senado a propuesta del senador Pablo Gómez.
Quienes también están homologados con los ministros de la Corte, aunque carecen del cobijo constitucional expreso para ello, son los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya percepción es de 343 mil pesos mensuales netos, si bien este enorme monto -al que se agregan excesivas prestaciones adicionales- no causa escándalo como el del IFE, por la menor exposición pública de los magistrados y porque la homologación data de años ha. Con escándalo o sin él, la inmoralidad implícita en percepciones de esa dimensión es inocultable y quienes pueden ponerle freno, además de los legisladores, son los ministros de la Corte, si tuvieran los arrestos para hacerlo.
Omnia
El Instituto Electoral del Distrito Federal ha tomado por costumbre "comisionar" en sus oficinas centrales a coordinadores distritales que representan problemas de diversa índole en sus sedes. Son los casos de Francisco Millán, Martín Betanzos y Jaime Poy Reza. Este último afronta una denuncia penal que el senador Manlio Fabio Beltrones presentó en su contra, por usar una carta de recomendación apócrifa para sustentar su solicitud de ocupar una dirección ejecutiva en el IFE, hecha a Valdés Zurita. La denuncia ya fue ratificada e incluso se hicieron estudios técnicos-periciales para probar la falsedad de la supuesta firma del legislador.